Aplicación del DIH un paso firme para la paz en zona rural de Buenaventura

Alto Comisionado para la Paz

Aplicación del DIH un paso firme para la paz en zona rural de Buenaventura

Bogotá , 19/03/2023

Foto: OACP

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​​​Luego de meses de confinamiento las comunidades negras de Yurumanguí han recibido atención humanitaria en materia de alimentación, apoyo psicosocial y elementos de albergue para las comunidades desplazadas.​

Acatando las exigencias del Derecho Internacional Humanitario (DIH), el ELN, Estado Mayor Central FARC y FARC Segunda Marquetalia accedieron a posibilitar la acción humanitaria.

Desde el año 2000, los territorios colectivos de Yurumanguí, Cajambre y Naya, municipio de Buenaventura, han padecido una y otra vez las violencias del conflicto. Ni la desmovilización de estructuras de las AUC en 2006, ni el Acuerdo de Paz del Teatro Colón con las FARC-EP acarrearon las transformaciones territoriales necesarias para que las comunidades negras e indígenas vivan y desarrollen sus proyectos de vida en paz y armonía.

Hoy, pese a venir de un período de agudización de la violencia contra el pueblo negro, con amenazas y desapariciones, la política de paz del gobierno del presidente Petro ha logrado los primeros avances en materia humanitaria y la aplicación, por parte de los grupos armados, del Derecho Internacional Humanitario en esa región del Pacífico.

Esperamos que este corredor humanitario sea el comienzo de una etapa de compromisos de los armados con la construcción de territorios de paz a nivel regional y nacional.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz continuará acompañando a estas comunidades a través de sus equipos regionales, y seguirá exigiendo a los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona la adopción de medidas acordes a las normas del DIH.

Esta acción se realizó con el concurso de la Iglesia católica, actores de la sociedad civil, la alcaldía de Buenaventura, la Defensoría del Pueblo y de las entidades internacionales Heartland Alliance International y FUPAP.

Así mismo, el Gobierno Nacional exigirá y facilitará constantemente medidas en el marco del Derecho Internacional Humanitario en este y otros territorios de Colombia, en medio de las disputas armadas que afectan gravemente los derechos de la población civil.​