Más de nueve mil personas de comunidades negras e indigenas cumplen un mes y medio
desplazadas o confinadas por las operaciones y confrontaciones armadas en el Chocó
Exigimos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional permitir
de inmediado el libre tránsito de personal civil y ayuda humanitaria para las comunidades
afectadas por sus operaciones armadas en la región de los ríos Sipí y San Juan, municipios de Sipí,
Nóvita, Istmina y Medio San Juan.
Al repudiable asesinato de José Florencio Hurtado por parte de las AGC el pasado 2 de julio en la
comunidad de Chambacú —en el que resultó herido su hijo menor de edad—, se suma el
inaceptable paro armado decretado por el Frente de Guerra Occidental del ELN desde el pasado 4
de julio, que agravó la situación de desabastecimiento, generando hambre y necesidades en
decenas de comunidades.
El día de ayer, con ocasión del anuncio por parte del ELN de la habilitación de un corredor
humanitario temporal, una caravana de 20 lanchas con ayuda y atención de las personerías de la
región intentó llegar a Chambacú y Noanamá, comunidades que albergan familias desplazadas.
Sin embargo, a la altura de Bocas del Sipí, al escuchar los disparos de un enfrentamiento armado,
la caravana tuvo que detenerse y dar vuelta atrás sin poder completar la entrega de ayuda
humanitaria que habia sido planeada. Así mismo, una lancha de la Alcaldía de Istmina que
transportaba a los personeros de Istmina y Sipí y ayudas para las comunidades fue detenida con
un disparo de advertencia y requisada.
Impedir a las víctimas de la violencia a acceder a ayuda humanitaria viola el derecho internacional
y profundiza las graves condiciones de exclusión y discriminación que históricamente han
aquejado a la población del departamento del Chocó.
Exigimos al ELN levantar el paro armado y rechazamos estas acciones violatorias del DIH. La
OACP ha recibido información contrastada de omisión, tolerancia o complicidad de sectores
militares con las AGC, de señalamientos, asesinatos y amenazas de las AGC sobre la población
civil, y de presiones y amenazas del ELN sobre candidatos políticos. Estas denuncias están siendo
tramitadas de manera expedita.
Los enfrentamientos y las violaciones al DIH por parte de los grupos armados en la región de los
ríos San Juan y Sipí deben detenerse y dar paso a gestos de buena voluntad y de construcción de
paz. Nuestro reto es materializar la intervención integral del Estado en el territorio, enmarcada en
el enfoque de la seguridad humana qu por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Descargue el comunicado en el siguiente enlace.
COMUNICADO_OACP_JUL11.pdf
