La paz urbana en Medellín es un bien supremo de la niñez y la juventud

Alto Comisionado para la Paz

La paz urbana en Medellín es un bien supremo de la niñez y la juventud

Medellín , 30/08/2023

Foto: Ramón Campos / OACP

La paz urbana en Medellín es un bien supremo de la niñez y la juventud

​​​​Somos conscientes de la necesidad de evitar que la construcción de la paz sea usada como un botín de campaña electoral, o para alentar la desinformación, la polarización y la confusión entre la ciudadanía. El Gobierno nacional desarrolla la política de Paz Total con absoluta transparencia, de cara a la opinión nacional y en el marco del Artículo 22 de la Constitución Nacional –la Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento–, y de la ley 2272 de 2023, que establece los mecanismos para hacer efectivo ese mandato. 

Bajo esos lineamientos normativos, al término de una fase de acercamiento y generación de confianza con organizaciones armadas de Medellín y el Valle de Aburrá, que inició en noviembre de 2022, se instaló un espacio de conversación sociojurídica el pasado 2 de junio, con el reconocimiento de los voceros de varias estructuras armadas ilegales. Las diversas agrupaciones que hacen parte de este esfuerzo han reiterado su voluntad de avanzar en la Paz Urbana, sin la cual la Paz Total no será posible. 

El propósito del proceso ha sido claro: el tránsito al Estado social de derecho, que supone asumir los mecanismos legales que acuerde el Congreso de la República —y que pasen el examen de constitucionalidad— para el desmonte del entramado de la criminalidad de alto impacto, con respeto a los derechos de las víctimas, dando paso a las transformaciones territoriales que la región necesita. Desde su inicio, este proceso cuenta con testigos internacionales y el acompañamiento permanente de la la MAPP-OEA, la Iglesia Católica e iglesias cristianas. Nada de lo realizado hasta el día de hoy, ni lo que se realice en el futuro, afecta o modifica las funciones constitucionales y legales de las entidades competentes en la investigación, la persecución y la sanción de la delincuencia. Por lo tanto, los rumores de “pactos criminales͎, amnistías o indultos —prohibidos actualmente por el derecho internacional y nacional— carecen de cualquier fundamento. 

El proceso de Medellín ha tenido un impacto positivo en la disminución de la violencia a partir de compromisos de los mencionados grupos. El respeto irrestricto a los derechos de la ciudadanía y, dada la actual coyuntura, el derecho al voto libre y a participar en las elecciones, son exigencias inamovibles en este proceso. Predisponer a la sociedad con afirmaciones mendaces con claros fines electorales, es una práctica indolente que cierra caminos a las posibilidades de reconciliación local y nacional, y torpedea el propósito superior de llevar la paz a todos los escenarios de conflicto violento. De este esfuerzo no desistirá el actual Gobierno. 

Esta distorsión con fines políticos, además, pone en riesgo la vida de ciudadanos y ciudadanas que, con generosidad, han aceptado trabajar para ambientar las condiciones de convivencia que faciliten la paz, y es también una afrenta a la comunidad internacional y a las iglesias, que garantizan la seriedad de este proceso. 

Hoy llamamos a los actores de la vida social y política de Antioquia que han incurrido en esta práctica a deponer las estrategias falaces con las que alimentan odios y agresiones, y generan desconfianza en la paz. Invitamos a los candidatos a buscar maneras distintas de dirimir diferencias, con respeto por la diversidad, la opinión contraria y las libertades de pensamiento, expresión y opinión, y con apego a las normas y los imperativos constitucionales. Convocamos a todos los habitantes de Medellín y del Valle de Aburrá a continuar rodeando la construcción de la democracia y la paz con justicia social. 

El propósito de la reconciliación nacional está por encima de los vaivénes de la política y nos compete a todos.

Descargue el documento en el siguiente enlace: NOTA DE PRENSA MEDELLIN AGO 30 ​.pdf​​