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BOLETÍN INFORMATIVO OACP | OCTUBRE 2023​​


Así avanzan los procesos de la Paz Total

Boletín Quibdó​​

El Alto Comisionado instala el Espacio de Conversació​n Sociojurídica de Quibdó  ​​Ramón Campos​​​​​

La política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro reconoce las raíces socioeconómicas y el carácter simultáneo e interrelacionado de las violencias armadas que afectan a los habitantes de una gran parte del territorio colombiano. Las experiencias que han dejado los diversos procesos de paz adelantados en Colombia —incluído el más reciente, con las extintas FARC-EP—, al igual que las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, guían este esfuerzo innovador por encontrar salidas dialogadas a la conflictividad armada que persiste en contextos urbanos y rurales del país. Desde el 8 de agosto de 2022, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz adelanta procesos de acercamiento, generación de confianza y diálogo diferenciado con diversos grupos armados irregulares, a la par de un gran esfuerzo institucional enfocado en la implementación del Acuerdo del Teatro Colón, y de una línea de trabajo dirigido al fortalecimiento de iniciativas de paz con comunidades en algunas de las zonas más afectadas por las violencias armadas en el país. Con los grupos reconocidos como rebeldes por parte del Gobierno se plantea un proceso de diálogos de paz con carácter sociopolítico. Con grupos no rebeldes —estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto— se desarrollan espacios de conversación socio-jurídica. Las características jurídicas de estos procesos se rigen por el marco legal vigente. La ley 2272 de Paz Total faculta al Gobierno nacional para buscar acercamientos y establecer escenarios de diálogo con representantes de grupos armados irregulares en aras de restablecer el goce efectivo de los derechos de todos los colombianos. ​​​

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Proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional 

Así avanzan los procesos de la Paz Total La política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro reconoce las raíces socioeconómicas y el carácter simultáneo e interrelacionado de las violencias armadas que afectan a los habitantes de una gran parte del territorio colombiano. Las experiencias que han dejado los diversos procesos de paz adelantados en Colombia —incluído el más reciente, con las extintas FARC-EP—, al igual que las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, guían este esfuerzo innovador por encontrar salidas dialogadas a la conflictividad armada que persiste en contextos urbanos y rurales del país. Desde el 8 de agosto de 2022, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz adelanta procesos de acercamiento, generación de confianza y diálogo diferenciado con diversos grupos armados irregulares, a la par de un gran esfuerzo institucional enfocado en la implementación del Acuerdo del Teatro Colón, y de una línea de trabajo dirigido al fortalecimiento de iniciativas de paz con comunidades en algunas de las zonas más afectadas por las violencias armadas en el país. Con los grupos reconocidos como rebeldes por parte del Gobierno se plantea un proceso de diálogos de paz con carácter sociopolítico. Con grupos no rebeldes —estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto— se desarrollan espacios de conversación socio-jurídica. Las características jurídicas de estos procesos se rigen por el marco legal vigente. La ley 2272 de Paz Total faculta al Gobierno nacional para buscar acercamientos y establecer escenarios de diálogo con representantes de grupos armados irregulares en aras de restablecer el goce efectivo de los derechos de todos los colombianos. La Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional se reactivó en noviembre de 2022, luego de cuatro años de suspensión, y ya consumó cuatro ciclos de conversaciones con resultados concretos consignados en los acuerdos de México, Cuba y Caracas, y varios protocolos. Los avances pasan por la institucionalización de la Mesa, la Nueva Agenda de Diálogos para la Paz, el cese al fuego bilateral nacional y temporal de seis meses —que cuenta con un robusto mecanismo de monitoreo y verificación cuatripartito nacional, regional y local—, y un plan de diseño para la participación de la sociedad en la construcción de la paz, a cargo del Comité Nacional de la Participación. Durante el más reciente ciclo se pactó el marco político y conceptual para las acciones y dinámicas humanitarias dirigidas a comunidades, pueblos y territorios afectados por el conflicto, y a integrantes del ELN privados de la libertad en cárceles colombianas. ​​

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Proceso con el Estado Mayor Central de las FARC-EP​​

El proceso de acercamiento y construcción de confianza con el llamado Estado Mayor Central de las FARC dio un importante paso adelante con la formalización de las delegaciones que representarán a las partes. Esto permitió llevar a cabo dos reuniones conjuntas durante el mes de septiembre, donde se definió, entre otras, que la Mesa de Diálogos para la Paz será instalada el próximo 8 de octubre. Ese día también entrará en vigor el Cese al Fuego Bilateral Temporal Nacional y Territorial entre el Estado y el EMC-FARC, un Acuerdo de Respeto a la Población Civil, y un Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación que retoma los aprendizajes del mecanismo que funcionó durante el primer semestre de 2023.​

Los ceses bilaterales al fuego

El cese al fuego de seis meses que decretó el Gobierno nacional el 1 de enero de 2022 con el EMC-FARC, las FARC Segunda Marquetalia, las AGC y las ACSN, logró una reducción del 48% en los enfrentamientos armados entre la fuerza pública y los mencionados grupos durante los primeros 4 meses del 2023, frente al mismo periodo del 2022. El cese contribuyó, a su vez, a una drástica reducción del 54.4% en el número de militares y policías colombianos asesinados (y del 49,6% en el número de heridos) durante el primer año del Gobierno del Cambio​

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Boletín Quibdó​​

La comunidad de Bello, Antioquia, se manifiesta en apoyo a la Paz Urbana  ​  ​Ramón Campos​​​​​​

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La Paz Urbana en Buenaventura

En el ámbito urbano, Buenaventura registró una reducción del 48.5% en los homicidios e​ntre agosto de 2022​ y mayo de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este logro fue producto del anhelo de paz elevado por los bonaverenses y respaldado por el Gobierno nacional, que exigieron compromisos de paz y un alto a la violencia por parte de las estructuras armadas Shottas y Espartanos. El pasado 18 de julio este proceso se formalizó cuando los delegados del Gobierno y los voceros de ambos grupos instalaron el Espacio de Conversación Sociojurídica para la Paz Urbana de Buenaventura, con el acompañamiento de la MAPP-OEA, la Iglesia Católica y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Colombia. Las delegaciones han sesionado semanalmente desde entonces, partiendo de un primer acuerdo de cero homicidios y de disminuir conductas como la extorsión y el hurto. Este compromiso ya tuvo un impacto positivo en los índices de criminalidad de la ciudad: en agosto se registró un solo homicidio en la zona urbana de Buenaventura, una cifra notoriamente menor a las que se venían registrando en meses y años anteriores.​​​​​​​​



Espacio de Conversación Sociojurídica para la Paz Urbana en Medellín

A principios de junio del presente año se instaló el Espacio Dialógico para la Paz y Reconciliación Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá. Este ejercicio retoma las importantes experiencias pasadas de construcción de paz en la capital antioqueña, e involucra a 14 estructuras armadas ilegales, víctimas, líderes comunitarios, jóvenes, miembros de la academia y, en calidad de acompañantes, a la iglesia, la comunidad internacional y la MAPP–OEA. Los voceros de las estructuras armadas ilegales anunciaron públicamente un cese de hostilidades, confrontaciones y disputas como gesto de compromiso con la Paz Total.​​​​​​​​​



Proceso de Paz Urbana en Quibdó

En Quibdó, importantes sectores de la sociedad civil se movilizaron en contra de la violencia armada y lograron propiciar el acercamiento del Gobierno con 3 estructuras armadas irregulares conocidas como Los Mexicanos, RPS y Locos Yam que, en conjunto, involucran a cerca de 600 jóvenes de barrios marginales. Este proceso de diálogo produjo una reducción del 50% en el número de homicidios en la capital chocoana durante el primer semestre del 2023 frente al mismo periodo del 2022, dando paso a la intervención integral del Estado en barrios y comunas de la ciudad. El proceso en Quibdó se formalizó con la instalación del espacio de conversación sociojurídica con las tres estructuras armadas el pasado 18 de agosto.​​

La finalidad de estos tres espacios de conversación sociojurídica es identificar las raíces y caracterizar los fenómenos de violencia en los centros urbanos, y diseñar planes para la integración de miles de jóvenes al Estado social de derecho. De manera paralela, la institucionalidad trabaja en conjunto con las comunidades para materializar transformaciones territoriales a través de los programas consignados en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Cambio.​



Otros avances de la Paz Total

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz también ha propiciado espacios de diálogo con los jóvenes privados de la libertad por su participación en el Estallido Social (2021-2022), que hoy están organizados en el ‘Colectivo Jhonatan Sabogal’. Con ellos se instaló una mesa de trabajo para discutir temas relacionados con la humanización carcelaria y la participación juvenil en la construcción de paz. Los compromisos adquiridos por la OACP de cara a este proceso propiciaron el levantamiento de una huelga de hambre en la Cárcel de Palmira, Valle del Cauca, que se prolongó por 13 días.

En la cárcel La Tramacúa de Valledupar, un grupo de privados de la libertad con historias diversas de participación en la violencia armada se unieron en torno a un ejercicio autónomo de diálogo y reconciliación que llamaron “Mesa de Paz”. La iniciativa fue respaldada por el Alto Comisionado Rueda y por la MAPP-OEA, y despertó interés nacional con acciones como jornadas de desarme, partidos de fútbol amistosos y la eliminación de la extorsión desde el interior del centro penitenciario.

Con los antiguos miembros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, el equipo del Alto Comisionado para la Paz estableció un cronograma de trabajo en torno a mesas técnicas que evaluarán asuntos pendientes y necesarios para el cierre judicial del proceso de la Ley 975 de 2005. La finalización adecuada del proceso de ‘Justicia y Paz’ con los exintegrantes de las AUC aportará garantías para la no repetición a partir de elementos importantes de verdad para las víctimas, certezas sobre la entrega de bienes y el despojo de tierras, y certidumbre jurídica para los excombatientes.

La OACP ha establecido canales humanitarios de comunicación a través de los cuales ha intercedido para la liberación de 131 personas -tanto civiles como militares- que permanecían en poder de diversos grupos armados irregulares.​​​​

MISIÓNPAZ


Proteger a las comunidades ​​en medio de la conflictividad armada

​​Boletín Sierra Nevada ​​

Propuesta de ordenamiento territorial para la paz en la Sierra Nevada  ​ ​​Ramón Campos​​​​

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el marco de la política de paz del Gobierno nacional, desarrolla la estrategia MisiónPaz, que establece una presencia institucional prolongada, neutral y no armada en los territorios para rodear e impulsar las iniciativas de construcción de paz y organización de la ciudadanía que enfrenta las violencias armadas en contextos rurales y urbanos.

Nuestros equipos acompañan a las comunidades afectadas que, a pesar de los desafíos, siguen construyendo alternativas de resistencia comunitaria a la violencia. Una vez en el territorio, la MisiónPaz convoca a un diálogo participativo para escuchar las necesidades de la población civil y luego articular intervenciones con otras entidades del Gobierno, organizaciones sociales, representantes de la comunidad internacional y entes multilaterales. También hacemos ejercicios de pedagogía, mitigación de riesgos, comunicación comunitaria, y construcción de paz con la población local.

De manera paralela, MisiónPaz le exigirá a los grupos armados irregulares el respeto irrestricto a la vida, los derechos, los bienes y el territorio de la población civil: acatar el Derecho Internacional Humanitario o respetar los derechos humanos, según el contexto. Cuando sea posible, MisiónPaz buscará impulsar acuerdos regionales que reduzcan el impacto de la conflictividad armada, rompan el confinamiento y permitan el retorno de las comunidades desplazadas a su territorio, con garantías para el arraigo, la organización autónoma y la vida.

A la fecha, la MisiónPaz hace presencia en Ricaurte, Nariño, en Buenaventura, en el Medio San Juan, Chocó, y en la Sierra Nevada de Santa Marta. La estrategia también busca involucrar a las administraciones regionales y locales, a organizaciones sociales, de derechos humanos y religiosas y, en general, a la ciudadanía interesada en la construcción de paz.​​​​​​


Hacia la conformación de regiones y ecosistemas de paz

​​Concertación de alivios humanitarios con comunidades del Bajo Calima​​

Concertación de alivios humanitarios con comunidades del Bajo Calima  ​ ​​Ramón Campos​​​​

El Gobierno nacional ha definido nueve regiones de paz en el territorio nacional y una más que comprende los territorios habitados por millones de compatriotas que componen el éxodo migrante y el exilio colombiano. Las regiones de paz fueron concebidas teniendo en cuenta a las propuestas de organizaciones locales, regionales y nacionales, así como las dinámicas de violencias, los indicadores de exclusión socioeconómica y ambiental, y los procesos productivos, de resistencia y de transformación territorial de la sociedad organizada.

Al interior de las regiones de paz se encuentran los ecosistemas de paz que, a una escala geográfica menor, son espacios físicos, biológicos y culturales donde se busca desarrollar la armonía entre las personas y también entre las comunidades y el medio ambiente. Para esto, se impulsarán las iniciativas locales de construcción de paz y verdad, los procesos territoriales de paz ambiental y social, y la garantía desde el Estado de los derechos económicos, sociales y ambientales de la ciudadanía. En espacios donde persista el conflicto armado se exigirá la aplicación del DIH, y en contextos de violencias armadas urbanas se promoverán los pactos por la vida y el respeto por los derechos humanos.

A partir del ordenamiento de las regiones de paz, el Gobierno focalizará intervenciones para el fortalecimiento de capacidades ciudadanas, la provisión de recursos humanos, técnicos y de instancias necesarias para lograr una transformación cultural en el seno de la sociedad colombiana: hacia la convivencia pacífica, el desarme de la política y la economía, la resolución pacífica de conflictos, el buen vivir y el bello existir.

Así mismo, apegado a los designios del Plan Nacional Desarrollo (2022-2026) “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, el Gobierno desarrollará políticas de inclusión social y ambiental que eviten la reproducción de las violencias en los territorios, aplicando el enfoque de la seguridad humana. Los ecosistemas de paz fortalecen la gobernanza legítima del Estado, enfrentan la corrupción, facilitan alianzas públicosociales, e impulsan diálogos dinámicos basados en el reconocimiento de la diferencia y la solución pacífica de conflictos entre los diversos actores que habitan los territorios.

Las memorias transformantes, otro de los pilares conceptuales de los ecosistemas de paz, sustentan estrategias de resignificación de lugares, del horror de la violencia al perdón con esperanza. Esto, de la mano de modelos de incorporación de excombatientes no incursos en delitos de lesa humanidad con mecanismos de justicia restaurativa que prioricen la verdad y la reparación al punitivismo carcelario.​

​Por último, en este plan de territorialización de la paz​ juegan un papel clave, por ejemplo, las universidades de paz, los programas de jóvenes para la paz, emprendimientos económicos para la paz, la promoción del legado de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y una infinidad de iniciativas y acciones interinstitucionales englobadas en la política de paz del Gobierno nacional.​​


Avanza la implementación del Acuerdo de Paz del Teatro Colón

​​Más de 2’000.000 m2 han sido despejados de minas antipersonal durante el actual Gobierno​​

Más de 2’000.000 m2 han sido despejados de minas antipersonal durante el actual Gobierno ​ ​​Ramón Campos​​​​

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, acudió a la audiencia pública sobre medidas cautelares colectivas a favor de los firmantes del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, convocada por los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. A la audiencia también acudió Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, quien presentó los avances del Gobierno en el frente de la seguridad y protección de los firmantes de paz.

La política de Paz Total aborda holísticamente el esfuerzo por superar las violencias armadas que afectan entornos rurales y urbanos a los largo y ancho del país. Uno de los pilares principales de la nueva política de paz es el Acuerdo de Paz del Teatro Colón, cuya sostenibilidad depende de manera directa de la pacificación de otras expresiones de violencia que surgieron o se fortalecieron luego del acuerdo de 2016 con las FARC-EP. El Alto Comisionado ha reiterado esta convicción públicamente en ámbitos políticos y judiciales, desde la Corte Constitucional hasta el Congreso de la República.

“Hay un cuadro dramático de asesinatos que nosotros hemos repudiado enfáticamente, y hemos también planteado un cese de la estigmatización y las justificaciones para ejercer la violencia irracional e irresponsable en contra de los firmantes de paz”, pronunció el Alto Comisionado ante los magistrados de la JEP. Reconociendo este panorama preocupante, el Comisionado reiteró que el Gobierno ha cumplido cabalmente con sus compromisos para proteger la vida y la integridad de los firmantes de paz. Tras un periodo de reingeniería institucional para contrarrestar los rezagos que afectaron la implementación del acuerdo durante los últimos cuatro años, la OACP avanza en la fase de implementación, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado colombiano.

Durante la actual administración se han reactivado casi la totalidad de los mecanismos participativos de seguridad provistos por el Acuerdo: el Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, cuyos resultados en materia presupuestal y de acciones puntuales son significativos. Bajo la dirección de la OACP fue diseñado el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, que ya fue concertado, e igualmente fue aprobada la Política Pública de Desmantelamiento, que estaba pendiente por proferirse desde la firma del Acuerdo del Teatro Colón, en 2016, habilitando acciones concretas para garantizar la seguridad de los firmantes y sus familias.​​​​​​​