La delegación del gobierno nacional y los voceros de las estructuras Shottas y Espartanos vienen sesionando cada semana desde que se instaló formalmente el Espacio de Conversación Sociojurídica para la construcción de Paz en Buenaventura el pasado 18 de julio. Este esfuerzo arrojó un primer acuerdo entre los dos grupos para reducir las violencias armadas, que se dio en respuesta a la exigencia de paz y tranquilidad de las comunidades barriales.
Desde el pasado 4 de agosto las estructuras asumieron el compromiso de cero homicidios y de disminuir conductas cómo la extorsión y el hurto. Este compromiso ha tenido un impacto positivo en los índices de criminalidad de la ciudad: en agosto se registró un solo homicidio en la zona urbana de Buenaventura, una cifra marcadamente menor a las que lamentablemente se venían registrando en meses y años anteriores. Las comunidades hablan de la ausencia de reportes de balaceras y actos de violencia en varias zonas de la ciudad.
La política de Paz del Gobierno nacional ha dispuesto dos mecanismos que, en paralelo, avanzan para lograr la superación de las causas de la violencia en Buenaventura: el primero es el Espacio de Conversación Sociojurídica y, el segundo, la MisiónPaz.
Con ocasión de la Semana por la Paz, la MisiónPaz iniciará de manera permanente su presencia en las comunas de Buenaventura para propiciar la participación transformadora de toda la comunidad. Igualmente, MisiónPaz establecerá mecanismos de interacción con diversos sectores sociales, políticos y económicos de la ciudad, con miras a que los bonaverenses se unan al proyecto de convertir a Buenaventura en una ciudad de paz. Con base en lo provisto por el Plan Nacional de Desarrollo, MisiónPaz promoverá propuestas para afrontar las múltiples causas de la violencia urbana. Esta apuesta metodológica impulsará el potencial artístico y deportivo de niños y jóvenes creadores en el espacio público de la ciudad.
La decisión de los grupos armados irregulares de eliminar las fronteras invisibles propiciará condiciones de participación en libertad y sin temor a la persecución, la tortura o la muerte en la construcción de la paz urbana. Este compromiso será monitoreado por un sistema integrado por las comunidades y testigos internacionales.
El importante acompañamiento de la Iglesia Católica y organismos eclesiales, de derechos humanos y de paz ha sido fundamental a lo largo del proceso. Confiamos en que el Congreso de la República trámite los mecanismos jurídicos para la dejación colectiva de armas y la transición al Estado de derecho de los integrantes de los grupos irregulares, con garantías a la vida e integridad, y con respeto por los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas. Todo esto bajo el examen de la Corte Constitucional.
Seguiremos trabajando con la convicción de afrontar las causas múltiples de las violencias urbanas desde un enfoque participativo que garantice la no repetición y dé paso a la verdad y a la justicia social y ambiental, bases fundamentales de la paz en Buenaventura.
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