El Gobierno no ha sido permisivo con las bandas criminales: Alto Comisionado para la Paz
“El 98 por ciento de los desmovilizados no tienen ninguna relación con estos grupos delictivos y sólo el 13 por ciento de los integrantes de las bandas criminales son desmovilizados. Nosotros sabemos, por la evidencias, que ese no es un fenómeno paramilitar. Pero lo que necesitamos es erradicar la violencia para que en Colombia haya menos víctimas, y ese es el enfoque que nosotros estamos teniendo”
Bogotá, febrero 3 de 2010. El Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, rechazó este miércoles las afirmaciones hechas por la Ong internacional Human Rights Watch, en el sentido de que algunas instituciones del Gobierno han sido “tolerantes” con las bandas criminales.
“La evidencia muestra que este gobierno no ha sido permisivo nunca en el tema de la seguridad”, dijo.
“Nosotros entendemos la seguridad como un medio para alcanzar la paz y aquí las Fuerzas Militares y la Policía han combatido a las Farc y al Eln, y han tenido muy buenos resultados. Y también han combatido a las bandas criminales. Los resultados no son perfectos pero hay muchísimos avances”, indicó.
El Comisionado destacó que todos los esfuerzos por garantizar el respeto por los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario son bienvenidos, sin embargo, señaló que es muy peligroso hacer generalizaciones frente a un proceso que, como el de Justicia y Paz, ha representado tantos beneficios para el país.
Frente al informe de Human Rights Watch, el funcionario sostuvo que quienes están delinquiendo hoy son bandas criminales dedicadas al narcotráfico que no tienen ninguna confrontación armada con la guerrilla, como fue el caso de las autodefensas.
“Estas bandas criminales no tienen como objetivo combatir a la guerrilla. Por el contrario, están aliados con las Farc y el Eln en algunas regiones y no pretenden sustituir al Estado en funciones que deben ser ejercidas legítimamente por éste. Ahí está la diferencia. Aquí estamos hablando de bandas de narcotraficantes”.
Y siguió: “El 98 por ciento de los desmovilizados no tienen ninguna relación con estos grupos delictivos y sólo el 13 por ciento de los integrantes de las bandas criminales son desmovilizados. Nosotros sabemos, por la evidencias, que ese no es un fenómeno paramilitar. Pero lo que necesitamos es erradicar la violencia para que en Colombia haya menos víctimas, y ese es el enfoque que nosotros estamos teniendo. Yo creo que el trabajo que se viene haciendo en el Gobierno es fundamental. Estas bandas criminales hay que acabarlas, hay que seguir combatiéndolas, son una gran amenaza para toda la sociedad”.
Pearl argumentó que aquellos desmovilizados de las autodefensas que hoy delinquen nuevamente en las Bacrim, están identificados y no son todos a los que se refiere Human Rights Watch.
“La diferencia entre el reporte de Human Rights Watch y las cifras nuestras es que por cada cifra que tenemos, tenemos también nombres, números de cédula, hechos, datos y sitios. Cuando se habla de estimados de entre cuatro mil y diez mil 200, a veces pueden ser aproximaciones o inclusive especulaciones. Ahí es donde pedimos que los reportes sean más cuidadosos para evitar caer en generalizaciones. Eso no quiere decir que no tengamos un problema. Eso no quiere decir que no reconozcamos las dificultades pero hay que tener cuidado con las generalizaciones”, sostuvo.
Recalcó, frente a las afirmaciones de Human Rights Watch según las cuales existe algún tipo de complicidad entre las instituciones del Estado con las bandas criminales, que “si eso es cierto es muy importante que ellos denuncien porque o si no también son cómplices y si no es cierto pues el informe carece de veracidad”.
El funcionario destacó por su parte los avances que ha tenido la Ley de Justicia y Paz desde el momento de su aplicación hasta hoy:
“Hoy tenemos cerca de tres mil personas que hacen parte de la ley de Justicia y Paz, que están detenidos. De esos hay cerca de setecientas personas que no estaban en las listas, el resto estaban en las cárceles y fueron reconocidas por los miembros representantes. Setecientas de los tres mil. Pero mire lo que le decía a la gente de la Human Rights Watch: si usted toma las personas que fueron llevadas ante la justicia en procesos similares en América Latina, Centroamérica, súmele los países de África o de Irlanda que se realizó solamente en seis años antes del proceso colombiano, no llega ni al diez por ciento de las personas que están siendo llevadas ante la justicia en Colombia. Aquí hay un proceso de una magnitud enorme y eso ha generado una presión sobre las instituciones, el presupuesto de la Fiscalía, de la Unidad de Justicia y Paz, se ha multiplicado por cuatro veces y no es suficiente, tenemos que hacer más, no podemos cantar victoria, pero aquí hay un trabajo serio y vamos por buen camino”.
El Alto Comisionado indicó que el 2010 será el año para que los tribunales comiencen a dictar sentencias luego del visto bueno que la Corte Suprema de Justicia hizo frente a las imputaciones parciales.
“La medida de la eficacia de la Ley de Justicia y Paz no puede ser solamente las condenas. La Corte Penal Internacional se demoró siete años en un caso mucho más sencillo para expedir la primera condena. Aquí hay un volumen de trabajo absolutamente impresionante. Hay mil 968 versiones libres que se han iniciado, hay 35 mil 664 crímenes y delitos que no se conocían y que hoy están documentados, otros 17 mil 292 crímenes y delitos que no se conocían y que ya han sido confesados, y hay 41 mil víctimas relacionadas con esos delitos. Eso demanda un trabajo enorme de la Fiscalía. Afortunadamente hace unas tres semanas la Corte permitió las imputaciones parciales, eso quiere decir que va a haber condenas por delitos parciales sin que las investigaciones por el resto de delitos y crímenes se suspendan. Los próximos meses vamos a ver condenas por la ley de Justicia y Paz”.