"Así como siento el deber, como Primer Mandatario de los colombianos, de aplicar todas las medidas de autoridad para derrotar la violencia, también siento el deber de buscar por todos los medios salidas humanitarias, porque soy solidario y me golpea como a ustedes la tragedia de estos compatriotas secuestrados".

Álvaro Uribe Vélez

Manizales - 17 Octubre de 2002 - 34 Asamblea General de Gobernadores

SEPARACIÓN DE PROCESO DE PAZ Y ACUERDO HUMANITARIO

Desde el momento de su posesión, el Presidente Uribe dejó abierta la posibilidad de buscar un camino dialogado para lograr la libertad de las personas que en Colombia, padecen el flagelo del secuestro. El Presidente Uribe en persona se ha comprometido en la búsqueda de una alternativa humanitaria para las personas secuestradas. Atento a las quejas de los familiares de los secuestrados, se ha reunido varias veces con ellos, tanto de manera colectiva como individual. C onstatando de manera directa su preocupación y dolor, en todas estas reuniones el Presidente ha insistido en la necesidad de encontrar un mecanismo razonable, para lograr la libertad de las personas secuestradas.

Por decisión del presidente, el tema de los secuestrados fue tratado en su discurso de posesión, dándole así la mayor altura a la búsqueda de una salida dialogada para el drama de estos colombianos, injustamente privados de la libertad. La propuesta inicial estuvo ligada al inicio de conversaciones de paz con las FARC, que según lo había dicho en su discurso del 26 de mayo de 2002 como presidente electo, y reiterado días después ante el Secretario General de Naciones Unidas en Nueva York, debía estar precedido de un cese de hostilidades por parte de ese grupo guerrillero.

El 13 de septiembre, en su discurso ante la plenaria de la 57 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente Álvaro Uribe destacó la gestión de buenos oficios de la Organización de Naciones Unidas, solicitada por el Gobierno de Colombia, como la mejor forma para iniciar un proceso serio de paz que parta de un cese de la violencia. Dijo el Presidente: "El compromiso de seguridad de mi Gobierno no se opone al diálogo. Al contrario, lo desea. Por eso hemos pedido la gestión de buenos oficios de las Naciones Unidas, por intermedio de un asesor especial del Secretario General. Esa es la forma para iniciar un proceso serio de paz que parta de un cese de la violencia", explicó el Jefe de Estado.

En su petición, el presidente Uribe Vélez dijo que hoy miles de colombianos son víctimas del secuestro de sus seres queridos, y que acabar con esta práctica es esencial para iniciar un eventual diálogo.

"El dolor de miles de colombianos por el secuestro de sus seres queridos -entre quienes se encuentran la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, varios congresistas, diputados, el Gobernador de mi Departamento, un ex ministro infatigable en la lucha por la paz, integrantes de la Fuerza Pública y centenares de ciudadanos-, nos indica que necesitamos acciones humanitarias, que no sirvan para fertilizar la violencia, sino para recorrer caminos de reconciliación", dijo.

"La Carta de Naciones Unidas nos enseña que para dialogar con quienes cometen hechos de terror, es esencial que esos hechos se suspendan", puntualizó el Presidente de Colombia.

El 26 de septiembre del año 2002, después de una reunión sostenida en la ciudad de Nueva York con representantes del gobierno francés y el Secretario General de las Naciones Unidas, el presidente Álvaro Uribe tomó la decisión de no condicionar un acuerdo humanitario al inicio de conversaciones de paz. Días más tarde, dijo a los medios de comunicación que lo había hecho luego de escuchar a los familiares de los secuestrados, y de consultar la opinión de importantes personalidades nacionales e internacionales interesadas en el tema. Separados los dos temas -proceso de paz y acuerdo humanitario-, el Presidente consideró necesario fijar unos criterios para adelantar de manera separada un acuerdo humanitario, que permitiera la liberación de los secuestrados en poder de la guerrilla.

Tales criterios fueron:

1. Participación de la Organización de Naciones Unidas en un Acuerdo Humanitario.

2. Liberación de todos los secuestrados.

3. Los guerrilleros que salgan de la cárcel no deberán volver a delinquir y quedarán bajo la tutela de un país amigo. Se sugiere a Francia como posible país.

4. El Gobierno no autorizará ni el despeje ni la desmilitarización de ninguna zona del país.

Separado el Acuerdo Humanitario del proceso de paz, se hizo necesario aclarar con detalle en que consistía el primero, para no caer en confusiones. Tal como se lo expresamos a los familiares de los secuestrados, desde antes de la posesión del presidente Uribe, y como lo aclaró Naciones Unidas al Gobierno el 1°. de septiembre de 2002, no se trata de adelantar una negociación por la liberación de secuestrados a través de un canje o intercambio, sino de un "Acuerdo Humanitario" que permita "terminar con el secuestro y otros abusos que el pueblo colombiano sufre de manera tan injusta".

Igual posición fue refrendada por la Iglesia colombiana el 27 de septiembre de 2002. Ese día el cardenal primado de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Pedro Rubiano, dejó clara la diferencia entre canje y Acuerdo Humanitario, descartando el procedimiento del canje para obtener la liberación de las personas secuestradas, pero advirtiendo que la suscripción de un acuerdo humanitario seguía siendo una opción viable: "El canje -dijo el Cardenal- simplemente abriría una puerta para que cada vez que un guerrillero caiga en manos de la justicia, quede en libertad y continúe secuestrando".

Al término de una reunión con el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, monseñor Rubiano dijo: "Insisto en que como un signo de paz, y para empezar un proceso, debieran hacer ese gesto de liberar a todos los secuestrados, incluyendo a los civiles. Yo se lo pido muy encarecidamente a la guerrilla". Consideró, finalmente, que la posición del Gobierno de no realizar un intercambio, "no le cierra las puertas a las acciones humanitarias".

En vez de canje o intercambio, el Gobierno ha hablado de adelantar un Acuerdo Humanitario. Como ha dejado claro el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, garante universal de los Convenios de Ginebra, y también el Sistema de Naciones Unidas, no puede hablarse de intercambio en el caso de rehenes, como es el caso colombiano. No se trata de una negociación sobre secuestrados, pues sería colocarnos por debajo del mínimo humanitario De allí que la posición del Gobierno haya sido pedir la liberación inmediata de todas las personas secuestradas, abriendo, simultáneamente, la posibilidad de un Acuerdo Humanitario, entendido como un acuerdo de voluntades. Acuerdo político, si así se quiere llamar, pero ajustado a las leyes nacionales e internacionales.

Para sacar adelante este acuerdo de voluntades, el Gobierno concedía de buena voluntad, y de acuerdo con las leyes colombianas, beneficios jurídicos a guerrilleros presos por delitos indultables, que se comprometan a no volver a delinquir; mientras la guerrilla se comprometía, con un gesto de buena voluntad, a liberar los secuestrados en su poder. Para adelantar este acuerdo el Gobierno fijó unos criterios públicos, que es bueno recordar.

Al aceptar la realización de un Acuerdo Humanitario separado de un proceso de paz, la exigencia central que se hace a los guerrilleros que puedan recibir el beneficio de excarcelación, es la de no volver a delinquir, pues de lo contrario estaríamos alimentando la espiral de la violencia. Por otro lado, el Gobierno no considera necesario, ni pertinente, la existencia de zonas desmilitarizadas para hablar sobre el Acuerdo Humanitario o ejecutarlo.

Los guerrilleros detenidos en las cárceles, que puedan beneficiarse con alguna medida de excarcelación, deben comprometerse a no cometer nuevas ofensas contra la sociedad, planteándose de manera inicial que los guerrilleros beneficiados puedan quedar bajo tutela de un país amigo. Esta solicitud se le ha formulado de manera expresa al Gobierno de Francia. Por solicitud de la Iglesia, a finales del año 2003, se abrió además la posibilidad de que pudieran quedarse en Colombia, siempre y cuando se integren a un programa de reinserción a la vida civil.

En cuanto al papel de un tercero, se habló en principio de Naciones Unidas como gestor de buenos oficios. Sin embargo, ante las dificultades para avanzar a través de este organismo, fueron apareciendo otros facilitadores, extranjeros y nacionales, como Francia, Suiza y la Iglesia Católica. También el exministro Angelino Garzón y los expresidentes Alfonso López y Ernesto Samper. Por su cuenta han trabajado además Álvaro Leyva y Carlos Lozano, ampliando aún más el abanico.

Esta pluralidad de facilitadores ha resultado por momentos difícil de manejar, como en un principio generó confusión mantener, a la vez, la posibilidad de iniciar un proceso de paz que tenía como condición el cese de hostilidades, y un Acuerdo Humanitario, que si bien no tenía como condición previa el cese de hostilidades, si establecía la exigencia de no volver a delinquir, a los guerrilleros liberados.

De Aures a Bolo Azul

Durante el segundo semestre del año 2005, la polémica sobre el Acuerdo Humanitario pasó de la discusión ideológica sobre su contenido, a los procedimientos necesarios para adelantar un encuentro entre las FARC y el Gobierno. El 26 de julio de 2005, la señora Yolanda Pulecio pidió al primer mandatario que aceptara como gesto de buena voluntad de parte de las FARC, para proceder a un encuentro directo con el gobierno, la liberación, por parte de ese grupo, días antes, de un soldado que habían retenido en el asalto a la Base Militar de Teteyé. El Presidente decidió aceptar este pedido de la señora Yolanda Pulecio, quedando desde entonces las condiciones para un Acuerdo Humanitario reducidas a dos puntos básicos:

1. Definir un sitio de encuentro entre el Gobierno y las FARC, con condiciones de seguridad para los delegados de las FARC, pero sin despejes territoriales que pongan en riesgo la seguridad de la población civil.

2. Que los guerrilleros liberados salgan de las cárceles bajo los marcos legales vigentes en Colombia, y que se comprometan a no volver a delinquir.

El 9 de agosto de 2005, y respondiendo a dos derechos de petición elevados ante el despacho del Presidente, por un grupo de familiares de secuestrados que pedían una respuesta oficial sobre el tema, después de estudiarla con detalle, el Gobierno decidió aceptar la propuesta de los familiares de convertir la vereda Aures, del municipio de Caicedonia, Valle, en lugar de encuentro para adelantar conversaciones con las FARC sobre el tema del Acuerdo Humanitario. La propuesta había sido formulada por los familiares de los diputados del Valle el 11 de abril de 2005, y reiterada al Gobierno el 4 de agosto durante una reunión de dichos familiares con el Comisionado de Paz, en la Casa de Nariño.

Durante su reunión con los habitantes de Caicedonia y del corregimiento Aures, para explicar la propuesta, el día 11 de agosto, el Gobierno respondió a sus temores por un posible despeje militar, garantizándoles que bajo ninguna circunstancia se los dejaría sin seguridad institucional, pues se tenía claro que la oferta de condiciones de seguridad a los voceros de la guerrilla, no podía ir en detrimento de la seguridad de los ciudadanos: "Seguridad para los voceros de la guerrilla, pero sin detrimento de la seguridad de los ciudadanos", fueron las palabras del Comisionado, reiterando que era posible con el acompañamiento de garantes nacionales e internacionales, brindar las condiciones de confianza para que las FARC pudieran reunirse con el Gobierno, a fin de tratar el tema de la liberación de los secuestrados. Como es de conocimiento público, también esta propuesta fue rechazada por el grupo guerrillero.

Después de la negativa de las FARC a la propuesta de Aures, por instrucciones del señor Presidente de la República, el Alto Comisionado para la Paz trabajó en compañía de algunos familiares de los secuestrados y del expresidente Ernesto Samper, durante la segunda quincena de agosto de 2005, en una nueva propuesta de encuentro con las FARC. Cuando se avanzaba en la consolidación de la propuesta, la noticia se filtró de manera parcial a los medios de comunicación, lo que obligó al Gobierno a hacerla pública en su totalidad, el día 8 de septiembre de 2005.

La propuesta es la siguiente:

"Ante la necesidad de establecer un sitio de encuentro con las garantías de seguridad y los mecanismos de acompañamiento, que sean necesarios, para la definición de un Acuerdo Humanitario, el Gobierno Nacional propone una reunión entre los delegados del Gobierno y los delegados dispuestos por las FARC, en la escuela del corregimiento de Bolo Azul, jurisdicción del municipio de Pradera, Valle del Cauca, para el desarrollo de las conversaciones, y por un período máximo de diez días. De igual manera, se propone la siguiente metodología:

. Verificación de las condiciones del sitio de encuentro por parte de garantes nacionales e internacionales. Duración: un día.

. Ingreso al sitio de encuentro de los delegados dispuestos por las FARC con el acompañamiento de garantes. Duración: dos días

. Desarrollo de las conversaciones entre el equipo de gobierno y delegados de las FARC. Duración: cinco días.

. Retorno de los delegados de las FARC con el acompañamiento de garantes. Duración: dos días.

El Gobierno garantizará las condiciones de seguridad del delegado o delegados de las FARC, durante el traslado al sitio de encuentro y su regreso al lugar de origen. La verificación de las condiciones de seguridad acordadas, estarán a cargo de garantes nacionales y/o internacionales, convenidos previamente. Además, ofrecerá salvoconductos especiales y, en consecuencia, solicitará a los organismos judiciales competentes, la suspensión de las órdenes de captura que tengan vigentes en todo el territorio nacional.

Durante el tiempo previsto para la reunión, no se adelantarán acciones militares ni policiales por parte de la Fuerza Pública, sobre el sitio de encuentro.

El Gobierno Nacional expresa su disposición inmediata para adelantar las coordinaciones con las FARC y los garantes que faciliten el encuentro directo. Y se declara a la espera de un gesto de buena voluntad de las FARC, que acompañe el anhelo de muchos colombianos, que hoy claman por el regreso de sus familiares privados de la libertad al seno de sus hogares".

Propuesta de la comunidad internacional

Después de la visita de una “Misión Técnica Exploratoria” al departamento del Valle del Cauca, entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2005, España, Francia y Suiza presentaron una propuesta al gobierno nacional y a las FARC el día 12 de diciembre, mediante un documento titulado “Sistema de Seguridad para un Encuentro Humanitario en la Cordillera Central”. La propuesta consiste en crear un sistema de seguridad en el área rural de los municipios de Pradera y Florida, con puntos de observación y control de vías donde se ubicarían los observadores internacionales. Se define específicamente el caserío de El Retiro como el sitio de encuentro, para lo cual se determina un sistema de seguridad específico sobre las vías y caminos que conducen a dicho punto.

La propuesta incluye un cronograma que establece siete días antes de la fecha de encuentro y siete días después de la terminación del mismo.

Ese mismo día el gobierno nacional aceptó la propuesta, mostrando su disposición para un encuentro inmediato con las FARC a fin de lograr la liberación inmediata de los secuestrados.