Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP)

Quiénes Somos

Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP)

Iván Danilo Rueda Rodríguez es comunicador social de profesión con estudio en filosofía y teología. Fue fundador y secretario ejecutivo de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (J&P), organización que por 34 años ha documentado y visibilizado casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en las regiones en conflicto en Colombia. Ha facilitado procesos de reconciliación entre víctimas del conflicto como exparamilitares, exguerrilleros y miembros de la Fuerza Pública, a través de una de sus iniciativas bandera: la Universidad de la Paz, en el Chocó. Ha liderado importantes iniciativas en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reconciliación y la paz, a través de los Festivales de las Memorias, ejercicio que ha servido para encontrar convergencias entre cerca de 160 procesos comunitarios territoriales y el Acuerdo de Paz, de donde salieron propuestas y posibles soluciones a problemáticas sociales que se compartió con la Comisión de la Verdad como un insumo al Informe Final, presentado el 28 de junio de 2022 en Colombia.

En su trayectoria como defensor de Derechos Humanos, también ha trabajado como profesor de la universidad Javeriana y Externado. Fue miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos, de Defendamos la Paz, y de la Organización Colombianas y Colombianos por la Paz. Ha acompañado distintos procesos de acuerdos humanitarios y diálogos regionales en zonas afectadas por el conflicto armado. Desde 2002, coordinó la Comisión Ética Internacional de la Verdad. Ha llevado la responsabilidad de cargos en instancias nacionales e internacionales como la Corte Penal Internacional, en la que fue redactor de textos de documentación de casos.

Ha sido partícipe de distintos actos de reconocimiento de responsabilidades de las Farc en las masacres de Bojayá (Chocó) y de La Chinita (Urabá antioqueño), sus propuestas metodológicas estuvieron presentes en las negociaciones en La Habana (Cuba) entre el Estado y la exguerrilla de las Farc. En la Mesa de Negociación con el ELN en Quito (Ecuador), fue del equipo promotor de propuestas temáticas para involucrar a las comunidades étnicas y campesinas a ese espacio de diálogo.

Aunque su trabajo en los últimos años ha estado demarcado, sobre todo, en las regiones del Urabá, Bajo Atrato-Norte de Chocó, Montes de María, La Guajira y los Llanos Orientales, Valle, Cauca, Putumayo, uno de sus retos ahora será liderar la consolidación de lo que el gobierno de Gustavo Petro Urrego ha denominado como la Paz Total, una propuesta amplia que, entre otras cosas, busca entablar diálogo con grupos armados distintos a la guerrilla, como el Clan del Golfo, Los Rastrojos y otros grupos al margen de la ley entendiendo la urgencia de parar la violencia, salvaguardar la vida y la libertad e incluir a toda la sociedad en el tránsito a un estado social de derecho. 


El Decreto 394 de 2012 – denomina a la Alta Consejería Presidencial para la Paz como Oficina del Alto Comisionado para la Paz y mantiene las funciones establecidas en el Decreto 2107 de 1994 y 3445 de 2010 y las demás que asigne el Presidente de la República.

En el 2014 el  Decreto 1649 modificó la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y establece en su artículo 38 la creación de una Dirección Temática para el apoyo del cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina del Alto Comisionado de Paz. También establece en el artículo 25 que en conjunto con el Despacho Ministro Consejero para el Post-Conflicto, Derechos Humanos y Seguridad se articulará la visión de conjunto del gobierno sobre el post-conflicto. Adicionalmente, en el artículo 26 se le asigna la función de Coordinar con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos la realización de actividades en el territorio nacional con el propósito de construir una cultura de paz y reconciliación. 

Finalmente, el decreto 672 de 2017, por medio del cual se modificó la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, dio nuevas funciones a la  Oficina del Alto Comisionado para la Paz y reiteró las ya ​existentes. ​

Además de la Dirección Temática, La Oficina del Alto Comisionado para la Paz cuenta con las dirección de Pedagogía y Promoción de la Paz (Decreto 1270 de 2017, artículo 4)

Funciones​

El Decreto 1784 de 2019 señala como funciones de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 434 de 1998, las siguientes:

 

1. Asesorar al Presidente de la República y al Secretario General de la Presidencia en la formulación y desarrollo de la política de paz y ser vocero del Presidente de la República en esta materia.

2. Verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil de los alzados en armas, con el fin de determinar la formalización de diálogos y celebración de acuerdos de paz, de conformidad con lo que disponga el Presidente de la República.

3. Participar en las mesas de conversaciones y asegurar el apoyo necesario a los negociadores,

4. Convocar a los sectores de la sociedad civil en torno al propósito de la reconciliación nacional y propiciar el diálogo social intersectorial y territorial para la cultura de la legalidad y la convivencia y consolidar para la generación de insumos, diagnósticos y escenarios prospectivos.

5. Promover, desarrollar y articular, en el marco de la política de legalidad y convivencia del Gobierno Nacional, escenarios de participación y de diálogo intersectorial, orientados a la construcción de paz, que promuevan la confianza, legalidad, convivencia y reconciliación, que puedan contribuir al desarrollo y consolidación de los procesos paz, acuerdo con instrucciones del Presidente de la República y Jefe de Gabinete Director del Departamento.

6. Consolidar información a partir del diálogo social intersectorial y territorial para la generación de insumos, diagnósticos y escenarios prospectivos, documentos e insumos técnicos, en coordinación con otras entidades del estado cuando así se requiera, que orienten y apoyen la determinación de la agenda de negociación y la adopción de decisiones en el marco de mesas de diálogo y suscripción de acuerdos de paz con grupos armados organizados al margen de la ley.

7. Definir los términos de la agenda de negociación, dirigir los diálogos y firmar acuerdos con los voceros y representantes de los grupos alzados en armas, tendientes a buscar la reinserción de sus integrantes a la vida civil, de acuerdo con las órdenes que le imparta el Presidente de la República.

8. Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 434 de 1998 modificada por el Decreto Ley 885 de 2017, en los términos en que el reglamento del Consejo determine.

9. Preparar en coordinación con los Consejeros Presidenciales y las entidades competentes, el alistamiento para la implementación de los acuerdos de paz que se suscriban con los miembros de los grupos armados ilegales, sobre la base de los avances en las negociaciones de paz.

10. Coadyuvar en la coordinación con las autoridades departamentales y municipales la preparación para la implementación de los acuerdos de paz que se suscriban con los grupos armados ilegales, sobre la base de los avances en las negociaciones.

11. Articular junto con las diferentes instancias de Gobierno Nacional las gestiones necesarias para que la implementación de los acuerdos de paz se ajuste a la visión y contenido de los mismos.

12. Coordinar y desarrollar acciones y programas de pedagogía que promuevan el conocimiento de la política de paz, legalidad y convivencia y el contenido de los acuerdos que se suscriban por parte del Gobierno Nacional con los grupos armados organizados al margen de la ley.

13. Asesorar y apoyar el diseño de las medidas de alistamiento que posibiliten el cumplimiento de los acuerdos de paz y orientar y asistir a las diferentes entidades e instancias responsables de la implementación de los acuerdos de paz en la comprensión del contenido y visión de lo acordado.

14. Adelantar las gestiones para obtener cooperación internacional de acuerdo con las necesidades, acorde con los lineamientos establecidos por la Dirección del Departamento y en coordinación con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia –APC,

15. Absolver las consultas y peticiones que guarden relación con las funciones de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

16. Proponer, en coordinación y bajo los lineamientos de la Secretaría Jurídica, proyectos de actos legislativos, leyes, decretos reglamentarios y demás documentos en materia de procesos y acuerdos de paz, sin perjuicio de las funciones propias de la citada Secretaria.

17. Monitorear factores que puedan generar conflictividad social y articular mecanismos de prevención de la violencia a través del Programa Presidencial para el diálogo social y la convivencia CEDISCO.

18. Asistir al Gobierno Nacional en el diseño, formulación y coordinación de planes, programas y actividades relacionadas con la Acción Integral Contra Minas Antipersonal.

19. Coordinar a nivel nacional y territorial, intersectorial e interinstitucionalmente, la acción integral contra Minas Antipersonal.

20. Fomentar, promover y difundir la cultura de la legalidad entendida como el respeto de los ciudadanos por los valores, normas e instituciones del Estado de Derecho.

21. Coordinar y monitorear en el orden nacional y territorial las actividades de Acción Integral contra Minas Antipersonal, mediante la aplicación de lineamientos técnicos y mecanismos de regulación de los actores estatales y no estatales de la AICMA en sus pilares: desminado humanitario, educación en el riesgo de minas antipersonal y asistencia integral a las víctimas y emitir concepto técnico sobre la alineación estratégica de los planes, proyectos de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, por solicitud de cooperantes u operadores de la AICMA.

22. Formular y liderar la estrategia de Acción Integral Contra Minas Antipersonal AICMA a nivel nacional y coadyuvar al desarrollo de la Política Pública en la materia, elaborando y adoptando los estándares nacionales para las actividades relativas a la Acción Integral Contra Minas Antipersonal y velar por su difusión, aplicación y cumplimiento.

23. Elaborar y coordinar la estrategia nacional de Acción Contra Minas Antipersonal en todo lo referente, al desminado humanitario; asistencia y rehabilitación a víctimas; destrucción de minas almacenadas; campañas de concientización y educación de la población civil; y todos aquellos aspectos que demanden el cumplimiento del tratado de Ottawa.

24. Mantener la base del Sistema de Información de Acción Contra Minas Antipersonal, encargándose de requerir, recopilar, sistematizar, centralizar y actualizar toda la información sobre el tema y acreditar a las organizaciones, entidades públicas y privadas que realicen procesos de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM).

25. Servir de fuente oficial de información para la toma de decisiones de acuerdo con la información recolectada sobre los programas de prevención, señalización, elaboración de mapas, remoción de minas y atención a víctimas.

26. Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas Antipersonal.

27. Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por el Presidente de la República y el Director del Departamento. ​​