ENTREVISTA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, LUIS CARLOS RESTREPO
W. Radio
Mayo 14 de 2008

"La Ley de Justicia y Paz continúa": Alto Comisionado de Paz
Entrevista / Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo

P. ¿Este es el fin, se cierra infortunadamente toda la esperanza que había con la Ley de Justicia y Paz?

R. La Ley de Justicia y Paz continúa con su aplicación, tenemos 3.384 postulados a la ley de Justicia y Paz, simplemente se extraditaron ayer 14 personas de este universo y las versiones libres igual continúan. El mismo día de ayer, jefes desmovilizados tan importantes como el señor Ramón Isaza o alias El Alemán, continuaron con sus versiones libres y ayer, también se continuó con la práctica de las exhumaciones. Hombres que estaban a cargo de Macaco orientaron a miembros del CTI de la Fiscalía para empezar la exhumación de 23 cadáveres que quedaron de una terrible masacre del 1.998 en Barrancabermeja. O sea, seguirá el proceso de aplicación de la Ley de Justicia y Paz y los casos abiertos a los miembros de las Autodefensa que fueron extraditados se seguirán investigando y en el marco de la cooperación judicial con Estados Unidos seguiremos practicando las diligencias necesarias.

P. Usted menciona a Ramón Isaza, pero él dice que tiene Alzheimer, entonces esa diligencia es complicada. Usted ha dicho y el Gobierno Nacional ha dicho que una de las razones para encontrar con el proceso o para autorizar la extradición de estas personas, fue la verdad gota a gota que estaban entregando y una verdad gota a gota que tenía un tufillo de chantaje en los últimos días. ¿A quién estaban chantajeando y con qué?

R. A nosotros nos preocupa bastante que después de varios meses de diligencias de versión libre, estos jefes que fueron extraditados no hubieran hablado de manera clara, directa y transparente y más bien se hicieran acusaciones genéricas como las que hizo el señor Mancuso por medios de comunicación a todas las instituciones del Estado, sin precisar ante ninguna autoridad, ninguna acusación concreta.

Entonces, creemos que hay un incumplimiento allí de ese compromiso de contar toda la verdad, lo mismo que sucedió con los bienes ilícitos que tampoco fueron entregados con la celeridad que exigía la Ley como requisito de legibilidad.

P. Se ha establecido que hay un arreglo entre el gobierno nacional y la justicia norteamericana, precisamente, para que continúen los procesos. La Ley de Justicia y Paz buscaba seguramente, al final, un perdón pero para un perdón había que llegar a una verdad, a una confesión, a una reparación, a encontrar esos cadáveres que usted nos cuenta que ayer siguieron exhumándose pero no hay detalles de ese arreglo. ¿Cuáles son los detalles del acuerdo al que llegó Colombia con el Departamento de Justicia y el Gobierno de los Estados Unidos para la extradición?

R. Están plasmados en esos puntos del acuerdo en las resoluciones por medio de las cuales se autorizó la extradición finalmente el día de ayer. Creo que es bueno que la opinión pública conozca estos documentos ya que enriquecen enormemente el mecanismo de cooperación judicial con los Estados Unidos. Se trata básicamente de tres puntos: el primero de ellos, la posibilidad de que se puedan compartir pruebas y a acreditar pruebas que surjan en relación con delitos diferentes, aquellos por los cuales están siendo juzgados en Estados Unidos, es decir, delitos diferentes a los de narcotráfico. Lo segundo, que funcionarios del Estado colombiano o apoderados del Estado colombiano o víctimas incluso, puedan trasladarse a los Estados Unidos para practicar pruebas, también en relación con delitos diferentes a aquellos por los cuales fueron extraditados. Y tercero, que todos los bienes que ellos entreguen puedan venir para la reparación de las víctimas.

Estos puntos están expresamente consignados en las resoluciones de extradición y estos documentos adquieren en carácter de un acuerdo, es decir, tienen un carácter contractual. En el momento en que los Estados Unidos aceptan al extraditado, se obligan, también, a cumplir los términos de la resolución por medio de la cual se entrega al Gobierno de los Estados Unidos el nacional colombiano.

P. En la teoría esos mecanismos de cooperación de los cuales ustedes han estado hablando, pues suenan muy justos y muy llevaderos, pero en la práctica, digamos, la sensación que se transmite en Washington es que eso es casi imposible. Yo ayer conversaba con varios abogados que han llevado procesos cuyos nombres no puede decir porque son fuentes reservadas, y me decían muy claro, ellos vienen aquí a defenderse solamente por narcotráfico porque el pacto de la extradición es ese, llegan a Estados Unidos a defenderse por el delito por el cual ha sido extraditados. ¿Cómo se va a hacer en la vida real, que esos mecanismos de cooperación realmente funcionen. El gobierno le Colombia le va a proporcionar formas a las víctimas para que vengan a las Cortes en Washington a hablar, digamos, a exponer sus casos o como se va a manejar ese tema en la vida real?

R. Así ha sucedido hasta ahora, cuando una persona es extraditada básicamente se concentra en Estados Unidos en su defensa en relación con los delitos de narcotráfico. Sin embargo, con este nuevo marco de cooperación yo creo que va haber un cambio y habría dos elementos por resaltar: primero, la decisión política de ambos gobiernos, no solamente expresada en las resoluciones de extradición que fueron aceptadas por el gobierno de los Estados Unidos, sino también públicamente por actos dignatarios de ambos Estados. Y en segundo lugar, la posibilidad de que funcionarios judiciales colombianos se trasladen a los Estados Unidos. En el caso de las víctimas es importante recordar lo siguiente, incluso en Colombia la presencia física de las víctimas, dijéramos, no era el elemento determinante, estas audiencias de versión libre llevaban transmitiendo por televisión a diferentes partes del país donde las victimas, por supuesto, hacían parte básicamente observando lo que confía y a través de sus apoderados pues en casos muy puntuales, pues interviniendo.

Entonces, yo creo que también se puede recurrir a esos mecanismos ya muy expeditos que conoce la justicia colombiana, de los medios de comunicación para que las víctimas puedan participar en este tipo de diligencias.

P. El abogado Díaz, incluso este lunes en la primera audiencia de alias Macaco, le pidió al juez que lo tuvieran completamente alejados, que los medios de comunicación no teníamos ninguna posibilidad de tener acceso digamos en la cárcel, que lo único que vamos a escuchar son las declaraciones que haga con relación al narcotráfico y ya lo que se ha dicho en Washington es exactamente lo mismo, que ellos van a hablar solamente de narcotráfico en la Corte y que los pactos privados que llegue a hacer con la justicia de Estados Unidos, pues van a hacer privados. Entonces queda como la pregunta en el aire.

R. Yo no estoy hablando de medios de comunicación públicos, estaba hablando de licencias judiciales, es decir, de circuito cerrado de televisión o de otros medios que nosotros hemos utilizado en Colombia. De hecho en Colombia tampoco las versiones libres, las audiencias de versión libre son públicas, se transmiten por televisión, pueden verlas las víctimas, pero dentro de un sistema de circuito cerrado y hay que acreditar su condición y esto en relación con los delitos que vienen siendo investigados en Colombia.

Nosotros reconocemos la autonomía de las autoridades judiciales de los Estados Unidos para manejar los delitos de narcotráfico, pero hay otros delitos por los que estos señores tienen que responder y tal vez es importante (interferencia). A ellos les interesa seguir cooperando y colaborando con las autoridades judiciales colombianas porque estos delitos de lesa humanidad, estos crímenes de guerra por los cuales están siendo procesados, son imprescriptibles y así ellos condenaran su condena en los Estados Unidos después de que hagan una buena negociación, entonces retornarían a Colombia a pagar sus condenas por estos delitos o serían juzgados por tribunales internacionales. Entonces, a ellos les conviene evidentemente trabajar de manera simultánea con los dos sistemas de justicia que creo que es lo que va a suceder.

P. Yo insisto en lo que tiene que ver con la parte práctica y como dice ella, una cosa son los acuerdos que se hayan hecho entre el gobierno, hay discusión sobre los jueces, si ellos aceptan eso y lo otro es que los defensores les pueden decir no, usted no se vaya a inculpar doblemente, a usted no lo pueden estar juzgando doblemente. Y una estrategia de defensa a la que podrían acceder ellos con la recomendación, por ejemplo, es que ellos decidas no cooperar y que los abogados le digan que no prestan sus declaraciones a la justicia colombiana.

R. Si ellos se niegan a cooperar pues recibirán también las sanciones en los Estados Unidos y, aquí serán las investigaciones por sus delitos y no obtendrán ningún tipo de beneficio por parte de la justicia colombiana y podrán en un momento dado juzgarlos también los tribunales internacionales. No veo qué ganancia podrían tener ellos después de que han andado ya un buen camino y un buen trecho aquí en Colombia.

Y un segundo elemento, todo este proceso tiene unos componentes específicos muy importantes. Hemos visto que en Estados Unidos, hay unos grupos de presión fuertes, incluso hay unos sectores demócratas bastantes comprometidos con grupos de víctimas en Colombia que ejercen presión para que también se avance en un juzgamiento.

Ya ha habido, por ejemplo, dos casos en los Estados Unidos en que personas que han cometido delitos catalogados como crímenes de guerra o de lesa humanidad que han puesto a las víctimas en estado de indefensión y que los han cometido por fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, terminan siendo procesados en los Estados Unidos. Es decir, que también hay una forma ya dijéramos en los Estados Unidos, de competencia universal como se llame en Europa aunque las bases legales en Estados Unidos son distintas, han reactivado una vieja ley por allá en la época de la piratería que permite juzgar muy severamente a responsables de estos crímenes atroces independientemente de que hayan sido cometidos en territorio norteamericano o hayan comprometido a ciudadanos de los Estados Unidos.

Entonces, ellos se expondrían también allí a unas situaciones muy difíciles, a que organizaciones civiles de Estados Unidos pidan su juzgamiento en tribunales de ese país por estos crímenes. Acuérdese, además que, al menos, en el caso de Salvatore Mancuso, ya hay unas confesiones públicas que involucran a empresas de los Estados Unidos en la financiación de grupos paramilitares.

Entonces, no va a ser tan fácil para ellos limitarse única y exclusivamente al delito del narcotráfico y en esa medida yo creo que ellos van a entender que les va mucho mejor si siguen cooperando con la justicia colombiana.

P. Hablando un poco con la gente que conoce al juez que va a tratar el caso de alias Don Berna, pero sobre todo a algunos agentes informantes que vienen del propio sector del cartel de Medellín que hereda Don Berna, nos advierten que aquí va a quedar en evidencia cómo en esa mesa y en esa ley se dejó entrar indebidamente a Don Berna en ese proceso.

Los Estados Unidos le han dicho al gobierno de Colombia una y otra vez que Don Berna no es paramilitar, para los Estados Unidos siempre fue un colado en ese proceso. El embajador anterior, el embajador actual, oficinas de la DEA, oficinas del Departamento de Justicia insistían que Don Berna no debía recibir los beneficios de Justicia y Paz.

El caso lo van a tratar allá de manera distinta, para ellos Don Berna fue miembro del cartel de los hermanos Galeano y Moncada en Envigado, jefe de la banda ‘La Terraza’, estuvo en la de Pablo Escobar y tiene línea directa sobre la oficina de Envigado.

¿Esto no comprueba que efectivamente a esa mesa se colaron narcotraficantes disfrazados de paramilitares?

R. Cuando empezó este gobierno Don Berna era jefe paramilitar, eso hace parte de la desgracia nacional. Nosotros nos enfrentamos a esa realidad de facto. La primera vez que yo llegue a reunirme con las Autodefensas Unidas de Colombia en diciembre del 2002, Don Berna aparecía con el nombre de Inspector General de las Autodefensas y era un jefe con gran influencia dentro de esta estructura. En esa medida, nosotros tuvimos que trabajar con esa realidad fáctica.

Desde el comienzo hemos sabido de los antecedentes del señor Don Berna, incluso se habla mucho de que él hizo parte del grupo de ‘Los Pepes’, este grupo, se dice, colaboró con los Estados Unidos y con el gobierno de entonces para acorralar a Pablo Escobar y varias veces yo les escuche decir que precisamente de esa colaboración, había surgido la nueva generación de Autodefensas que al parecer se habían generado una complicidades entre miembros de este grupo y miembros de la Fuerza Pública que derivaron en lo que después se conoció como las Autodefensas y a partir del decreto expedido a finales de la administración Gaviria, firmado por el doctor César Gaviria y el entonces ministro Rafael Pardo, que permitió nuevamente el rearme de los grupos paramilitares, quedó consolidado ese hecho.

Yo esa historia la sé y muchas veces de parte de ellos, esto es una vieja historia, ya corresponderá a las autoridades entrar en detalle, saber quién es quién, pero no exime de responsabilidad frente a los crímenes y aquí básicamente estamos hablando de los delitos, de los crímenes.

Nosotros conocemos unos informes de la justicia de los Estados Unidos, desde el año pasado, en relación con el señor alias Don Berna, que hemos estado evaluando muy juiciosamente y hacen parte de los argumentos que ha tenido el Gobierno para tomar esta decisión y evidentemente miembros de la justicia de los Estados Unidos insisten en que este señor alias Don Berna seguiría comprometido en delitos de narcotráfico, pero ese también es un asunto en que ha echado a andar.
Entonces, aquí tenemos, por un lado, un delito de narcotráfico que es un delito internacional y por otro lado, unos crímenes de lesa humanidad pero hay una ligación entre ambos, ya que estas organizaciones que comenten los crímenes de lesa humanidad, se financian es precisamente con los recursos del narcotráfico. Esa es la realidad concreta que tenemos que enfrentar.

P. De la lectura de la resolución que autoriza las extradiciones, uno pudiera entender que no va haber un juzgamiento, no va haber una condena por los delitos de lesa humanidad porque le leo el resuelve: Artículo Primero: Ordenar la entrega del ciudadano tal-tal, se repite en todas las resoluciones pero dice después: recordar al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en todos los casos los artículos están relacionados con el tema del narcotráfico.

Lo otro, la instancia de la Corte Penal Internacional por casos de lesa humanidad no opera en los Estados Unidos porque no es signatario de esta Corte. ¿Ahí qué pasaría?

R. Eso es absolutamente claro. Nosotros no estamos entregando la competencia para el juzgamiento de estas personas por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, allí es donde viene el mecanismo de la cooperación.

Nosotros esperamos mantener nuestra competencia y que Estados Unidos la facilite porque la realidad es que eso no sucedía hasta ahora: Cuando una persona era extraditada a Estados Unidos prácticamente el proceso se concentraba en temas de narcotráfico y cuando estas personas entregaban información en relación con otros hechos, (interferencia), Estados Unidos deciden qué hacer con esa información, por ejemplo, en casos de algunos extraditados como Víctor Patiño Fómeque, como el señor Santander López, que al parecer entregaron información muy valiosa sobre importantes políticos colombianos relacionados con el Proceso 8000, es decir, no se avanzó en su momento entregar adecuadamente esas pruebas a las autoridades colombianas o permitir las diligencias. Lo que logramos ahora es precisamente que eso quede explicito y así quedó explicito.

P. Perdóneme interrumpirlo, pero así quede explícito, el Procurador acaba de decir, aquí en este programa, que estos señores ya salieron de Justicia y Paz y en Estados Unidos a nadie pueden obligar a declarar de lo que no quiera. Si ellos ya no están en Justicia y Paz y no vana atener beneficios en Colombia, ¿qué los va a obligar a hablar de ese tema cuando tienen que atender otros allá para salir de un hueco donde los van a tener sin celulares, sin computadores, sin visitas, sin familia, sin abogados? ¿Usted cree que estando ellos ya por fuera de Justicia y Paz, como lo acaba de decir el Procurador, les va a interesar hablar de este tema allá?

R. Ni en Estados Unidos ni en Colombia un preso puede hablar si ese no es su deseo. Es decir, es absolutamente imposible coaccionar una persona para que hable, entonces esa norma constitucional de los Estados Unidos también se aplica en Colombia. Debe haber una motivación de ellos, yo lo que creo es que va a haber una motivación, ¿por qué? Porque los procesos siguen activos y en alguna medida, a ellos les interesa aclararlos. Le pongo dos ejemplos. El señor Carlos Mario Jiménez, una vez llegó a los Estados Unidos, inmediatamente mandó una nota a la Fiscalía, que también hizo pública, diciendo que mostraba su disposición para seguir aclarando los hechos en los que estuvo comprometido y seguir reparando a las víctimas. El día de ayer, casi de manera inmediata con su salida del país, el abogado de uno de los extraditados, el señor Luis Arroyave, informó, también a la Fiscalía, la disposición de su defendido de seguir colaborando con la Justicia colombiana. Entonces, esperamos que ese criterio prime. ¿Y cuál es la motivación que tienen estos señores? Obtener, igualmente, beneficios en Colombia. Es que si se colabora con la justicia puede haber beneficios, no necesariamente en el marco de la Ley de Justicia y Paz, hay beneficios por colaboración, muy importantes dentro de la Justicia colombiana a los que ellos pueden recibir si siguen en este proceso. O sea que yo creo que ellos ganarían si están dispuestos a colaborar con la Justicia de nuestro país.

P. Será en otro marco, no en el de Justicia y Paz. Una última pregunta, Comisionado, con el mayor respeto, porque su trabajo no es nada fácil y admiramos a quienes se atreven a aceptar esa responsabilidad, porque, pues siempre tiene un final tormentoso y complicado.

Usted se metió con el tema de la política, habló de la disolución de los partidos de la coalición, ya lo explicó, se reafirmó delante del Presidente de la República, eso generó un terremoto. Hace poco leí un análisis del diario El Tiempo, en donde el plan B de la continuidad de la seguridad democrática podría ser usted. Naturalmente es una especulación política, hipotética, periodística. Pero si hay un escenario real, coincide su participación en temas políticos de la vida nacional, coincide ese análisis del plan B y coincide, para muchos, el final de Justicia y Paz, que ya puede seguir sola en esas tres mil y tantas personas, porque lo grueso, lo importante, eran estos catorce hombres que hoy están en Estados Unidos. Y Coincide con que las Farc no interlocutan con usted. Coincide con que el proceso del ELN entró en un inmenso vacío. Comisionado, con la mayor sinceridad, ¿estamos ante su despedida del cargo para entrar a participar activamente en la continuidad de la política de seguridad democrática, no sé en qué escenario?

R. Como usted lo ha dicho, han surgido algunas especulaciones que o tienen asidero en la realidad. Hoy yo tengo un debate en la Comisión Primera de la Cámara en relación con mis declaraciones de días pasados y ellos preguntan, ¿por qué un Comisionado de Paz habla de política y no de proceso de paz? En el cuestionario que les respondí, les digo lo siguiente: miren todos los comunicados de las Farc y del ELN y todos están llenos de referencias a la política nacional. Las Farc y el ELN están hablando en este momento de la renuncia del Presidente, de la necesidad de convocar a una asamblea nacional constituyente, de poner en marcha un gobierno de transición… yo sí creo que el clima político del país es un elemento, una variable fundamental para avanzar en un eventual proceso de paz y en esa medida, la discusión entre la continuidad o no de la seguridad democrática, la posibilidad de una salida dialogada con estos grupos, involucra de manera activa el destino de los partidos. Voy a tratar de explicar eso a profundidad hoy en la Comisión Primera, pero entiéndase que esto lo sigo haciendo en el marco de mis funciones.

P. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con su futuro, Comisionado, pues ya no están los jefes paramilitares que era el gran tema en Justicia y Paz, continúa Justicia y Paz con las otras tres mil y tantas personas. Ya no hay ELN y ya no hay Farc. Comisionado de Paz, ¿qué va a hacer usted?

R. Yo sigo en este cargo hasta que el Presidente lo disponga. Él hace mucho rato tiene mi renuncia en sus manos, él sabe que realmente me mantengo acá por decisión del señor Presidente y no estoy aferrado al cargo. Y en la medida en que el Presidente lo considere pertinente, continuaré al frente de esta labor, que como usted lo dice, no es muy grata, pero sí necesita de mucha persistencia y mucha dedicación.

Despedida. Comisionado, mucha suerte porque, coincido, es de altísima ingratitud el final de un cargo como el suyo. Doctor Retrepo, gracias por explicarnos las noticias del día, ha sido usted muy gentil.

R. Una feliz mañana para todos.