ENTREVISTA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, LUIS CARLOS RESTREPO
El Periodico de los Colombianos
Marzo 31 de 2008
Entrevista: El Gobierno hizo una propuesta: Restrepo
FELIPE MORALES
ANDRÉS AMADOR
La última carta que se jugó el presidente Álvaro Uribe para intentar desestancar el intercambio humanitario y permitir la libertad de Ingrid Betancourt y otros plagiados, que enfrentan dificultades en su salud, fue bien recibida por diferentes sectores del país y por la comunidad internacional.
El anuncio de un nuevo decreto reglamentario en esta materia lo hizo el alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. Para el funcionario, son las Farc las únicas responsables de lo que suceda con los secuestrados.
EL PERIODICO habló con Restrepo sobre la propuesta jurídica para permitir un canje automático, de la negativa al despeje de Pradera y Florida, del presente y futuro de las negociaciones con el Eln y de la situación jurídica de los 19 mil paramilitares desmovilizados.
¿Qué impacto cree que generará esta propuesta para lograr el acuerdo con las Farc?
El Gobierno con esta propuesta ha dado un paso audaz. Creemos que fue en el momento justo y que la oferta que estamos haciendo le da a las Farc una salida digna al drama de los secuestrados, pues permite tener un gesto humanitario, que es entregar a la doctora Ingrid y a los demás plagiados, sobre todo a los enfermos, e inmediatamente generar un compromiso por parte del Ejecutivo, de cumplir uno de los propósitos de ese grupo al margen de la ley, que es lograr la excarcelación de sus miembros.
Nosotros hemos hecho todo lo que se puede hacer en el marco de la ley. Estamos a la espera de que las Farc den su paso y que liberen ya a los secuestrados.
¿Por qué no fue presentada antes esta propuesta?
Ese paso no se había dado antes por una sencilla razón: porque las Farc han solicitado un encuentro cara a cara con el Gobierno.
Todos estábamos esperando ese encuentro para negociar el acuerdo humanitario y, una vez adelantado, proceder a su puesta en marcha.
Todos los esfuerzos que hemos hecho han estado encaminados a ese objetivo.
Sin embargo, cuando abrimos el espacio para la facilitación del presidente Chávez, las mismas Farc fueron a Caracas y le dijeron al Mandatario que no se reunían con el Gobierno en Venezuela sino en Pradera y Florida, cuando se despejaran estos dos municipios.
Hemos estado cinco años dándole vueltas a un tema de procedimiento que es la zona de encuentro, pero sin éxito alguno. Sólo ahora podemos plantear esta alternativa porque hemos agotado todas las instancias previas.
¿Con esta última apuesta jurídica para el canje se podrían dejar atrás los inamovibles?
Nosotros mantenemos las otras propuestas que le hemos hecho a las Farc. Por ejemplo la propuesta de la zona de encuentro.
Porque en algún momento se van a necesitar para hablar de otros temas humanitarios o para incidir un proceso de paz.
La metodología de estas propuestas la mantenemos: una zona rural sin presencia de la Fuerza Pública, pero sin ocupación militar por parte de la guerrilla, con garantes internacionales y sin poner en riesgo a la población civil.
Igual si las Farc quieren sacar adelante un proceso de paz, el Gobierno está dispuesto a hacerlo. Esperamos que tengan el buen juicio y entiendan que vale la pena dar este paso sin que esto anule otros caminos que se deben dar para consolidar la paz en el país.
¿El Gobierno revisará los reparos que hizo el Fiscal General y la ONU sobre temas como el respeto a la verdad, justicia y reparación, y la excarcelación de guerrilleros?
Vamos a revisar esos temas y a tener en cuenta que, además de los secuestrados, que son víctimas directas de este drama, existen otros actores que han padecido por los delitos cometidos por los guerrilleros que están en las cárceles.
Ese es un punto que consideramos válido y que vamos a evaluar. Otra de las preocupaciones es la de mirar, caso por caso, la situación judicial de los posibles excarcelados.
En este punto la Ley no nos pone limitaciones.
Y eso el Gobierno lo ha manejado con suficiente claridad. Pero si hay que mirar el tema, lo haremos en aras de la transparencia del proceso.
¿No es un riesgo para la Seguridad que los excarcelados vuelvan a delinquir?
En el eventual caso en que los miembros de la guerrilla excarcelados retornaran a las actividades delictivas, el Gobierno tiene confianza en los mecanismos de seguridad para controlar esta situación.
Claro que es un riesgo, pero hace parte de un objetivo, que es lograr la liberación de los secuestrados. Si bien este incumplimiento supondría un riesgo para la seguridad de los ciudadanos, es necesario dar ese paso.
¿El Gobierno ha contemplado de nuevo nombrar otro mediador que le dé confianza a las partes?
Nosotros no podemos estar buscando facilitadores todos los días. En este proceso con las Farc hemos tenido facilitadores de la talla del presidente de Venezuela Hugo Chávez, o el Secretario General de la ONU, hasta ex presidentes como Alfonso López o Ernesto Samper, y a todos la guerrilla les ha dicho que sólo hablarán con el Gobierno cuando se dé el despeje de Pradera y Florida.
Lo que no podemos hacer es estar buscando la calentura entre las sábanas. Aquí el problema no es de mediadores, sino de que las Farc siguen persistiendo tercamente en el despeje de dos municipios para empezar a negociar y esto el Gobierno no lo va a hacer nunca.
Hay unos facilitadores autorizados: la Iglesia y dos europeos, un suizo y un francés. Consideramos que son suficientes.
El caso de la senadora Córdoba.
Respeto su espíritu decidido en buscar la liberación de unos colombianos, pero no comparto lo que ha dicho últimamente sobre mí, de que yo fui el artífice de la muerte de ‘Raúl Reyes’, que a instancias mías un funcionario francés había llamado al subversivo y que entonces lo habíamos localizado para después bombardearlo.
Un consejo para la senadora: que sea más prudente y no diga más que yo soy un monstruo de la guerra.
¿En qué va el proceso de acercamientos con el Eln?
Tuvimos varias dificultades con el Eln. Este grupo al margen de la ley se negó a identificar sus miembros y a ubicar sus hombres durante un cese de hostilidades, lo cual hace imposible la verificación.
En el tema del cese al fuego. Lo que el Eln debe entender es que un cese de hostilidades es serio.
Se negó también a abordar el tema de la dejación de las armas. Y con armas en la mano es muy difícil llegar a algo concreto.
Además, los mandos medios de esta agrupación se están llenando los bolsillos con dinero proveniente del narcotráfico y por eso no han querido lanzarse de lleno a una solución política viable. El Eln no puede seguir en una situación de tibieza.
En esto se necesita audacia y este grupo debe tenerla.
¿Han habido nuevos contactos?
No. Hasta ahora el Eln no se ha contactado con el Gobierno. Desde noviembre pasado.
Pero nosotros tampoco hemos suspendido la posibilidad de reactivar los diálogos. Lo que sí queremos dejar en claro es la voluntad del Ejecutivo de dar pasos importantes con este grupo armado.
Pero es necesario que cabecillas tengan la voluntad para concretar una solución política.
Ellos han preferido esforzarse en hacer las paces con las Farc, que llegar a una verdadera salida pacífica.
¿El Gobierno presentará nuevos proyectos para buscar la solución jurídica para los 19 mil paramilitares rasos, o se la juega con la Ley de Justicia y paz?
Al interior del Gobierno se ha logrado un consenso en tomar el artículo 69 de la Ley de Justicia y Paz para seguir con el proceso jurídico de los 19.300 desmovilizados de las Auc.
Por este motivo le pediremos formalmente a la Fiscalía y a la Procuraduría General que se aplique la normatividad vigente.
Esta norma no ha sido cuestionada constitucionalmente por las Altas Cortes, y por lo tanto será con base en ella que los miembros de estos grupos ilegales serán beneficiados o no, dentro de este proceso jurídico.
