INTERVENCIÓN DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, LUIS CARLOS RESTREPO DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE DERECHOS HUMANOS
Salón Elíptico Senado de la República
Marzo 28 de 2008

Escuché con atención los dos testimonios y, de verdad, duele que esta historia de violencia sexual y cotidiana siga siendo una realidad en Colombia. He hablado mucho de la doble victimización de la mujer que, por un lado, sufre estos vejámenes y abusos que comprometen su integridad y su dignidad y por otro lado, la sordera institucional que tiende a desaparecer el hecho.

Eso resaltó el valor humano de dos mujeres que he escuchado y que levantándose por encima de su dolor optan por testimoniar públicamente esta situación, ya que es la manera de generar conciencia y obligar a las autoridades, al Estado, al Gobierno, dentro de cuyos funcionarios me encuentro, para que no solamente se visibilicen estos delitos sino que se actúe con mayor contundencia.

Permanentemente, no solo los seres humanos, sino también en la dinámica política, en la relación entre el Estado y los ciudadanos, tenemos que estarnos haciendo estos llamados. Los seres humanos tendemos a la inercia. Los problemas nos van sobrepasando y permanentemente hay que estar haciendo este ejercicio, esto que los ingleses llaman el `check and balance` permanente de la democracia. Y estos reclamos de los ciudadanos son muy importantes para que los funcionarios reactivemos nuestros sistemas de alerta y control. Comparto entonces esa justa demanda que se ha hecho en cuanto a que dentro de todo este compromiso en marcha, con la verdad, la justicia y la reparación, lo que tiene que ver con los crímenes contra las mujeres y específicamente la violencia sexual, tenga un lugar mucho más destacado y preponderante.

Yo siento una íntima satisfacción de haber ayudado a posicionar en Colombia el debate sobre verdad, la justicia y la reparación. Porque la tarea de los comisionados de paz es básicamente el de hablar con los victimarios. No es una tarea fácil. Personalmente, y eso lo saben quienes me conocen en lo personal, y también los grupos armados ilegales que hablan conmigo, yo poca simpatía tengo hacia quienes recurren a la violencia y ejercen la violencia con cualquier justificación. Pero entiendo plenamente la tarea que se me ha encomendado. Hay que hablar con los victimarios y hay que buscar, también, caminos de reconciliación con los victimarios. Sin embargo, ha habido una injusticia histórica, y es que se habla con los victimarios, se perdona a los victimarios, pero se silencia a las víctimas.

Hasta que empezó este Gobierno nunca en ningún proceso de paz el componente de verdad, de justicia y de reparación, había estado incluido. En todos los años que duró el proceso de paz con las Farc nunca hubo una audiencia en el Caguán sobre verdad, sobre justicia y reparación. Aún más, el tema nunca fue abordado. ¿Por qué? porque siempre se suponía que los victimarios iban a recibir indulto y amnistía, perdón y olvido por sus delitos. Nosotros fuimos muy claros desde el primer momento. Podemos perdonar la ofensa que el grupo armado ilegal ha hecho contra el Estado, ¿que es cuál? levantarse en armas contra la autoridad legítima. Entre otras cosas, porque es lo único que podemos perdonar, ya que, en este caso, el bien afectado, es el bien común del monopolio de la fuerza y la justicia, en manos del Estado. Pero el Estado no puede perdonar un delito cuando la víctima ha sido un ciudadano y un particular. Es decir, nosotros podemos perdonar el acto de la rebelión, de la sedición, del concierto para delinquir, del porte ilegal de armas o del uso de prenda privativa de las fuerzas militares, pero nosotros no podemos perdonar ni el homicidio, ni el secuestro, ni la violación, ni la masacre.

En esa medida, como parte de un proceso de paz debe haber un componente de justicia que le permita a estos victimarios, que contribuyen a la consecución de la paz nacional, por un lado, seguir contribuyendo a la construcción de la paz, pero por otro lado, responder por sus delitos.

Después de un largísimo debate, de cara al país, llenos de estigmatizaciones y polarizaciones, porque es que está el dolor de por medio y cuando hay tanto dolor es difícil encontrar las palabras exactas y los gestos exactos. Finalmente, tuvimos esa ley 975 del 2005 con los decretos reglamentarios. Y yo creo, que ahí hemos dado un paso histórico. Yo hablaba el año pasado con el señor fiscal de la Corte Penal Internacional y me decía, es insólito lo que usted me cuenta. Yo en este momento estoy enfrentando los procesos de África y Asia, y allá me están pidiendo indulto y amnistía, usted es el único Comisionado de Paz que me dice que los victimarios hay que llevarlos ante los jueces, esto es de mostrar en el mundo.

Yo creo que un propósito nacional tiene que ser, el que lo logrado en la Ley de Justicia y Paz no solamente se aplique a los paramilitares, sino a las guerrillas. Yo tuve veinte meses de diálogo con el ELN, entre diciembre de 2005 y noviembre del año pasado y el tema de la verdad, la justicia y la reparación, no entró. No hubo ni organismos internacionales, ni organizaciones civiles, que exigieran que al ELN había que pedirle verdad, justicia y reparación. Las Farc siguen creyendo que pueden hacer un proceso de paz y que van a obtener perdón por sus delitos.

Yo creo que es muy importante que entendamos como una ganancia nacional, la aplicación de este procedimiento porque es al menos cínico, que las guerrillas le digan al Gobierno que la Ley de Justicia y Paz es una ley de impunidad, pero no están dispuestas, ni siquiera, que esa ley se les aplique a ellos mismos. Creo que tiene que haber un procedimiento similar aplicado a las guerrillas y quienes han cometido delitos atroces tienen que entender que les abrimos una puerta a la reconciliación pero que este componente de verdad, de justicia y de reparación es necesario para la sociedad y para el mismo victimario.

Yo que he sido interlocutor de los señores de las autodefensas, conozco además por mi propia formación psiquiátrica los cambios que ha habido en ellos, cuando han tenido que entrar a reconocer públicamente sus delitos. Porque quien ejerce estas violencias, desde los grupos armados ilegales, siempre las justifica. Eso es un proceso, no es fácil. Pero es muy importante que los victimarios también, para reconciliarse con ellos mismos, den ese paso.

Un elemento importante que yo quiero resaltar, he escuchado muchas veces al señor fiscal decir que la Corte Internacional nos condena, no tanto porque en Colombia haya crímenes sino porque no se los investiga y porque no se sanciona a los responsables. Pues, porque crímenes hay en todas partes y la naturaleza humana lleva a que haya crímenes, entonces yo creo que hay que medir las ganancias, en términos de cuánto puede ahora la justicia avanzar en investigaciones, cuanto puede la justicia avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Y en ese sentido yo sí tengo claro lo que pasaba en el país antes del desmonte de estos grupos de autodefensas. Era un país intimidado. Cuando yo llegaba a las zonas donde estaban las autodefensas uno percibía un miedo denso y se podía cortar con cuchillo, la gente no hablaba. Había un poder ilegal que dominaba allí en la sombra. Una vez las autodefensas empezaron a entregar las armas, sus jefes a visibilizarse, también la gente empezó a perder el miedo.

Yo recuerdo muy claro el caso de la desmovilización de este grupo, que actuaba en los Montes de María, donde había un hombre muy conocido, alias “Cadena”, que ejercía gran terror en esa población; una vez se desmovilizó ese grupo y entregó las armas la gente empezó a perder el miedo y las autoridades judiciales pudieron actuar y empezaron a crecer las denuncias y se pudieron encontrar las fosas; lo mismo pasó en el Catatumbo.

Entonces, la desmovilización en sí misma produce un efecto positivo porque ese grupo armado que hace presencia en el territorio que coacciona ya no está. Los hombres ya no están en la clandestinidad sino que sus caras son visibles. Todo eso va ayudando a que se consolide la acción de la justicia. Pero aún más, eso permitió investigaciones como la de la parapolítica. Yo recuerdo cuando los jefes de las autodefensas todavía en acto de arrogancia decían, es que si nosotros decimos toda la verdad se hunde este país. Yo les decía, señores de las autodefensas, ustedes cumplan con lo que les corresponda que es decir la verdad, nosotros cumplimos con lo que nos corresponde, que es sostener la democracia en este país y será la historia la que diga quien hizo lo que tenía que hacer.

Nosotros no le hemos tenido miedo a la verdad y me siento muy satisfecho también de hacer parte de un Gobierno que ha dado todos los instrumentos para que se conozca la verdad. Ayer salía en primera página de El Tiempo, que quince miembros de la Fuerza Pública iban a ser capturados, en investigaciones relacionadas con unos crímenes sucedidos en esta administración. Eso hace parte de la democracia, y yo le recordaba ayer al Presidente, le decía, Presidente quiero recordarle que ese testigo, es el testigo que usted me dio orden de proteger, porque recibimos una solicitud de la Fiscalía de proteger ese testigo desde el momento en que empezó a hablar y por orden presidencial hemos tenido todo un dispositivo protegiéndole la vida a este hombre para que hablara. Y uno se siente satisfecho de haberlo hecho. ¿Por qué? porque tenemos que contribuir activamente a que la justicia actúe.

Finalmente quiero referirme a otras víctimas. A las víctimas del secuestro y especialmente a una mujer secuestrada, a Ingrid Betancourt. Hemos tenido información reiterada en las últimas semanas sobre el deterioro de la salud de Ingrid. Finalmente logramos confirmar estos rumores a través del señor Defensor del Pueblo quien nos confirmó ayer que evidentemente, en su condición de garante de los Derechos Humanos y por la investidura que él tiene, personas de alta credibilidad le confirmaron que Ingrid está mal de salud.

Ella ha asumido una actitud de rebeldía frente a sus captores, que es digna de admirar. Pero esa misma actitud de rebeldía le complica su vida cotidiana. Entonces, parece que ha perdido peso, parece que se deshidrata con facilidad y que sus captores han buscado paramédico para atenderla. A nosotros nos preocupa que se maneje la salud de la doctora Ingrid en condiciones tan precarias como las de la selva. Por eso y después de escuchar con atención, al doctor Luis Eladio Pérez, que ha venido adelantando unas gestiones y a otras personas que nos han pedido que demos un paso adelante, dimos ayer un paso muy importante, expedimos un decreto reglamentario del artículo 61, de la Ley de Justicia y Paz y me voy a permitir explicar muy brevemente de qué se trata y dejar una pregunta para ustedes.

La Ley de Justicia y Paz tiene dos propósitos: por un lado, el más conocido por todos ustedes, que es adelantar procesos con grupos armados ilegales, facilitar su reinserción a la vida civil, pero el otro propósito es que se puedan avanzar en acuerdos humanitarios. Ese segundo propósito es el que le da soporte a un capítulo, que es el capítulo 11, de la Ley de Justicia y Paz, donde está el artículo 61. ¿Qué establece el artículo 61? Que el Gobierno puede solicitar a los jueces que se suspenda la ejecución de la pena de miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley, reglamentado ese artículo de una manera muy simple, muy sencilla; decimos que basta con que se libere la persona secuestrada y el Gobierno entenderá que el acuerdo humanitario se ha realizado, y que por tanto estamos facultados para solicitar a la autoridad judicial la suspensión condicional de la pena. Esa es la decisión del Gobierno, así la hemos anunciado y la mantenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros entendemos que hay un mecanismo especial, diferente a los ya establecidos en el código penal para conceder ese beneficio de la suspensión condicional de la pena y que esto podría abarcar delitos graves y que no tiene límite en cuanto a la pena impuesta.

Así hemos entendido nosotros este artículo y este decreto reglamentario. Sin embargo, entendiendo que vamos a ayudar a aliviar el sufrimiento de las víctimas del secuestro se nos ha hecho una pregunta, primero nos la hizo el señor Procurador, hoy nos la hizo Naciones Unidas. ¿Y qué pasa con las víctimas de las víctimas directas de estas personas que van a recibir el beneficio?

Una cosa es que se libere el secuestrado, pero otra cosa es que quien va a salir de la cárcel es además responsable de otros delitos. ¿Qué pasa con la verdad, la justicia y la reparación? ¿Acaso ese beneficio se puede aplicar a cualquier delito? Nosotros en principio hemos dicho que no tiene límite; pero quisiéramos que el país nos acompañara en ese debate porque con frecuencia se le piden al Gobierno grandes esfuerzos por el acuerdo humanitario, pero se olvida que lo que está pidiendo la guerrilla a cambio es que criminales responsables de delitos atroces salgan de las cárceles para volver a delinquir. Nosotros no quisiéramos ser injustos, pero necesitamos que el país nos acompañe y nos de luces. Y así como dimos ese enorme e importante debate alrededor de la Ley de Justicia y Paz demos también un debate sano, porque qué tal que nosotros al momento de aplicar el beneficio, resulte una instancia internacional que nos diga, no puede hacerlo. Y entonces mientras estamos buscando la liberación de los secuestrados vamos a terminar bloqueados porque no podemos aplicar ese mecanismo.

Nosotros no quisiéramos que las víctimas directas de estos señores de la guerrilla se sientan violentadas por el Gobierno. De hecho, estamos trabajando un decreto que ya está prácticamente listo para su expedición y muy probablemente sea expedido la semana entrante, que le va a permitir a los miembros de la guerrilla, que están en las cárceles, someterse a Justicia y Paz, pero cumpliendo los requisitos. Porque muchas veces la gente le presta atención es al beneficio que se va a recibir en Justicia y Paz pero no a todos los requisitos que deben cumplirse. Y si estos señores de la guerrilla que ya están en la cárcel van a contar la verdad, a reparar a las víctimas, a entregar bienes ilícitos, ayudar a desmantelar organizaciones ilegales, a consolidar la institucionalidad en el país, nosotros creemos que eso justificaría plenamente que se les conceda el beneficio de la pena alternativa, pero en ese caso va a haber un componente especial de verdad, justicia y reparación.

¿En este caso qué hacemos? Este debate apenas comienza. Yo quiero dejarles esta inquietud. Le he dicho a Naciones Unidas es legítima la preocupación que ustedes tienes, exprésenla ante el país y es legítima la preocupación que en su momento nos ha expresado el señor Procurador, pero sobre esas dificultades yo quiero decir que prima la voluntad política. Nosotros sí quisiéramos que este paso que dimos ayer sirva como un camino a las Farc, que las Farc entiendan que pueden tener el gesto humanitario de liberar a Ingrid y que, apenas la liberen, ya por el decreto reglamentario que expedimos ayer, el Gobierno queda comprometido con ellos a otorgarles unos beneficios a los miembros de esa organización que están en las cárceles. Estamos dispuestos a asumir automáticamente ese compromiso con la sola liberación de la doctora Ingrid y de los demás secuestrados. Eso es voluntad política. Y de ahí en adelante mantenemos las ofertas de una zona de encuentro, de un proceso de paz, así como le hemos dicho al ELN, mantenemos toda nuestra disposición para firmar ese Acuerdo Base cuyo texto quedó listo a finales del año pasado.

Hagámoslo de cara al país, involucrémosle un componente de verdad, justicia y reparación y yo creo que si logramos esto seguiremos por el camino correcto.

Muchas gracias por su atención.