DECLARACIONES DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, LUIS CARLOS RESTREPO AL TÉRMINO DE LA CITACIÓN EN LA COMISIÓN PRIMERA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Junio 4 de 2008

P.- ¿El principio de oportunidad es o no la salida jurídica a los desmovilizados?

R.- Hemos escuchado al señor Fiscal General de la Nación, ha respondido a la solicitud del Gobierno de aplicar el Artículo 69 de la Ley de Justicia y Paz a los desmovilizados colectivos de las Autodefensas. Él es un operador judicial fundamental para poder aplicar este artículo. Él ha dicho que no es posible, en este momento y, como el dicho centenario, “Cuando Roma locuta, causa finita”, es decir, en este momento no existe una fórmula para solucionar la situación jurídica de los 19.377 desmovilizados. El señor Fiscal General de la Nación ha planteado la eventualidad de aplicar el principio de oportunidad, esto implicaría cambiar totalmente el marco legal de los procesos de paz, porque, entonces, ya no estarían soportados en la Ley 782 de 2002 y 1106 de 2006, que faculta al Gobierno para adelantar acuerdos y en tal medida, solicitar la concesión de beneficios, sino que prácticamente esto pasaría a la instancia judicial.

Creo que ese es un debate que tiene que dar el país. Yo he señalado con claridad, en la Comisión Primera de la Cámara, que si esta es la interpretación que se da, quedamos sin soporte jurídico para adelantar procesos de negociación con grupos armados al margen de la ley, porque no es solamente el artículo 69 de la Ley de Justicia y Paz el que queda cuestionado, queda cuestionado igualmente, el artículo tercero, parágrafo primero de la Ley 782 de 2002, que es el que define a los grupos armados organizados al margen de la ley, y los otros artículos de esta ley que permiten adelantar diálogos, acuerdos y beneficios por desmovilización. Pero además quedan cuestionados varios artículos de la Ley 975 de 2005 ya que, tanto la Ley de Justicia y Paz, como la Ley de Orden Público son complementarias.

Entonces, tampoco podríamos nosotros acreditar la condición de desmovilizados a las personas que van a recibir beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Es decir, se generan muchísimas incertidumbres jurídicas y por eso, nosotros hemos dicho, en el seno de la Comisión Primera de la Cámara, si esta es la conclusión a la que se llega, asumamos el debate responsablemente de cara al país. Lo que nosotros no compartimos es que se le dé un tratamiento diferencial a los desmovilizados de la guerrilla y a los de las Autodefensas, que se diga que la guerrilla comete delitos altruistas por el bien de la humanidad y que las Autodefensas no. Ese tipo de argumentos están ya llamados a recoger, aquí de lo que se trata es de tener claridad de hasta dónde puede llegar el Gobierno en diálogos y conversaciones con grupos al margen de la ley y qué tipo de beneficios vamos a otorgar. Y si las decisiones que se toman van en uno u otro sentido, en que se mantenga la competencia al ejecutivo, o simplemente se entreguen unos beneficios judiciales, eso cambiará sustantivamente lo que sigue en adelante.

Nosotros creemos que hemos recorrido un buen camino, tenemos 48 mil desmovilizados, tenemos unas Farc desmovilizándose, mil 200 miembros de las Farc se han desmovilizado este año, incluidos mandos medios; otorguémosles algún beneficio de reincorporación a estas personas que se están desmovilizando, consolidemos la política de Seguridad Democrática, pero tengamos claridad en los instrumentos que se van a aplicar y definamos si aquí lo que prima es la instancia del Ejecutivo, de diálogo y negociación o lo que prima es la instancia Judicial para la concesión de unos beneficios jurídicos.

P.- ¿Su oficina está jurídicamente en el limbo en este momento… en este tema?

R.- No. Lo que yo creo es que con esta interpretación queda muy cuestionado el soporte jurídico para adelantar conversaciones. En mi condición de Alto Comisionado para la Paz, y representando no sólo al Gobierno, sino a todo el Estado, yo firmé unos acuerdos con las Autodefensas Unidas de Colombia y esos acuerdos los firmé ajustándome a la ley para desmovilizar este grupo y reincorporarlo a la civilidad. Si ahora no puede el Gobierno invocar esa misma Ley 782 de 2002 para entregar los beneficios, ¿entonces en qué quedamos? Quiere decir que el soporte normativo se viene al suelo y es supremamente complicado que las acciones adelantadas por el Alto Comisionado para la Paz, en nombre del Estado, no tengan el adecuado soporte con el apoyo de todas las ramas del Poder Público.

Aquí se abre un debate muy profundo. El Gobierno no ha eludido el debate. Desde el año pasado lo hemos mantenido. Han insistido aquí los honorables representantes que hay otros autos de la Honorable Corte Suprema de Justicia donde se ratifica un punto de vista que ellos consideran, cambia de manera sustantiva el marco jurídico y normativo para adelantar procesos de diálogo. Entonces, a las incertidumbres propias de los procesos de paz con grupos al margen de la ley, se suman ahora las incertidumbres jurídicas porque en el marco del Estado de Derecho no hay una claridad en cuanto a los pasos a dar. El Gobierno seguirá dando el debate. Nosotros creemos, por supuesto, que debe haber algunos beneficios por reincorporación y creemos que debe haber igualdad de condiciones entre desmovilizados de las Autodefensas y de la guerrilla. Sobre esos supuestos siempre tenemos un talante democrático, liberal, abierto a la confrontación de opiniones, con todo el respeto, pero advirtiendo las enormes dificultades que se abren y se presentan cuando se dan interpretaciones de este tipo.

P.- ¿Qué mensaje le envía el Gobierno a estos 19 mil desmovilizados?

R.- A estos 19.377 desmovilizados los llamo a la cordura y a la responsabilidad. El Gobierno no los va a dejar solos. Yo los invito a que continúen dentro del proceso de reincorporación a la vida civil. Hace apenas tres días, cuando la OEA presentó su informe sobre el proceso de paz en Colombia, en el marco de su Asamblea en Medellín, fijó como primera prioridad para consolidar el proceso de paz con las Autodefensas, solucionar la situación jurídica de estos desmovilizados. También el señor Alto Consejero para la Reintegración, nos ha dicho que es la mayor urgencia. Entonces, asumimos ese compromiso, es una urgencia solucionar su situación jurídica. Yo los llamo a que mantengan su compromiso, el Gobierno les seguirá respondiendo, pero entre tanto, tendremos que dar este debate público y tendremos que consolidar una alternativa que nos permita pasar esta página. Estas personas no pueden quedar eternamente en el limbo o en el purgatorio sin saber cuál va a ser su situación. Corresponden a cerca de la mitad de los desmovilizados en este Gobierno, estos 19.377 desmovilizados superan en cuatro veces el total de desmovilizados a finales de los años noventa, es decir, es un número muy significativo de personas, y nosotros tenemos que encontrar con rapidez una salida jurídica y seguiremos insistiendo en ello.