INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE COLOMBIA, ÁLVARO URIBE VÉLEZ, ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS.
New York
Versión editada - temas paz
Septiembre 27 de 2007

Permítanme afirmar ante las Naciones Unidas: los asesinatos y secuestros han sido obra de terroristas. Primero fueron las guerrillas marxistas, que al introducir su perverso esquema de la “combinación de todas las formas de lucha”, asesinaban y secuestraban y penetraban también sectores de obreros, estudiantes, políticos, periodistas. Después llegaron los paramilitares e hicieron lo mismo, y asesinaban a trabajadores acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla, que en reciprocidad asesinaban a quienes consideraban amigos del paramilitarismo. En algunas partes del país, el enfrentamiento de las dos guerrillas que aún subsisten, es fuente también de asesinato de trabajadores.

Superar definitivamente este flagelo es designio irrenunciable de nuestra política de Seguridad Democrática.

A propósito de lo anterior, tenemos tres objetivos de Gobierno: consolidar la Seguridad Democrática, consolidar la confianza inversionista y lograr nuestro programa social, más ambicioso que las metas de los Objetivos Sociales del Milenio, que aspiramos a cumplir antes de la fecha prevista por las Naciones Unidas.

En materia de Seguridad Democrática vamos ganando pero no hemos ganado todavía. Con persistencia y transparencia Colombia superará el terrorismo financiado por las drogas ilícitas.

Tenemos una democracia antigua, respetable, todos los días más profunda. Nos aproximamos al quinto certamen electoral presidido por este Gobierno y es más evidente la transparencia y la eficacia de las garantías a todos los contendores. Para proveer 18.332 cargos de elección popular directa hay inscritos 86.347 candidatos de 235 orígenes políticos diferentes.

Ello ocurre en un país que hace cinco años enfrentaba a 60.000 terroristas, donde todavía quedan alrededor de 11.000. Para combatirlos, profundizamos la democracia en lugar de cercenarla, protegemos las libertades en vez de suprimirlas, estimulamos el disenso al contrario de silenciarlo. Nuestra lucha contra el terrorismo la observan críticos nacionales e internacionales, sin ninguna restricción para estar en el país y decir lo que quieran.

Nuestra práctica democrática nos da la autoridad política para decir que aquellos que están en armas, financiados por drogas ilícitas, no son insurgentes contra la opresión sino terroristas contra la libertad. No nos negamos a negociar con ellos, si cesan sus acciones violentas, pero no permitiremos que la negociación sea una trampa que les facilite la destrucción de nuestra democracia. Hemos logrado la desmovilización de 46.000 integrantes de las diferentes facciones, y adelantamos con ellos un proceso de reinserción, costoso y complejo, que exige verdad, justicia y reparación a las víctimas.

Y entonces aquí llegamos al Acuerdo Humanitario para la liberación de los secuestrados que permanecen en poder de los terroristas de las Farc. La mayor parte de ellos fueron secuestrados antes o durante el período de la zona de despeje del Caguán, que duró 42 meses. No entendemos que las Farc pidan zona de despeje para liberarlos si la tuvieron durante tanto tiempo y no los liberaron. El país estuvo despejado muchos años, sin seguridad, lo que permitió la casi toma total por parte de la guerrilla y del paramilitarismo. Los ciudadanos no quieren terroristas, imploran la presencia única del Estado en todas las regiones. Nosotros estamos dispuestos a un Acuerdo Humanitario, pero no podemos permitir zonas de despeje, que son finalmente campos de concentración a cargo de terroristas. Tampoco permitiremos que quienes salgan de la cárcel regresen al delito, pues sería una afrenta al sacrificio de los soldados y policías de la Patria.

Hemos liberado unilateralmente a 177 integrantes de las Farc; más Rodrigo Granda, de alto rango en esa organización, éste por petición del Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy. Hemos dado el consentimiento para que muchas personas e instituciones sean facilitadoras. La única respuesta de los terroristas ha sido el asesinato aleve de los 11 diputados vallecaucanos, secuestrados durante más de cinco años, y el constante asesinato de luchadores de la democracia, como los ocurridos en las últimas semanas, que ha hecho víctimas a Julio César Marentes y Alberto Martínez Barbosa, ambos candidatos a alcaldías municipales en Villarrica y Río Blanco, en el Departamento del Tolima, pertenecientes a partidos de la coalición de Gobierno.

Las opciones abiertas para la liberación de nuestros secuestrados, que incluyen una ciudadana francesa además de colombiana y tres ciudadanos de los Estados Unidos, no son opciones para el posicionamiento político del terrorismo. Colombia no permitirá que la recuperación de su soberanía legítima y democrática se frustre para devolver espacio nacional o internacional al poder asesino del terrorismo. Si los terroristas quieren hacer política que renuncien a su actividad de derramar sangre y se sometan a la Constitución.

Recientemente, el Gobierno autorizó a la senadora Piedad Córdoba, opositora de nuestra administración, para actuar como facilitadora del Acuerdo Humanitario. También aceptamos la ayuda del Presidente Hugo Chávez, de Venezuela, quién se reunirá en breve con representantes de las Farc. El Presidente Chávez ha invitado a algunos congresistas de los Estados Unidos a acompañarlo en esa reunión, que nuestro Gobierno comparte, con la sugerencia de que la delegación norteamericana sea bipartidista, para preservar esa aproximación en la relación con Colombia. Celebramos la disposición positiva del Gobierno de los Estados Unidos.

Hemos hecho reservas para defender los superiores intereses de nuestra democracia y estimulamos la tarea del Presidente Chávez y la Senadora Piedad Córdoba porque estamos comprometidos con la liberación de los secuestrados.

El desmonte del paramilitarismo, el debilitamiento de la guerrilla, la recuperación de garantías eficaces para la democracia, más allá de la retórica, la protección del periodismo libre en un país donde llegaron a asesinar a 15 periodistas en un año, este año se ha presentado un caso, son hechos que nos permiten mirar a los ojos a los ciudadanos del mundo para reclamar apoyo total a nuestra política de Seguridad Democrática.

Hoy no hay paramilitarismo. Hay guerrillas y narcotraficantes. El término “paramilitar” se acuñó para denominar a organizaciones privadas criminales cuyo fin era combatir a la guerrilla. Hoy, el único que combate a la guerrilla es el Estado, que ha recuperado el monopolio que nunca debió perder.