PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE DURANTE EL FORO DE BIARRITZ
Versión Editada - Temas Paz
Septiembre 29 de 2005.
- "No tener el acuerdo humanitario es un freno a la Seguridad Democrática, es un factor de preocupación permanente del Gobierno".
- "Estamos abiertos a encontrar opciones, pero pido la comprensión internacional, y especialmente la comprensión de Francia".
- "¡Nosotros no podemos aceptar la desmilitarización!"
- "Estamos dispuestos a dar en un sitio todas las garantías para el acuerdo humanitario"
- "La lucha del pueblo colombiano contra el secuestro no se puede desestimular permitiendo que salgan de la cárcel delincuentes para volver a secuestrar".
GOBERNABILIDAD
La gobernabilidad no tiene hoy sino una manera de ser construida: alrededor de la práctica cotidiana de una democracia moderna, incluyente, con liderazgos constructivos sin caudillismo, regida por instituciones y no por caprichos.
Para lograr esa democracia, están obsoletas las viejas divisiones entre izquierda y derecha que fueron importantes cuando en América Latina había gobiernos dictatoriales, pero están hoy dejadas atrás por el curso de los tiempos, divisiones polarizantes, como lo han demostrado crecientes episodios que por fortuna se superaron como el proceso para elegir al nuevo Secretario de la OEA (Organización de Estados Americanos) y adicionalmente divisiones imprácticas.
Qué difícil es, cuando se tienen los mismos retos del respeto a la regla democrática, de la construcción de cohesión social, de la provisión de bienes como el bien de la seguridad a los ciudadanos, profundizar en el Gobierno diferencias que aparentemente son irreconciliables en los discursos de campaña alrededor de supuestas posiciones de izquierda o de derecha.
En lugar de ello, necesitamos, pues, esa democracia que garantice la gobernabilidad, que tiene que ser una democracia con Seguridad Democrática, con respeto a la eficacia y a las libertades públicas, en un proceso permanente de construcción de cohesión social, con transparencia, que genere confianza y con instituciones que hagan prevalecer la permanencia del ordenamiento jurídico sobre el paso efímero de los hombres.
Muchos de ustedes me han preguntado: '¿por qué nuestro proceso de Seguridad lo llamamos democrático?' Por nuestra vocación en favor del pluralismo y para contrastarlo y diferenciarlo de procesos que se dieron en América Latina.
Nuestro Continente fue recorrido por el fantasma de la doctrina de la Seguridad Nacional, la doctrina de la Seguridad Nacional se utilizó para castigar y anular el disenso, para perseguir la oposición, para suprimir las libertades públicas en nombre de la seguridad, para frenar los procesos contestatarios que buscaban reivindicaciones sociales.
La nuestra es Democrática porque tiene una total vocación, un comprometimiento sin duda, en favor del pluralismo. La nuestra es Democrática porque su interés es que las instituciones protejan por igual al integrante de la oposición que a aquellos seguidores más afectos de las tesis de gobierno de turno. La nuestra es Democrática porque busca proteger por igual a todos los colombianos, independientemente de su condición de líderes empresariales o de líderes sindicales, de su condición de campesinos o de empresarios rurales.
Muchos me han preguntado: '¿por qué la insistencia del actual Gobierno de Colombia para señalar de terroristas a aquellos que insisten en la acción armada?' Déjenme referir a dos aspectos.
En otras partes, alcanzaron a tener la legitimidad que aquí buscaron porque allá su insurrección armada estaba justificada en la lucha contra la dictadura. Aquí estamos en un proceso de profundización democrática.
En algún momento, trataron de legitimar su acción armada para construir un orden social más justo, su acción armada ha producido más pobreza, menos inversión, más desempleo, menos posibilidades de construcción de cohesión social.
Recuerdo que, cuando finalmente nuestra Patria se aprestaba a dar ese paso tan importante que el Presidente Samper reclama, que se debe generalizar como objetivo en la agenda política del Continente, la elección popular de alcaldes después de un siglo de debate, los movimientos guerrilleros se dirigían a las universidades expresando que su insistencia en la lucha armada se fundamentaba en la circunstancia de que Colombia no permitía la elección popular de las autoridades más cercanas.
Aprobada en los años 80 y complementada después en la Constitución del 91, convocada por el entonces presidente César Gaviria Trujillo -quien hoy nos acompaña- con la elección popular de gobernadores y con la introducción de magníficos mecanismos de democracia directa, participativa, que acompañe a la representación, ¿qué ocurrió?: los grupos alzados en armas se convirtieron en los verdugos de los gobernantes de la elección popular.
Alcaldes, gobernadores, diputados y concejales elegidos por el pueblo, se convirtieron en objetivos de la acción de quienes habían justificado esa acción armada porque no se daban esos pasos de democracia directa.
En Colombia falta mucho en materia de seguridad, como en todo, pero permítanme decir que en agosto de 2002, cuando este Gobierno empezó, casi 400 alcaldes de la Patria, de los 1.096 que corresponden a igual número de municipios, no podían ejercer las atribuciones derivadas del mandato popular, por presión de los terroristas
Hoy, gracias a la Seguridad Democrática, todos, con dificultades en unos pocos casos, están ejerciendo el mandato derivado del pueblo.
Me han preguntado muchos: ¿y eso se justifica para denominar estos grupos terroristas?
Cuando leo las legislaciones europeas encuentro que tienen, muchas, una cláusula común: señalan como terrorista la acción armada o de simple amenaza de uso de armas por razones ideológicas, políticas y religiosas.
E indago con los profesores y con los politólogos europeos ¿por qué esa severidad en el señalamiento de los estatutos jurídicos de aquél Continente?, y me contestan: 'ese es el balance necesario al compromiso europeo con la democracia'.
En conclusión, la garantía europea a la democracia les ha justificado a los europeos señalar como terrorista cualquier acción armada perturbadora del libre ejercicio democrático.
Un país que está haciendo los esfuerzos por la profundización democrática que ha hecho Colombia, tiene el derecho, el mismo derecho Europeo, de señalar como terroristas a aquellos que perturban con el uso ilegítimo de las armas el ejercicio cotidiano de la democracia.
Amén de los procedimientos que utilizan, de sus fuentes de financiación que empiezan con la droga y de sus resultados sociales: más de 2 millones de desplazados internamente por la acción de los grupos violentos, 4 millones de colombianos en estampida al extranjero, una disminución preocupante de la inversión privada que apenas empieza a recuperarse, un desempleo que en pocos años saltó del 7.5 a casi el 20 por ciento, todavía está muy alto, en el 11.6 (por ciento). La pobreza, el endeudamiento, el déficit, que saltaron presurosos y que casi convierte a nuestra Nación en un territorio y una población inviables.
¿Se opone nuestro señalamiento de terroristas a la negociación?: no se opone. Por eso, hemos propuesto como condición para la negociación el cese de hostilidades. A semejanza de lo que ocurrió con el proceso irlandés del 'Viernes Santo de 1998' . ¡Urgencia para el cese de hostilidades, paciencia para el desarme y la desmovilización!
Pero no solamente hemos recogido ese ejemplo europeo sino otro. Ese proceso de paz de Irlanda se dio, cuando las políticas de seguridad de Gran Bretaña, habían producido una derrota en el ala más violenta del IRA. Y eso facilitó que aquellos sectores, inclinados a la negociación al interior del IRA, aceptaran la negociación.
Europa nos ha enseñado que, cuando hay un proceso democrático, transparente y profundo, el único camino para enfrentar el terrorismo y conducir finalmente a que hagan un alto, una revisión interna y se apresten a la negociación, es el ejercicio severo de la autoridad.
Hemos propuesto el cese de hostilidades con garantías. Me han preguntado, del Ejército de Liberación Nacional, si al aceptar ellos un cese de hostilidades, el Gobierno entraría a perseguirlos. Les he contestado en Colombia, en público y en privado, en el extranjero, que este Gobierno tiene un compromiso de derrotar el terrorismo pero es un Gobierno que lucha con armas constitucionales y transparentes, que en el momento que acepten el cese de hostilidades, el compromiso de las Fuerzas Institucionales del Gobierno será: no continuar acciones ofensivas contra el grupo que respete el cese de hostilidades.
Me preguntaron si aceptaría un garante, dije: ¡por supuesto! Me indicaron que si podía ser México e inmediatamente lo aceptamos. El Presidente (Vicente) Fox envió un Embajador especial para el caso. ¿Y qué pasó?: cuando estábamos próximos a firmar el cese de hostilidades, dijeron que tenían que excluir el secuestro del cese de hostilidades porque, si se comprometían a cesar el secuestro, entonces la organización se desintegraría.
¿Cuál fue la reacción del Gobierno?: hoy secuestran contra la Ley y contra la voluntad gubernamental, si se acepta excluir el secuestro de un cese de hostilidades, seguirían secuestrando contra la Ley pero con la anuencia del Gobierno y el Gobierno empezaría a ser cómplice por ser solidario con la violación de la Ley y en materia tan grave, como lo que refiere al delito del secuestro.
Pero seguimos ejerciendo simultáneamente el mandato de autoridad con sentido democrático, para rescatar la seguridad y buscando los caminos del diálogo.
Hace poco, después de una larga controversia, el país aprobó la ley de Justicia y Paz. ¡Por supuesto, no es una obra maestra pero si es un hito importante!
La revisábamos con voceros del Grupo de Toledo en Madrid, con el señor ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, con muchos analistas colombianos y de ella se puede decir que es primera en Colombia y primera en el mundo, en ofrecer un camino de paz y de reconciliación y al mismo tiempo elevar drásticamente los estándares de justicia y de reparación a las víctimas.
Hemos buscado con esa ley un balance entre paz y justicia, hemos buscado que sea universal. Y a los críticos, les he formulado un llamado de atención para invitarlos a la reflexión: ¿qué va a pasar el día que haya una negociación formal con el Eln o con la Farc ?, ¿aceptarán esta ley?
Del Eln, lo primero que hemos escuchado es que ellos demandan amnistía e indulto por cualquier clase de delitos. Esta ley prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces y delitos atroces comenten por igual el Eln, la Farc, que los grupos paramilitares.
Nuestra Constitución de 1991 dispone que no pueden ser elegidos miembros del Congreso de la República , aquellas personas condenadas por delitos diferentes a los políticos o al homicidio culposo. Excluye las posibilidades de elección a los responsables de delitos atroces.
Esta ley, ustedes lo comprenderán, por su jerarquía en el ordenamiento jurídico, no varía la Constitución , menos osaría variar esas normas constitucionales de inhabilidades.
La Farc y el Eln demandarían su llegada al Congreso de la República, independientemente de la gravedad de los delitos.
La Farc ha dicho que no reconoce al Estado colombiano, de allí se deriva su desconocimiento al ordenamiento jurídico, de allí se deriva la circunstancia de que niega haber cometido delitos. ¿Cómo podremos manejar, entonces, nuestros compromisos internacionales y constitucionales que impiden la amnistía y el indulto a los delitos atroces?
Por eso esta ley, que a la luz de algunos parece muy suave con los paramilitares, también parece muy drástica en relación con los guerrilleros, pero hemos buscado que sea equilibrada, que se ajuste a los tiempos, cuando ya no se permite en Colombia ni en la comunidad internacional simples procesos de perdón y olvido, sin que se comparezca a la justicia y sin que se responda por los derechos de las víctimas.
La guerrilla, en los últimos lustros, expresó que no negociaba porque en Colombia no había garantías a la oposición, que no negociaba hasta que Colombia no eliminara a los grupos paramilitares.
En este país se asesinó a la Unión Patriótica, hubo allí varios errores que concurrieron. Primero, se quiso insistir en la mezcla espúrea de llevar al mismo tiempo la acción armada y la acción proselitista democrática. Hay que estar en lo uno o en lo otro, las únicas armas que acepta la lucha democrática, son las armas argumentales. ¡Ojalá!, ese error sirva para que no se repita. Y se cometieron errores de Estado por falta de eficacia para proteger la oposición.
Diría yo, y miro a muy apreciados compatriotas que han dejado sentir duramente y de manera constante su voz de oposición al actual Gobierno, que hemos hecho un esfuerzo eficaz por dar garantías a la oposición. Que la oposición hoy, en Colombia, siempre ha tenido garantías pero hoy las tiene de manera más eficaz gracias a la Seguridad Democrática.
El referendo de 2003 fue una expresión de garantías infinitas a opositores y abstencionistas. La elección de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales de 2003 fue una expresión de garantías al pluralismo.
Se temía que a las grandes alcaldías, a las de mayor importancia, a las gobernaciones de mayor importancia, no pudieran llegar candidatos de los partidos alternativos a los tradicionales, candidatos provenientes de partidos apoyados por antiguos integrantes de guerrilla, movimientos realmente contestatarios. Pues bien, nos aplicamos con el acompañamiento de la justicia, de mano de la Constitución, con la heroicidad de nuestra Fuerza Pública a proteger a todos los candidatos y ¡lo logramos!
¡Qué paradoja para bien de la democracia colombiana! En el Gobierno de la Seguridad Democrática, incomprendido y criticado -lo que está bien en una democracia-, se ha logrado propiciar garantías efectivas a candidatos de la real oposición.
Más de 200 alcaldes han sido elegidos en los últimos meses y la decisión del Gobierno ha sido proteger todos los candidatos, prescindiendo del origen político pero de manera eficaz, asumiendo el Gobierno, responsabilidades por omisión.
Creo que allí hay un gran avance para que el mundo le diga a la guerrilla: 'encontramos, realmente una oposición con mejores garantías efectivas en Colombia, es hora de que ustedes, señores guerrilleros, depongan ese argumento y se apresten a negociar'.
Insistía la guerrilla en el desmonte de los paramilitares, siempre he sido de la tesis, que las fuerzas del Estado no se pueden unir ni abierta ni subrepticiamente con grupos al margen de la ley para combatir otros grupos al margen de la ley. Nuestra política de Seguridad Democrática ha buscado liberar a Colombia, por igual, de guerrilleros y de paramilitares.
Confío, que primero la política de Seguridad Democrática y segundo la ley de Justicia y Paz, el proceso de reinserción -que ya lleva alrededor de 20 mil ciudadanos, en su mayoría provenientes de paramilitares y 6 mil provenientes de guerrilla-, nos permitan avanzar y que Colombia quede bastante liberada del fenómeno del paramilitarismo.
En mis circunstancias, por mis antecedentes de enfrentar a la guerrilla, seguramente muchas personas habrían entendido que al inicio del Gobierno me hubiera unido de manera clandestina o soterrada con el paramilitarismo para acabar con la guerrilla. De pronto iríamos más adelante en la lucha contra la Farc y contra el Eln, pero qué mal camino le habríamos orientado a Colombia.
¡Por convicciones cristianas, democráticas, por deberes de padre de familia, he creído que el único camino válido, así muchas veces no parezca efectivo y tome más largo tiempo, es el camino de la apelación exclusiva de las instituciones!
Hace pocos días, una antigua compañera de luchas políticas, me encontraba en mi ciudad y me decía: 'Álvaro ¿por qué están desmontando el paramilitarismo sin haber acabado con la guerrilla?' Le dije: porque Colombia, para poder derrotar todos los factores terroristas, los tiene que combatir por igual, porque el mundo no nos va a acompañar en la lucha contra el terrorismo si el Estado muestra parcializaciones. Y me dijo: '¿y quién nos va a garantizar ahora la seguridad?' ¡Las Fuerzas Institucionales!, fue mi respuesta.
Ustedes no saben -apreciados visitantes de los diferentes países- la preocupación que hay hoy en muchas regiones, en Catatumbo, Urabá, para citar unas pocas, porque durante muchos años sintieron a la guerrilla como su verdugo, la indiferencia del Estado y encontraron como su instrumento de defensa, otro finalmente convertido en el nuevo verdugo, el paramilitarismo.
Este desmonte de estructuras paramilitares ha llevado a que allí pregunten ¿y quién nos va a defender? La respuesta es una: la institucionalidad.
¡Estamos haciendo todos los esfuerzos y la comunidad internacional los puede constatar, para que los colombianos no tengan que someterse a la guerrilla ni apelar al paramilitarismo para su seguridad!
¡Estamos haciendo todos los esfuerzos con la heroicidad de nuestros soldados y policías para el rescate de la prevalencia institucional!
Entonces, le pido a la comunidad internacional recoger este argumento para decirle a la guerrilla: ¡es hora de negociar!, Colombia ha demostrado toda la determinación para derrotar y desmontar el paramilitarismo.
Me decía esta mañana, uno de los muy distinguidos interlocutores de primera hora: '¿por qué no se legaliza la droga?, Colombia no tiene posibilidades de superar este problema ni por la vía política ni por la vía militar, el único camino es legalizar la droga para acabarle ese negocio que financia los grupos terroristas'.
Le contesté: yo tengo todas las reservas como padre de familia, tengo reservas ecológicas, en Colombia -país de inserción amazónica- hemos visto destruir 1.700.000 hectáreas de selva amazónica por el afán de sembrar drogas ilícitas.
Los científicos me han expresado que es menos difícil avanzar en los procesos de educación, de prevención y de rehabilitación, cuando están acompañados por la ilegalización de la droga, que cuando están acompañados por la permisividad que se deriva de su legalización.
Temo mucho lo que podría pasar en la ecología andina y amazónica si legalizamos la droga, pero hay una cuestión absolutamente práctica: eso necesitará un consenso del mundo, se pueden demorar décadas en tomarlo y mientras tanto, el terrorismo nos va a destruir aquí. Por eso, afanosamente, tenemos que destruir la droga y tenemos que pedir la solidaridad de toda la comunidad internacional.
No estamos con el cuento de que aquí están los productores y en Europa y en Estados Unidos los consumidores. ¡Estamos cansados de ese cuento!
Cuando aquí había simplemente tráfico, se decía: 'nunca habrá cultivos' y de la noche a la mañana, sin darnos cuenta, Colombia llegó a 180 mil hectáreas de droga. Cuando mi antecesor, el Presidente (Andrés) Pastrana, firmó el Plan Colombia, fue por un estado de necesidad porque ya había 180 mil hectáreas de droga.
Y se decía: 'en Colombia hay tráfico y producción, pero no hay consumo'. Hoy enfrentamos el problema del creciente consumo, un millón de consumidores -cifra que crece- con problemas muy graves que, en el caldo de la pobreza, han estimulado uno de los flagelos que más nos duele y que tenemos que superar: la prostitución infantil.
Por supuesto, no estamos trabajando sólo con la fumigación contra las drogas -que tanto preocupa a nuestros países hermanos y vecinos-, estamos trabajando con la erradicación manual, este año la hemos impulsado muchísimo. Aspiro que en diciembre de este año le podamos decir al mundo que hemos erradicado 30 mil hectáreas manualmente y que el año entrante, Colombia, puede erradicar 50 mil.
Avanzamos en los programas alternativos, el mejor de los cuales es la Seguridad Democrática para recuperar la economía y hoy tenemos 33 mil Familias Guardabosques.
Ese tema sí que es importante para nuestros países, para que Europa lo comprenda. Porque inicialmente se decía que ese tipo de programas no son sostenibles. Cada una de las Familias Guardabosques tiene el compromiso de cuidar el área libre de droga, bajo la supervisión de Naciones Unidas, debe supervisar la recuperación del bosque y recibe un pago anual del Gobierno.
Es bien importante para esta gobernabilidad las libertades públicas, los derechos humanos, la cohesión social. Vemos una relación de causa - efecto entre la seguridad, la confianza, la inversión, el crecimiento, la disponibilidad de recursos para la cohesión social, lo que finalmente habrá de hacernos pasar del estadio de la seguridad al estadio de la paz.
Nuestra política fundamental en materia de cohesión social es la educación, es la de fondo, es la estructural, es la que está llamada a producir un gran efecto en la distribución del ingreso, a abrir los canales de la movilidad social.
EL ACUERDO HUMANITARIO
Tengo que proponer el tema con respeto a la sinceridad y con respeto al debate impersonal y constructivo.
¿Quién más lo quisiera? No tener el acuerdo humanitario es un freno a la Seguridad Democrática, es un factor de preocupación permanente del Gobierno, que no le permite concentrarse en otras tareas públicas.
¿Qué propuse como candidato cuando emulaba con algunos de los aquí presentes como mi buen amigo, el doctor (Horacio) Serpa Uribe o mi buen amigo, el alcalde de Bogotá, el doctor Luis Eduardo Garzón? Lo que repetí en las primeras semanas de Gobierno: que un acuerdo humanitario tendría que acompañarse de la iniciación de un proceso de paz y que ese proceso de paz tenía que tener, como base, un cese de hostilidades.
A los pocos días conversé con el Presidente (Jacques) Chirac, con el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, con los familiares de los secuestrados y por petición de todos ellos, acepté separar la búsqueda del acuerdo humanitario de la exigencia de un nuevo proceso de paz a partir del cese de hostilidades.
Hemos aceptado que muchos ciudadanos sean facilitadores, entre ellos el señor ex presidente Samper, que sea facilitadora la Iglesia Católica, gobiernos como el francés o el suizo y hemos exigido que se libere a todos los secuestrados, que no haya zonas desmilitarizadas, que quienes salgan de la cárcel -liberados por el Gobierno como parte del acuerdo-, no vuelvan a delinquir y que haya una mediación de Naciones Unidas.
La Iglesia Católica me expresó que no era aceptada por la guerrilla la exigencia del Gobierno de que los guerrilleros que lleguen a salir de las cárceles, como garantía operativa de que no volverán a delinquir, se tienen que ir al extranjero -como en su momento lo propusimos-, a un país como Francia.
Le dije a la Iglesia Católica: busquemos opciones, porque lo que no podemos aceptar es que salgan de la cárcel para volver a delinquir.
Este país, para recuperar el imperio de las instituciones, no necesita sólo más soldados y más aviones y más helicópteros, necesita alta moral en las instituciones y en sus titulares.
¿Qué pasa con la moral de la institución democrática armada, si 1.700 policías y soldados mutilados por las minas antipersona de estos grupos terroristas, ven desde los pabellones de sanidad de los hospitales que sus sicarios y verdugos salen tranquilamente y regresan, no solamente a la libertad sino a la delincuencia?
Señora Ministra (Nicole Gueds, representante del Gobierno de Francia): el Gobierno aceptará, en un acuerdo humanitario, que guerrilleros recuperen la libertad pero no que regresen a la delincuencia. Que ellos recuperen la libertad, pero no para afectar la tranquilidad de los colombianos. Por eso, es muy importante el compromiso de que al salir de la cárcel, regresen a la libertad pero no a delinquir en sus antiguas organizaciones.
Hemos aceptado que la única opción válida no sea la de irse al extranjero. Por sugerencia de la Iglesia Católica, también hemos aceptado que puedan vincularse al proceso de reinserción.
Estamos abiertos a encontrar opciones, pero pido la comprensión internacional, y especialmente la comprensión de Francia, al punto de que es esencial que aquellos que salgan de la cárcel, ganen la libertad pero no regresen a la delincuencia.
Opciones que nos permitan satisfacer ese interés legítimo del pueblo colombiano, serán bienvenidas.
Hemos dado muchos pasos, apreciados asistentes. Juan Antonio Cruz, un integrante de la Farc o su organización internacional, fue designado al principio de este Gobierno por la Farc como su vocero para el acuerdo humanitario. Nos pusieron una prueba, nos dijeron que teníamos que pedir que se levantara una orden de Interpol y la levantamos en 24 horas y no hubo respuesta favorable de la Farc.
Liberamos unilateralmente 27 guerrilleros de la Farc, en un gesto de buena voluntad.
La verdad es que yo sé que negociar estos temas conmigo no es fácil, porque yo quiero cumplir hasta el último día -para bien de la credibilidad popular, que es un supuesto necesario de la confianza en las instituciones-, mi obligación asumida ante el pueblo en procura de la Seguridad Democrática, Pero hemos buscado intereses legítimos, no posiciones dogmáticas.
¡Nosotros no podemos aceptar la desmilitarización! El resultado para este país no ha sido bueno, las desmilitarizaciones han creado paraísos de droga, han creado depósitos de armas, lugares de cautiverio de secuestrados.
¡Un país donde sus gentes le dicen permanentemente al gobernante: 'necesitamos más Policía, más justicia, más Ejército, más inversión social, no queremos estar en manos de guerrillas y de paramilitares', no puede permitir que el Estado abandone zonas, así sea transitoriamente!
Se dice que la desmilitarización es necesaria para la seguridad de los guerrilleros que concurran a este acuerdo. ¿Y entonces qué pasa con la seguridad de los ciudadanos que viven en esas zonas, que claman que esa seguridad se las garantice exclusivamente la presencia del Estado?
Hemos ofrecido como alternativa, no una zona desmilitarizada, sino un lugar. Hemos dicho: una embajada, la Nunciatura en Bogotá, una iglesia, una escuela y que la Farc diga quién los debe conducir a ese sitio, que les garantice toda la seguridad, qué organización nacional o internacional. Que la Farc diga cómo se provee seguridad a ese sitio durante los días de la negociación. Que la Farc diga quién los retorna a los lugares de origen.
Estamos dispuestos a dar en un sitio todas las garantías para el acuerdo humanitario, pero pediría también la comprensión internacional y especialmente del Gobierno de Francia, a nuestras razones de porqué no podemos ofrecer en Colombia zonas desmilitarizadas. ¡Ojalá podamos lograr ese acuerdo!
Si liberamos los guerrilleros para que vuelvan a delinquir ¿qué pasa con el secuestro?
En este Gobierno llevamos tres años sucesivos de disminución del secuestro. En el primer año se disminuyó en un 27 por ciento, en el segundo año en un 35 por ciento y este año va una disminución del 58 por ciento.
Bogotá apenas ha tenido un lunar, se denunció hace 3 días que 3 alcaldes del departamento de Santander fueron engañados por estafadores aquí, fueron víctimas de un secuestro rápido, los extorsionaron y los dejaron en libertad. Con la excepción de ese lunar, y lo he celebrado permanentemente con el alcalde Luis Eduardo Garzón, en esta ciudad de Bogotá no se ha dado un secuestro extorsivo en lo corrido del año.
¡Por favor, la lucha del pueblo colombiano contra el secuestro no se puede desestimular permitiendo que salgan de la cárcel delincuentes para volver a secuestrar! ¡Que ganen la libertad, pero que no vuelvan a secuestrar!
Mi generación no ha vivido un día de paz. Usted sabe, Presidente Samper, que usted ha sufrido en carne propia esto que yo digo de mi generación.
Usted sabe, Presidente Gaviria, que usted tuvo que correr todos los riesgos personales para conducir las banderas de Luis Carlos Galán a la Presidencia de la República.
Exíjanos transparencia, exíjanos racionalidad, exíjanos respeto a los derechos humanos, que hacen parte de nuestras devociones, pero que el mundo entero nos acompañe en esta tarea por la seguridad, que es un camino a la cohesión social, que es un camino al pluralismo, que es un camino para que las nuevas generaciones de colombianos puedan vivir felices en esta Patria, que ustedes honran mucho al visitarla y al haber escogido a su ciudad capital como sede de este Foro de Biarritz. |
