INTERVENCION DE LA DRA. MARIA CLARA ISAZA, EMBAJADORA DE COLOMBIA ANTE LA OEA , EN REUNION DEL CONSEJO PERMANENTE, CON OCASIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL TERCER INFORME DE LA MISION DE LA OEA EN COLOMBIA.
Diciembre 8 de 2004
Quiero en primer lugar agradecer al señor Sergio Caramagna, Jefe de la Misión de la OEA en Colombia por el informe que nos ha presentado. Como siempre, concreto e ilustrativo.
La presentación del Señor Caramagna es una demostración del compromiso y del trabajo constructivo que viene adelantando. Compromiso que agradecemos.
El acompañamiento de la Misión de la OEA ha sido un elemento principal en el proceso de desmovilización. Ha contribuido ha generar confianza y tranquilidad en las Comunidades en las cuales se han dado estas desmovilizaciones.
Para Colombia es importante que la Misión pueda profundizar su labor de acompañamiento a las comunidades, si queremos un proceso sostenible en el largo plazo. La construcción de mecanismos de convivencia, la recuperación de la confianza en la autoridades y la ecuación para la democracia son si duda elementos esenciales para esa sostenibilidad.
La cooperación entre la Misión de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un hecho a destacar.
Señor presidente
Complementando la información que ya nos ha aportado el Señor Caramagna sobre la marcha de procesos de desmovilizaciones quisiera también compartir algunos datos y reflexiones sobre el mismo.
Desde el inicio del gobierno, hasta hoy, en Colombia se han desmovilizado más de 7.000 personas. Estamos ahora en una etapa importante del proceso de desmovilización de miembros de las autodefensas y el Gobierno espera que entre el mes de noviembre y el 31 de diciembre de este año se hayan desmovilizado 3.000 personas más. Este hecho tiene un significado importante para el mejoramiento de la seguridad en mi país.
En este sentido quisiera aportar un dato importante. Desde el inicio del proceso, en relación con el período inmediatamente anterior, la disminución drástica de la violencia se expresa en una reducción del 83% en masacres y 67% en homicidios.
La dejación de armas y la desmovilización se realiza en cumplimiento del acuerdo de Santa Fe de Ralito por la Paz de Colombia, firmado entre el gobierno y las autodefensas el 25 de julio de 2003 y ratificado el 7 de octubre de 2004, por este grupo armado ilegal, a través e una declaración pública llamada "Acto de Fe por la Paz ".
Entre el 25 de noviembre de 2003 y el 25 de noviembre de 2004 se llevaron a cabo las desmovilizaciones de 868 personas en la ciudad de Medellín y de 168 integrantes de las Autodefensas Campesinas de Ortega en el Cauca. Igualmente, entre los meses de junio y noviembre de 203, 118 menores de integraban grupos de autodefensas fueron desvinculados de estas organizaciones y, con el acompañamiento de la UNICEF, actualmente se encuentran bajo protección y atención del Estado colombiano.
A partir del 25 de noviembre de 2004, se ha entrado en una segunda etapa el proceso. Con la firma de un acta de compromiso para no volver a delinquir, 452 hombres integrantes del bloque Bananero de las autodefensas se desmovilizaron e iniciaron también su proceso de reincorporación a la vida civil.
El 30 de noviembre se inició el proceso de desmovilización del Frente Catatumbo de las Autodefensas. Esta desmovilización será, hasta ahora la más grande que haya tenido lugar. Se desmovilizarán alrededor de 1.500 personas. La Zona de Ubicación Temporal ya fue creada y esta fase del proceso operará hasta el 30 de diciembre de este año.
Igualmente se han iniciado las desmovilizaciones de dos grupos más pequeños en el Sur de Magdalena y en Cundinamarca.
Tal vez los nombres de estos municipios y frentes de las autodefensas puedan parecer un simple listado, con unas cifras frías pero el significado es muy importante, no solo por la reincorporación de estas personas a la sociedad y a sus comunidades, sino porque amplios territorios del país están iniciando un proceso de convivencia y de reinstitucionalización. El esfuerzo es enorme y requiere la participación de diversas entidades y programas del Estado colombiano.
El eje central del proceso es la reinstitucionalización que tiene dos elementos fundamentales. Por un lado la presencia de la fuerza pública y por otro una activa presencia en materia social por parte del Estado. Por eso los dos grandes niveles de coordinación de la Oficina del Comisionado son el Ministerio de Defensa y la Conserjería para la Acción Social.
Papel destacado tiene también la Fiscalia General.
Para la desmovilización de estos grupos se han abierto Centros de Referencia en los que se presta asesorìa jurídica, trámites de cedulación, información en proyectos productivos, salud y educación. Los programas de formación para el trabajo productivo serán impartidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje.
Es importante destacar que con base en el aprendizaje que se ha adquirido de las desmovilizaciones anteriores, las entidades del Estado han establecido mecanismos expeditos que permiten la identificación plena de las personas que se desmovilizan.
La Registraduría Nacional gestiona las solicitudes de cedulación y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalia hace la identificación plena de los desmovilizados, es decir toma de fotografias, huellas dactilares y registro de carta dental.
Con el fin de aclarar su situación jurídica, la Fiscalia General de la Nación recibe de estas personas una versión libre de su pertenencia al grupo y con esa información empieza un proceso expedito para aquellos que no tienen antecedentes judiciales, con base en el delito de concierto para delinquir. Luego dicta un acto inhibitorio por entrega voluntaria.
Las personas que han cometido delitos graves serán situadas en zonas especiales, mientras se complementa la legislación actual (Ley 782) con una Ley de Verdad, Justicia y Reparación.
En relación con esta nueva ley, quisiera informar que en el momento actual existe un proceso de concertación. Se están recibiendo opiniones y propuestas de muchos sectores y se espera que para el próximo año podamos contar con esta Ley. En términos generales hay coincidencias sobre la necesidad de que haya un tribunal especial de verdad, justicia y reparación; tiene que haber una pena privativa de la libertad; tiene que haber reparación a las víctimas y finalmente, un beneficio.
Hay otro tema de interés al que quiero referirme y se relaciona con el cese de hostilidades. Lo que pedimos a los grupos armados ilegales es que cesen en sus procedimientos violentos, y si estos grupos están dispuestos a ello, el gobierno está dispuesto, también, a abrir un espacio de diálogo para buscarles alternativas, de tal manera que se reintegren plenamente a la vida civil democrática.
El Comité de Verificación en el que participa la OEA se ha seguido reuniendo semanalmente para hacer seguimiento al cese de hostilidades.
En los casos que se ha presentado incumplimiento al cese al fuego, esos grupos han recibido una respuesta militar. Hay un dato relevante en esta materia. Se ha incrementado en un 300% el número de capturas y bajas de los miembros de autodefensas en comparación con el período inmediatamente anterior.
Señor Presidente.
Quiero agradecer las gestiones de ha llevado a cabo la Secretaría General con el propósito de conseguir apoyo financiero para asegurar el buen funcionamiento de la Misión. Las contribuciones que han realizado las Bahamas, Estados Unidos, Suecia y Holanda son una demostración de la importancia que le otorgan a la labor de la OEA en Colombia. Mi Gobierno agradece de manera especial estos aportes.
Como lo dije al inicio, para Colombia es importante que la Misión pueda profundizar su labor de acompañamiento a las comunidades, si queremos un proceso sostenible en el largo plazo.
La confianza y la tranquilidad en las Comunidades son esenciales. El caso de Santa Fe de Ralito es diciente. Hay cada vez mayor confianza de los pobladores en la autoridad del Estado. Hoy, las denuncias se hacen ante las autoridades competentes. Es este un buen ejemplo del reencuentro de estas poblaciones con el estado de derecho.
Ello no lo podemos desaprovechar y es por eso que el apoyo internacional a estas poblaciones resulta de primera importancia. Creemos que la ecuación para la democracia es un eje fundamental que permitirá recuperar estas comunidades para la convivencia democrática.
Finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar el agradecimiento del gobierno de Colombia al señor Secretario General, por el alentador comunicado emitido el 2 de diciembre pasado con ocasión del indulto otorgado por el Presidente Álvaro Uribe Vélez a 23 guerrilleros de las Farc.
Este acto unilateral y humanitario del gobierno busca avanzar hacia un acuerdo humanitario que permita la liberación de todos los secuestrados en poder de ese grupo al margen de la ley. Pero es también un gesto de reconciliación que ofrece a las personas que reciben el indulto una nueva oportunidad de llevar una vida digna en unión con sus familias.
Muchas gracias Señor Presidente
|
