DISCURSO DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, LUIS CARLOS RESTREPO, DURANTE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA.
Washington, agosto 5 de 2004

Señora Presidente del Consejo Permanente, Señor Secretario General, Señores Embajadores: mis agradecimientos a Ustedes por esta oportunidad de presentar un brevísimo resumen de los esfuerzos de paz que viene adelantando el Gobierno colombiano. Y también mis agradecimientos al Señor embajador Serpa, por su generosa presentación ante este Consejo.

Es sabido por todos que Colombia ha sufrido por muchos años el azote de la violencia. Cuando se posesionó, el 7 de agosto del año 2002, el presidente Álvaro Uribe, el 25 por ciento de los alcaldes municipales no podían despachar en sus territorios, y 170 municipios carecían de la presencia de la Fuerza Pública. La amenaza de los grupos armados ilegales a la democracia era evidente. Hoy, dos años después todos los alcaldes y gobernadores despachan desde sus territorios y la totalidad de municipios del país cuenta con presencia de la Fuerza Pública.

Si bien los grupos armados ilegales no son, en este momento, una amenaza para el Gobierno central, si siguen siendo un factor desestabilizador para la gobernabilidad local. Por eso el Gobierno persiste en su política de seguridad democrática, que en ningún momento deja de lado la posibilidad de una salida negociada.

Simultáneamente, el Gobierno Nacional plantea avanzar en estos dos caminos: el de la seguridad democrática y el de la salida negociada con los grupos armados ilegales. Ambos caminos tienen idéntico propósito: Proteger los derechos fundamentales de los colombianos, fortalecer el pluralismo político, y hacer viable la democracia.

La única exigencia que hacemos a los grupos armados ilegales para iniciar con ellos un proceso de negociación es la declaratoria de un cese de hostilidades. Es decir, su expresión pública y manifiesta en cuanto a la voluntad de abandonar los métodos terroristas. De no seguir asesinando a ciudadanos inermes, de no seguir secuestrando, de no seguir matando, de no seguir extorsionando. Con esta condición el Gobierno se ha mostrado dispuesto a avanzar con toda la paciencia en procesos de paz.

El lema del Presidente es: "urgencia para el cese de hostilidades, paciencia para la desmovilización y el desarme". Esta oferta está abierta a todos los grupos. Tanto a los grupos de autodefensa, como a los grupos guerrilleros.

Desde comienzos de este año, contamos con la presencia de la Misión de la OEA para el acompañamiento del proceso de paz en Colombia. Permítanme decirles que es este el intento más serio y organizado que se ha realizado en el país para que la comunidad internacional acompañe los esfuerzos de paz del gobierno nacional.

La claridad de la Misión , la claridad de sus propósitos nos ayuda a encausar adecuadamente los esfuerzos conjuntos del Gobierno Nacional y de la comunidad internacional.

Como ustedes bien lo saben, la Misión está abierta a tres campos de acción:

1. Verificación del cese de hostilidades, lo cual nos ayuda a perfeccionar esta decisión tomada por los grupos armados ilegales, como requisito para avanzar en procesos de paz.

2. El acompañamiento a procesos de desmovilización, tanto individual como colectiva. En lo que va corrido de este gobierno se han producido cinco mil desmovilizaciones individuales de miembros de grupos armados ilegales, la mayor parte de ellos, de las Farc, y muchos de ellos menores de edad víctimas del conflicto. La Misión de la OEA abre la posibilidad para que la comunidad internacional apoye tanto estas desmovilizaciones individuales, como las desmovilizaciones colectivas que puedan resultar producto de acuerdos de paz.

3. El acompañamiento de la OEA a las comunidades que han sufrido los rigores de la violencia.

En Colombia necesitamos poner en marcha una gran pedagogía política y cultural, para que comunidades que durante muchos años han convivido con grupos armados ilegales aprendan nuevamente los rudimentos de la institucionalidad y de la democracia. Es de resaltar, dentro de la claridad de propósitos de la Misión , que está plenamente definido que se trata de un acompañamiento al gobierno, a las instituciones en sus esfuerzos por aclimatar la paz; lo cual nos aleja de posibles equívocos que se podrían cometer si se entendiera que la comunidad internacional puede o debe establecer interlocución directa con los grupos armados ilegales.

Nosotros creemos que esto no es deseable. Lo importante es acompañar al gobierno en sus esfuerzos de paz y que esté directamente en manos del Ejecutivo el trabajo de negociación y acercamiento con estos grupos.

Al igual que la propuesta de paz del Gobierno está abierta a todos los grupos armados ilegales, también la Misión de la OEA en su diseño, estructura y propósito, está abierta al acompañamiento de todos los procesos de paz que se puedan adelantar con ellos.

En este momento tenemos abierto un proceso de paz con los grupos de autodefensa. Estos grupos amenazan gravemente la gobernabilidad local. Disputan al Estado el monopolio de la justicia y de las armas, basándose en el temor que muchos ciudadanos sienten frente a la acción guerrillera; han puesto en marcha aparatos de seguridad privada que remedan la justicia, que no es otra cosa que venganza, ahondando los odios y las diferencias y poniendo en peligro la unidad de la República.

Hay una equivocación que es importante superar: con mucha frecuencia se cree cuando se utiliza la denominación de grupos paramilitares, que estos grupos son apéndice del Estado. Nada más errático. Estos grupos han adquirido una dinámica propia, interfieren con la acción del Estado, se oponen a él, tienen su agenda propia y son una gravísima amenaza para la seguridad y la soberanía.

Ha sido importante abrir un proceso de paz con estos grupos, pues procesos de paz anteriores adelantados con la guerrilla han sido, prácticamente, bloqueados por la acción de las autodefensas.

Durante el gobierno anterior fue claro que apenas iniciado el proceso con las Farc, a las pocas semanas la mesa de negociación se paralizó por las acciones violentas de las autodefensas; y fue mucho más clara la acción de saboteo por parte de los grupos de autodefensas al avance de un proceso de paz con el ELN. De allí que tener abierto este escenario es de la mayor importancia para darle seguridad y viabilidad a futuros procesos de negociación con los grupos guerrilleros que, históricamente, han exigido como condición para avanzar el desmonte de los grupos de autodefensa.

Hasta el presente hemos firmado cinco acuerdos con los grupos de autodefensa que le dan un norte claro al proceso: el primer acuerdo el 15 de julio de 2003; y el último acuerdo, el 13 de mayo de 2004.

En el primer acuerdo del 15 de julio de 2003, llamado "Acuerdo de Santa Fe de Ralito por la paz de Colombia", se establece cómo objetivos del proceso: la recuperación del monopolio de la fuerza por parte del Estado, la desmovilización de la totalidad de los miembros de las AUC, su reinserción a la vida civil y la responsabilidad por parte del Estado de brindar seguridad a las comunidades en las zonas donde estos grupos han operado. En este acuerdo, además, se establece un cronograma de desmovilizaciones progresivas, iniciándose en el 2003 y finalizando de manera total antes del año 2005.

En el último acuerdo firmado el 13 de mayo de 2004, se establece una Zona de Ubicación temporal para los jefes de las autodefensas. Esta zona se pone en marcha aplicando una legislación interna conocida en Colombia como la Ley 782, que sirve de marco general para negociaciones con grupos armados ilegales. Esta Ley permite que durante tiempos definidos y establecidos por el Ejecutivo, los miembros de grupos armados ilegales con los que se adelanta una negociación, permanezcan en zonas específicas del territorio nacional, sin ser capturados.

La zona pactada tiene una extensión de 360 kilómetros cuadrados. Está ubicada completamente en zona rural, y no representa ninguna amenaza para la seguridad nacional. La Zona está bajo total control de la Fuerza Pública. Se está adelantando en la actualidad un gran programa de recuperación institucional en la Zona y allí permanecen jefes de las autodefensas. El llamado Estado Mayor Negociador. Mientras permanecen en la Zona tienen el compromiso de no delinquir, de respetar completamente el Estado de Derecho; y además conservan el mando militar sobre sus hombres y son responsables sobre lo que hagan sus hombres en el resto del territorio nacional.

Los propósitos centrales de la Zona son: perfeccionar el cese de hostilidades, definir un cronograma de concentraciones y desmovilizaciones, y operativizar los acuerdos firmados. Se considera, además, que la Zona debe servir para facilitar la interlocución nacional e internacional con estos grupos.

Hasta el presente el funcionamiento de la Zona ha sido exitoso. Desde su puesta en marcha hemos tenido una reducción histórica del 76 por ciento de homicidios atribuidos a los miembros de los frentes cuyos jefes están en la Zona. Hay que recordar que ya desde el comienzo del proceso se ha venido produciendo una reducción significativa de acciones violentas atribuidas a los grupos de autodefensa, con un 44 por ciento en el 2003 y un 42 por ciento adicional en el 2004.

Sin embargo, desde la puesta en funcionamiento de la Zona de Ubicación hace 45 días, la tendencia se incrementa y sobre lo ya acumulado ganamos adicionalmente un 76 por ciento. Desde el inicio de la Zona hemos tenido cero masacres, lo cual también es un logro significativo.

Hasta el presente, producto de los acuerdos se han desmovilizado 1.042 miembros de las autodefensas. 874 de ellos en zona urbana y el resto en zona rural. La desmovilización urbana corresponde al Bloque Cacique Nutibara que operaba en la ciudad de Medellín. Tal desmovilización también muestra índices exitosos: en este momento un 92 por ciento de los desmovilizados se encuentra vinculado ha actividades productivas y de capacitación. En lo que va corrido del año, y concomitante con la desmovilización, se ha reducido la tasa de homicidios en la ciudad de Medellín, en un 52 por ciento, contribuyendo eficazmente a la contribución de la convivencia.

La desmovilización rural tuvo lugar en el departamento del Cauca con las llamadas autodefensas de Cajibío. Unas autodefensas campesinas que, luego de desmovilizarse en su totalidad, se encuentran en este momento comprometidas con proyectos productivos. Dicha zona está bajo completo control de la Fuerza Pública. No ha habido ningún incidente, ya que temían las comunidades que una vez desmovilizados, fueran atacados por la guerrilla. Hay en marcha obras sociales y de infraestructura importantes para la región.

La Misión de la OEA de Apoyo al Proceso de Paz, ha recibido por parte del gobierno un significativo apoyo económico. Recientemente destinamos, del presupuesto nacional, un millón de dólares para que adelantara sus funciones. La Misión , como señaló el señor Caramagna, cumple su labor instalando nuevas sedes y cumple un importantísimo papel en la Zona de Ubicación de Tierralta-Córdoba. Allí tiene una sede permanente y allí participa activamente de las labores relacionadas con la verificación, para que la Zona no afecte los derechos de los ciudadanos que habitan en la región.

Sin lugar a duda, la Misión merece el mayor apoyo político, técnico, y financiero. Por parte del gobierno tenemos un enorme agradecimiento para la Organización de Estados Americanos, por la puesta en marcha de este mecanismo.

Creemos que hay mucho que perfeccionar. En el campo de la verificación, indudablemente hay que avanzar, de tal manera que haya cada vez mayor control social sobre estos grupos armados ilegales.

En el campo productivo estamos interesados, también, en que la Misión de la OEA apoye una propuesta para generar 20 mil empleos productivos destinados a los desmovilizados; y en lo que tiene que ver con el acompañamiento a las comunidades, consideramos de la mayor importancia la puesta en marcha de mecanismos de acompañamiento y de educación para la democracia.

Señora Presidenta, señores Embajadores: el propósito que tiene el gobierno de Colombia es claro: queremos una sociedad menos violenta y más pluralista. Queremos una sociedad con pleno respeto a los derechos humanos, con pleno respeto a la diferencia. Para eso necesitamos derrotar definitivamente el azote de la violencia. Con su apoyo decidido, estamos convencidos de que lo vamos a alcanzar.

Mis agradecimientos por eso. Al señor Sergio Caramagna, director de la Misión , por la gran labor que ha cumplido, y a los embajadores y países que de manera explícita han hecho a nuestro gobierno manifestación de solidaridad y de apoyo en nuestros esfuerzos por conseguir la paz.

Muchas gracias.