PREPARAR EL POST-CONFLICTO:
PROBLEMAS SOCIALES Y JURÍDICOS DURANTE LA RECONCILIACIÓN

INTERVENCIÓN DURANTE SEMINARIO INTERNACIONAL
Universidad Central, Septiembre 2 de 2003

Pareciera utópico en Colombia pensar en estos momentos en el post-conflicto y en los retos de la reconciliación, cuando todavía vivimos el dolor cotidiano de un conflicto armado que durante muchos años ha dejado su huella de sangre, muerte y dolor, en el espíritu de nuestros compatriotas. Sin embargo, nada más sensato que prepararnos desde ya para transitar esa ruta del post-conflicto y esa ruta de la reconciliación.

Sin lugar a dudas si no nos preparamos con las herramientas adecuadas tanto de tipo jurídico como político y psicosocial para la superación del conflicto, entonces vamos a quedar perpetuamente atrapados en odios que ya durante muchas décadas, han hecho mella en la conciencia de muchos colombianos y que nos han dificultado llegar a la anhelada reconciliación.

Es por eso que dentro de este gobierno le hemos dado una máxima importancia al tema de la reinserción. Creemos que trabajar dentro de la reinserción de combatientes es, desde ya, abordar los retos del post-conflicto. Sanar esas heridas que se han producido tanto en la conciencia del combatiente como en la conciencia de las víctimas, es un hecho fundamental para poder aclimatar la paz nacional. Pero no sólo eso. También hemos querido explorar lo que son las alternativas jurídicas para poderle dar en un momento dado, un cauce adecuado a los esfuerzos de negociación.

Este gobierno, profundamente comprometido con la política de Seguridad Democrática, en ningún momento ha dejado de lado la posibilidad de una salida negociada. Aun más, ese es el horizonte que buscamos; ese es el horizonte que anhelamos.

La política de Seguridad Democrática, lo ha dicho con claridad el presidente Uribe, no es una política de guerra. El Estado democrático no declara la guerra a sus ciudadanos. El Estado democrático defiende los derechos y las libertades de sus ciudadanos. Es decir, enfrenta las amenazas a la democracia. En eso se diferencia la propuesta de Seguridad Democrática de las viejas propuestas de seguridad nacional.

Mientras en las propuestas de seguridad nacional se declaraba la existencia de un enemigo interior e incluso se perseguía al disidente político tratando de implantar una hegemonía ideológica, desde la perspectiva de la Seguridad Democrática lo que se busca es responder a las amenazas a la democracia, a las amenazas contra los derechos fundamentales, a las amenazas contra las libertades públicas y fortalecer el pluralismo político en vez de perseguir al disidente.

Responder con el uso legítimo de la fuerza a quienes amenazan la existencia del Estado democrático, no excluye, en ninguna circunstancia, que pueda haber también una salida negociada si ellos están dispuestos, nuevamente, a volver al seno de esa democracia y ha fortalecer el pluralismo y los valores de la civilidad.

Por eso hemos hecho enormes esfuerzos, desde comienzos de este gobierno, por mantener esa puerta de la negociación abierta. Los grupos insurgentes deben tener completamente claro que en este gobierno van a encontrar la más firme voluntad de negociación. Lo ha dicho claramente el presidente Uribe: los queremos como disidentes políticos, no como opositores armados. Estamos dispuestos a defender de manera plena los derechos y las libertades de aquellos que se reintegren plenamente a la vida civil.

Es por eso que pensando en los grandes retos que nos impone una salida negociada en Colombia, hemos presentado, hace pocos días, ha consideración del Congreso de la República, un proyecto de ley que ha generado ya una especie de conmoción nacional, para describirlo de alguna forma, ya que nos coloca frente a la circunstancia de un conflicto que se ha negociado y frente a la alternativa de qué hacer con aquellas personas que de alguna manera y durante mucho tiempo nos han causado sufrimiento y dolor. Este proyecto de ley que voy a explicar, con algún detalle, ha sido pensado desde los grandes principios de la verdad, justicia y reparación, que se levantan como exigencias de la justicia y el derecho penal contemporáneo.

¿Qué sentido tiene este proyecto de ley que hemos presentado al Congreso? Básicamente, abrir la alternativa para que miembros de grupos armados que contribuyan eficazmente con la consecución de la paz nacional, se reintegren de manera plena a la vida civil y contribuyan con sus acciones, no sólo a la consecución de esa paz, sino a la reparación efectiva de las víctimas.

En Colombia, tradicionalmente, después de una negociación se ha recurrido a la figura del indulto y la amnistía. En el mundo contemporáneo existen grandes dudas sobre estas leyes de perdón y olvido, de indulto y amnistía, sobre leyes que genéricamente otorguen algún tipo de beneficio judicial sin que previamente se haya dado una investigación plena. En este mundo contemporáneo tan exigente tenemos que ir un poco más allá. Por eso en un país que durante muchos años y muchos décadas ha estado acostumbrado a los perdones globales, a las leyes de indulto y amnistía, nosotros presentamos un proyecto de ley que exige como requisito previo, para poder obtener algún tipo de beneficio judicial, el que haya habido plena investigación y el que haya habido absolución o condena. Y en caso de la condena, una vez establecida plenamente la responsabilidad, sí podría operar un beneficio cuya forma de aplicación detallaré en seguida:

En el caso de miembros de grupos armados que contribuyan eficazmente con la consecución de la paz nacional, pensamos que lo importante es que contribuyan eficazmente en la reparación de las víctimas. Que, de manera directa, hacia las víctimas o hacia sus familiares o, de manera colectiva hacia la sociedad, se emprendan esfuerzos por parte de estas personas para reparar el daño que han hecho. Entramos así de lleno en la esfera de la justicia restaurativa y dejamos atrás el simple esquema de la justicia retributiva que, en muchas ocasiones, se limita, simplemente, a imponer una pena de cárcel al condenado, sin que de manera simultánea se estén desarrollando acciones de reparación individual y social.

Este beneficio puede ser solicitado única y exclusivamente por el Presidente de la República. ¿Por qué esta restricción? Porque no queremos que sea un beneficio genérico. Si bien está consagrado en la ley para que pueda ser concedido por el juez, creemos que sólo el Presidente de la República como director de la política de paz, y como responsable del orden público, tiene la capacidad para, en un momento dado, tomar esa decisión eminentemente política de solicitar que se le conceda un beneficio jurídico a una persona perteneciente a un grupo armado al margen de la ley, que haya contribuido eficazmente a la consecución de la paz nacional.

El beneficio que se le otorgaría es la suspensión condicional de la pena. Suspensión condicional de la pena que en principio, se aplica como lo dice exactamente el término, de manera condicional, a manera de prueba, mientras una comisión de verificación de alto nivel ético en concurso con el juez, establece si la persona que ha recibido el beneficio realmente se está comportando de manera adecuada, como la sociedad lo exige. Puede así ser beneficiaria de manera permanente después de este periodo de prueba, de esta suspensión de la pena, de tal manera que logre reintegrarse paulatinamente a la sociedad.

Simultáneamente, con las acciones de reparación hacia las víctimas, estas personas que puedan recibir el beneficio tendrán que cumplir alguna pena alternativa, que se entenderá no tanto como un castigo de cárcel, si no como una sanción social que pesará sobre ellos, de tal manera que quede muy clara la sanción de la sociedad y su molestia frente a las conductas en las que ha incurrido, pero que favorezca, de manera simultánea, su plena reintegración a la vida colectiva.

Creemos que esta propuesta se inscribe dentro de un modelo de justicia transicional que también es importante para el momento que vive el país. Es indudable que la mayor dificultad para que se aclimate plenamente la justicia es la situación de conflicto armado interno.

Ya lo decía Hobbes hace muchos siglos que "el principal enemigo de la justicia y de la verdad era la guerra". Allí, donde existe guerra, de alguna forma colapsa la justicia y tenemos que acotar la guerra. Tenemos que controlar la situación de conflicto interno para que la justicia impere plenamente.

Por eso, este modelo de justicia transicional nos permite, por un lado, que primen los máximos criterios de la verdad y la justicia, que haya una plena investigación y una plena responsabilidad sobre los hechos acontecidos, pero también, simultáneamente, responder a los intereses de la paz y producir un pequeño cambio en lo que tiene que ver con la pena de cárcel. Creemos que esta pena de cárcel puede ser plenamente suplida por esfuerzos adecuados orientados a la consecución de la paz nacional o por esfuerzos orientados a la plena reparación de las víctimas.

La pregunta de rigor es si una ley de estas características se acopla también a los convenios o tratados internacionales sobre Derechos Humanos, con los cuales Colombia está comprometida. Es claro que en ningún tratado se prohíbe de manera expresa el indulto o la amnistía.

Es claro que a nivel internacional se tiene el criterio de que cuando existe un conflicto armado interno o una situación de grave deterioro de la convivencia, producto de un conflicto tan largo como el que ha vivido Colombia, se hacen necesarias medidas audaces en el campo judicial. Sin embargo, siempre existe una condición: debe haber una plena reparación a las víctimas. Por eso los principios de verdad, justicia y reparación. La reparación es mucho más importante que el simple castigo de cárcel.

Nosotros hemos querido mantenernos dentro de estos estándares y por eso hemos planteado como eje central de este proyecto de ley, la reparación a las víctimas.

¿Qué esperamos con un proyecto de ley de estas características? Que haya también una apertura mental dentro de los colombianos; que desde ya entendamos que necesitamos instrumentos eficaces para poder avanzar en la salida negociada. En estos días ante algunas críticas que se han presentado frente al proyecto, se preguntaba el Presidente Uribe: "¿Y qué hubiese sucedido si en el gobierno anterior las conversaciones con las FARC hubiesen resultado exitosas? Y ¿qué pasaría el día de hoy si en las conversaciones con la guerrilla o con las autodefensas logramos avanzar de manera exitosa en la consecución de la paz nacional? ¿Tendríamos, simplemente, como alternativa para las personas que en este momento están con las armas en la mano y que en este momento están retando a la institucionalidad del Estado, la posibilidad de la cárcel? ¿No será que tenemos que buscar mecanismos audaces que respetando la justicia permita, simultáneamente, avanzar en los intereses de la paz?

Es indudable, mirado desde el punto de vista pragmático, que cuando nosotros nos adelantamos en un espacio de negociación, debemos tener alternativas diferentes a la simple aplicación de la justicia penal que se derivaría de una derrota militar del oponente.

Aquí tenemos que abrirnos a fórmulas transaccionales. Y al abrirnos a este tipo de fórmulas tenemos que estar plenamente dispuestos a reincorporar a la civilidad a personas que, de una u otra forma y durante muchos años, nos han causado dolor, nos han causado desconcierto, y han causado al interior de esta perversa dinámica que vive Colombia, todo tipo de desastres.

La dinámica de la reincorporación de combatientes es sin lugar a dudas el reto más grande que enfrenta una política de paz en Colombia. Algunos nos han dicho: "¿Por qué no esperar a que termine el conflicto y pensamos en esas medidas? ¿por qué adelantarnos y desde ahora poner sobre el tapete y en la conciencia nacional este debate?, ¿por qué llevarlo al Congreso? Precisamente porque tenemos que tener esos instrumentos preparados, no podemos esperar a que nos lleguen los acontecimientos para empezar un debate que tenemos que dar desde antes, al cual nos debemos adelantar con toda la conciencia y con toda la profundidad.

Nosotros hemos querido desde el gobierno iniciar este debate. Creemos que la sociedad colombiana está plenamente preparada para darlo. Creemos que ésta, el Congreso, la Corte Constitucional , que finalmente tendrán que pronunciarse sobre este proyecto de ley, están en las mejores condiciones para, finalmente, ofrecer el mejor instrumento que nos pueda ayudar a la consolidación de la paz nacional. Si estamos pensando en serio en la reconciliación, tenemos entonces también, en serio, que pensar en estos instrumentos jurídicos.

De nada valen aquí los argumentos cuando se dice simple y llanamente que se va a tender un manto de impunidad. No, no es así. Creemos que un proyecto como el que hemos presentado al Congreso es un proyecto elaborado de manera cuidadosa, que precisamente tiene como uno de sus ejes centrales el fortalecimiento del sistema de justicia. Creemos que al final habrá más y mejor justicia; que al final habrá más y mejor democracia.

Llama la atención, por supuesto, que en medio del debate aparezcan posiciones tan apasionadas, y, en momentos, tan polarizadas. Pero de eso se trata la ambientación de un debate que toca de manera profunda las fibras de la sensibilidad colectiva. Si hay algo que carguemos en grandes montos es el dolor. La sociedad colombiana es una sociedad adolorida, pero yo creo que también es una sociedad que responde jubilosamente y responderá jubilosamente, a la posibilidad de una paz real y de una paz efectiva.

Si para lograr esa paz, si para consolidar esa convivencia tenemos que modificar algunos viejos conceptos que identifican simplemente el castigo con la cárcel, y que nos abren a la posibilidad de una reparación efectiva, bienvenido entonces este debate; bienvenida sea toda esta discusión que nosotros hemos querido ambientar desde el Gobierno Nacional.