DISCURSO DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, LUIS CARLOS RESTREPO
TEMA: PAZ
FECHA: OCTUBRE 5-2003-CARTAGENA

Intervención Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo
Panel sobre "perspectivas de paz en tiempos de terrorismo"

Cartagena, octubre 5 de 2003

Una de las condiciones básicas para la existencia del estado democrático es el monopolio de la fuerza, el monopolio de las armas en manos de la Fuerza Pública. Colombia presenta un caso excepcional ya que todavía contamos con la presencia de grupos armados irregulares, ejércitos privados que intentan imponer por la vía del terror su orden y su control. Es decir, le disputan al estado legítimo el monopolio de las armas, podríamos decir que estamos todavía en lo que los clásicos llamaban una situación de barbarie y que hacemos grandes esfuerzos por ingresar al estado de civilización.

De alguna forma la existencia de estos grupos armados irregulares tiene hondas raíces en la desconfianza que desde décadas atrás miembros de estos grupos han alentado frente al estado de derecho y a la sociedad democrática.

Han jugado también un papel importante ideologías fundamentalistas como es el caso del marxismo que llevó a muchos de estos grupos a declarar una guerra a muerte contra el estado de derecho y la sociedad democrática y ha incidido también de manera fundamental la problemática de las drogas. Es indudable que sin los recursos de la droga, los grupos armados ilegales que existen en Colombia no tendrían el poder ni la capacidad de daño que tienen en la actualidad.

Tal como lo entendemos hoy en el mundo contemporáneo cualquier uso de la violencia con propósitos políticos, raciales, étnicos o religiosos lo calificamos de terrorismo, aún más cuando como en el caso colombiano tenemos una democracia pluralista, tenemos una constitución fundamentada en los derechos humanos, una constitución garantista, que está por completo abierta a la diversidad de opiniones y está por completo abierta a la diversidad de matices propia de las sociedad abiertas y liberales.

No dudamos entonces en calificar a los grupos armados irregulares que actualmente operan en nuestro país como grupos terroristas. Sin embargo al calificarlos de esta forma, debe quedar claro que estamos ante todo condenando sus métodos, es decir, es por completo inadmisible el uso de la violencia para instrumentar sus propósitos. No se trata pues de una calificación de esencia, no estamos tampoco cayendo en un nuevo fundamentalismo, ni utilizando la palabra terrorista como un nuevo estigma para calificar una nueva encarnación del mal, no, aquí somos objetivos y positivistas, estos grupos son terroristas porque de manera expresa acuden a la violencia, acuden al terror para intimidar a los ciudadanos y para tratar de instrumentar sus propósitos.

¿Cómo es posible conversar con estos grupos terroristas?. Muy sencillo, es posible conversar con ellos y buscar alguna alternativa negociada si ellos abandonan sus métodos de terror, si ellos abandonan sus métodos violentos, si ellos están dispuestos a dejar al lado el uso de la violencia, al interior de la sociedad democrática podemos explorar caminos para su inclusión de tal manera que eso nos permita un fortalecimiento del pluralismo.

La paradoja que en algunos momentos se presenta y que algunos analistas, o algunos observadores internacionales ven como una contradicción, en realidad no existe. Vuelvo e insisto, estamos dispuestos a conversar con estos grupos siempre y cuando muestren su disposición a abandonar los métodos violentos.

De allí que desde la campaña el Presidente Uribe sintetizó en esta frase lo que es su propuesta más global para los grupos armados ilegales: urgencia para el cese de hostilidades, paciencia para la desmovilización y el desarme. Es decir, urgencia para que dejen de matar, urgencia para que se auto limiten, se contengan; urgencia para que dejen de descargar su furor y su odio sobre la sociedad y paciencia para ganar confianza y para que finalmente lleguen a la desmovilización y el desarme.

El cese de hostilidades aparece como un punto de partida, fundamental para adelantar un diálogo útil, la desmovilización y el desarme aparecen como un puerto de llegada, como la consolidación de un proceso. Creemos que después de analizar las experiencias anteriores es indudable que un diálogo útil en Colombia debe pasar por un cese de hostilidades. Un cese de hostilidades que tampoco hay que mirar de manera dogmática, un cese de hostilidades que se puede ir perfeccionando, que puede ir desde el cese de hostilidades unilateral hasta la concentración de tropas bajo supervisión internacional. Un cese de hostilidades que hay que ir también construyendo paso a paso, a partir de la voluntad política de abandonar por completo los métodos violentos.

Igualmente desde su campaña el Presidente Álvaro Uribe planteó la posibilidad de conversar con todos los grupos armados ilegales. Durante mucho tiempo se consideró que era posible hablar con la guerrilla porque tenía motivaciones políticas, específicamente la de derrocar el estado, pero no con los grupos de autodefensas ilegales ya que estos eran un simple apéndice del estado o un simple apéndice de los intereses establecidos.

Por nuestra parte nosotros consideramos que tanto unos como otros, entorpecen la acción del estado, tanto unos como otros podrían bien tener motivaciones políticas pero no los calificamos como grupos políticos. Esa es la razón por la cual presentamos el año pasado al honorable Congreso de la República una propuesta modificando la ley 418, que establecía como requisito para poder adelantar conversaciones con los grupos armados ilegales el que se los calificara por parte del ejecutivo como grupos políticos, o como movimientos políticos, sin desconocer que puede existir algún tipo de motivación política y aún más, alguna ambición de poder tanto nacional como local, consideramos que no corresponde al ejecutivo calificar a estos grupos por su motivaciones, sino que en esto nos atenemos a la descripción escueta del artículo primero del protocolo II, que los considera simplemente grupos armados organizados al margen de la ley que intentan mantener sobre un territorio un control aunque no lo logren, ya que nuestras fuerzas armadas institucionales impiden que realmente se puedan constituir zonas liberadas o repúblicas independientes.

Se trata simplemente de grupos armados ilegales que interfieren con la acción del estado, con los cuales estamos dispuestos a conversar, siempre y cuando accedan a abandonar su métodos violentos y siempre y cuando podamos abrir un espacio de concertación, de creación de confianza para que ya como ciudadanos puedan integrarse plenamente a la civilidad.

Desde comienzo del gobierno se ha señalado una política frente a la participación de la comunidad internacional, hemos considerado pertinente la participación de la comunidad internacional, en cabeza de Naciones Unidas. Desde el mismo día de su elección como presidente, el presidente Álvaro Uribe dejó abierta la posibilidad de una gestión de buenos oficios con Naciones Unidas, que ya empieza a rendir sus primeros frutos, hace unas semanas el grupo de las FARC solicitó la posibilidad de una entrevista, una conversación con Naciones Unidas, que esperamos sea el primer paso para un proceso de paz serio.

Igual con el ELN, desde comienzos del gobierno, dejamos abierta la posibilidad de las negociaciones, recurrimos al papel facilitador de Cuba, papel que ya venía cumpliendo este país desde el gobierno anterior. Le hicimos al ELN una propuesta que mantenemos hasta el presente, sacar adelante la convención nacional, discutir sobre algunos puntos de ubicación para los miembros de este grupo armado, sin que esto implique zonas de despeje, o zonas de distensión, y después de que este grupo unilateralmente rompió las conversaciones a finales del año pasado en Cuba, hemos seguido alentando la facilitación de la comunidad internacional, se le dio un papel al grupo de países amigos, se ha alentado también la participación de la comisión facilitadora civil, últimamente el Presidente ha planteado como alternativa la posibilidad de excarcelación de dos miembros de este grupo que están en la cárcel de Itagui, de tal manera que se puedan dedicar de manera completa al trabajo de la paz, y en los últimos días el Presidente ha reiterado la disposición nuevamente de buscar con este grupo una salida política.

También empezamos conversaciones con las autodefensas. Con este grupo finalmente logramos a mediados de junio firmar un acuerdo, el acuerdo de Santa Fe de Ralito, por medio del cual las Autodefensas Unidas de Colombia se comprometen a desmovilizar a la totalidad de sus miembros antes de finalizar el años 2005. rompimos así un viejo paradigma según el cual las autodefensas no podían desmovilizarse si primero no lo hacia la guerrilla, tenemos ya la disposición y la voluntad de este grupo a desmovilizarse plenamente, ahí enfrentamos dificultades especiales, y por eso necesitamos también el acompañamiento de la comunidad internacional.

La primera y más importante de todas, que la desmovilización de estos grupos sea transparente, tanto para el país como para el mundo, que en las zonas donde se desmovilizan estos grupos no vuelvan a aparecer nuevos grupos de autodefensas ni aparezcan otros grupos como por ejemplo grupos guerrilleros, a tratar de copar el territorio.

Necesitamos adelantar un trabajo con las comunidades, durante muchos años, muchos ciudadanos han tratado de buscar a través de las autodefensas ilegales una salida a sus problemas de seguridad, por supuesto esta es una salida no institucional, necesitamos también reinsertar esas comunidades a la democracia, y acostumbrar a estos ciudadanos a cooperar eficazmente con el estado y por supuesto se nos viene la tarea enorme de la cual ustedes ya hablaron el día de ayer, de la desmovilización de los miembros de estos grupos de tal manera que los saquemos de su oficio de la guerra y los integremos plenamente a la civilidad.

EL gobierno insiste en que tiene abiertas las puertas al diálogo, a la conversación, estamos dispuestos incluso como sucede en este momento en el congreso, a tramitar alternativas legislativas que nos permitan buscar salidas a problemas graves que tienen los dirigentes de todos estos grupos como son los delitos atroces, no indultables, ni amnistiables, hay un sano debate nacional al respecto, creemos que es oportuno, y lo hemos estado alentando y consideramos que todos los esfuerzos que nosotros hagamos por aclimatar la paz son importantes, siempre y cuando por supuesto, mantengamos claro el horizonte.

De lo que se trata es de buscar una salida civilista, una salida para estas personas que están con las armas en la mano de tal manera que puedan integrarse plenamente a la democracia.

Muchas gracias.