DISCURSO DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ - DR. LUIS CARLOS RESTREPO.
TEMA: ACUERDO HUMANITARIO
FECHA: Mayo 15 de 2003

EL ACUERDO HUMANITARIO DESDE EL GOBIERNO

Quiero agradecer de manera muy especial a la Cámara de Representantes y al doctor William Vélez y en nombre de todo el país y del Gobierno que haya convocado este Panel, este espacio de debate tan necesario en estos momentos difíciles que vive la Nación.

Y quiero, igualmente, darle un saludo muy especial, nuevamente a todos los familiares de las personas secuestradas, que también han expresado su opinión en este espacio.

Tal vez nada resume mejor la propuesta de gobierno del presidente Uribe que su lema de campaña: mano firme y corazón grande. Este lema se aplica en todas las esferas del Gobierno y también, por supuesto, en la esfera de la seguridad democrática. El presidente Uribe ha recibido un mandato claro y contundente por parte de los colombianos para recuperar el principio de autoridad. Y para recuperar la seguridad se ha firmemente comprometido con esa propuesta de seguridad democrática que busca restablecer plenamente la vigencia de los derechos ciudadanos, fortalecer el pluralismo político y ofrecer sin distinción: seguridad y bienestar para todos. Sin embargo, la postura de mano firme en la recuperación de la autoridad en ningún momento excluye la posibilidad del diálogo, de las salidas humanitarias y de una salida negociada al difícil problema de violencia que vive Colombia.

No hay entonces una contradicción entre el planteamiento de la seguridad democrática y las posibilidades de diálogo. Y así como con el ejercicio de la autoridad se busca recuperar el imperio de los derechos y favorecer el pluralismo, también mediante el diálogo se busca recuperar el imperio de esos derechos y fortalecer el pluralismo político; y ser capaces de llegar con una propuesta de seguridad para todos. Fue por eso que, desde el mismo momento de su posesión, el Presidente en su discurso dejó abierta la posibilidad de buscar un camino negociado para lograr la libertad de las personas que, en Colombia, padecen el flagelo del secuestro.

En ese momento su propuesta de buscar la liberación de las personas secuestradas estuvo ligada también al pedido de un reinicio de conversaciones, acompañado de un cese de hostilidades, específicamente al grupo de las FARC. Desde aquel momento quedó claro que existía un interés presidencial por avanzar en este camino y por buscar una alternativa humanitaria para las personas secuestradas. Desde el primer momento de su posesión el Presidente ha estado atento, de manera directa, al dolor; a los pedidos y a las quejas de los familiares de los secuestrados; se han reunido de manera colectiva; en grupo; de manera individual, con algunos de ustedes.

Personalmente yo he recibido instrucciones para que esté atento y para que en todo momento atienda sus inquietudes y sus solicitudes. Y fue tal vez por estar tan abierto al dolor y al sufrimiento que padecen los familiares de las personas secuestradas que, muy temprano en el curso del Gobierno, a finales del mes de septiembre, después de haber conversado con los familiares; después de haber conversado con el señor Secretario General de las Naciones Unidas y después de haber conversado con el señor Canciller de Francia, el Presidente tomó una decisión, rectificando su posición inicial: desde aquel momento, 25 de septiembre del año 2002, decidió el Presidente adelantar un Acuerdo Humanitario, independientemente del cese de hostilidades, independiente del reinicio de las negociaciones.

Esta fue una decisión fundamental que tomó el Presidente de manera sopesada.

Desde aquel momento hasta la presente, el Presidente ha fijado unos criterios públicos para la realización del Acuerdo Humanitario. Quiero referirme en detalle a esos criterios y hacer algunas aclaraciones pertinentes.

La primera aclaración: el Gobierno jamás ha hablado de canje o intercambio. La propuesta del Gobierno ha sido siempre la de adelantar un Acuerdo Humanitario porque nos ceñimos a la posibilidad de adelantar este Acuerdo en términos del artículo tres común, de los Convenios de Ginebra que habla de la posibilidad de celebrar acuerdos especiales entre las partes comprometidas dentro de un conflicto armado interno, como lo es el caso colombiano. No ha habido, entonces, contradicciones, cuando algunos altos funcionarios, como el señor Ministro del Interior o el señor Vicepresidente han dicho que el Gobierno no cuenta con una política de canje o intercambio.

Y se ha planteado así porque el Gobierno es profundamente respetuoso del Derecho Internacional Humanitario, norma de normas que tiene en Colombia rango constitucional. Y como ha dejado claro el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, garante universal de los Convenios de Ginebra; y también el sistema de Naciones Unidas, no puede hablarse de intercambio en el caso de rehenes, como es el caso colombiano. De allí que el pedido del Gobierno haya sido el de la liberación inmediata de todas las personas secuestradas, abriendo simultáneamente la posibilidad de un Acuerdo Especial Humanitario, para ir mas allá del mínimo humanitario y explorar normas que puedan brindar alivio en otras esferas. Incluidos algunos beneficios para los guerrilleros presos, para las personas que han perdido la libertad, con ocasión del conflicto, según reza estrictamente, el Protocolo II .

No hay entonces tampoco contradicción en este asunto, cuando el Presidente plantea el primer criterio para el Acuerdo Humanitario, que es el de la liberación de todos los secuestrados. No solamente está actuando en concordancia con las normas del DIH y está pidiendo que, de manera inmediata se liberen todos los rehenes, sino que también - por supuesto como Presidente de la República - está pensando en todos los colombianos que sufren esta dolorosa situación del secuestro. Bien ha dicho el Presidente que desde el Gobierno no podemos aceptar que hayan secuestrados de primera, de segunda, ó de tercera categoría; el Gobierno ha planteado con claridad que el dolor de todos los secuestrados es el dolor nuestro. Y que por lo tanto la pretensión es lograr la libertad de todos. Esto no excluye que pueda darse un mecanismo gradual para la liberación de secuestrados. Eso hace parte de los acuerdos a los que se pueda llegar en una mesa; y por supuesto, eso hace parte de un mecanismo de aplicación de esos acuerdos.

Un segundo criterio que ha fijado el Gobierno en lo que tiene que ver con un Acuerdo Humanitario es que aquellos guerrilleros detenidos en las cárceles, que eventualmente puedan beneficiarse con alguna medida de excarcelación, es que no cometan nuevas ofensas contra esta sociedad; que no se cometan nuevos secuestros; que no se cometan nuevos actos delictivos.

El Gobierno ha planteado un mecanismo, una alternativa: que los guerrilleros que puedan ser beneficiados con excarcelación puedan eventualmente quedar bajo tutela de un país amigo; y se le ha pedido expresamente al Gobierno de Francia que considere esta posibilidad. Estos, podríamos decir, son los dos puntos sustanciales, sustantivos, de un Acuerdo Humanitario que reciben mayoritariamente el apoyo, como lo han mostrado las encuestas de los colombianos.

Hay otros dos puntos que tienen que ver más con asuntos de procedimiento. El tercer punto: el Gobierno sugiere que dentro del Acuerdo Humanitario y las conversaciones con las FARC jueguen un papel, el Secretario General de las Naciones Unidas; que actúe como gestor de buenos oficios. Creemos que eso da confianza entre las partes y que por supuesto le da seriedad, le da altura y garantiza la adecuada ejecución del Acuerdo que se llegue a firmar.

Y un cuarto punto, también procedimental, es que el Gobierno no considera necesario, ni pertinente, la existencia de zonas desmilitarizadas para hablar sobre el Acuerdo o ejecutarlo. El Gobierno considera que los mecanismos de encuentro y de ejecución del Acuerdo pueden recurrir a otros procedimientos que no necesariamente reproducen la figura de las zonas desmilitarizadas; que en meses anteriores generaron un alto repudio entre la población.

Estos puntos han sido públicamente fijados por el Gobierno. El Presidente los considera unos puntos razonables; considera que son unos puntos mínimos aceptables. Entendemos por supuesto, que existen otros criterios fijados públicamente por las FARC y que será el asunto en una mesa de negociación: Tratar de buscar caminos para avanzar. Sin embargo, confiamos en la racionabilidad y en la pertinencia de estos puntos y criterios fijados para el Acuerdo Humanitario y creemos que, con ellos, se puede adelantar un Acuerdo beneficioso, no solamente para todos los secuestrados y sus familias, sino también un Acuerdo beneficioso para toda la Nación.

¿Qué esfuerzos ha hecho el Gobierno para sacar adelante el Acuerdo Humanitario?
Una vez fijados estos criterios públicos, el Gobierno ha manejado con tanta responsabilidad este asunto que, incluso desde antes de la posesión, en los días finales del gobierno Pastrana, el Gobierno entrante decidió aceptar una decisión tomada por el gobierno Pastrana; en el sentido de mantener la salvedad a los crímenes de guerra, en lo que tenía que ver con la competencia de la Corte Penal Internacional.

Entre otras cosas, porque en ese preciso momento, a finales de la Administración Pastrana, se debatía ampliamente la posibilidad de un Acuerdo Humanitario inminente y entre otras razones nos parecía inconducente que, simultáneamente con esos esfuerzos, nosotros abriéramos la puerta para que de manera inmediata un Tribunal Internacional viniera precisamente a juzgar a los jefes de grupos guerrilleros de las FARC por el crimen de toma de rehenes. Lo cual seria insostenible ante la opinión pública pues en el mismo momento en que se iniciaba ese proceso, intentábamos nosotros adelantar un diálogo con ellos.

Por eso apoyamos, para dejar abierta una puerta hacia la paz, esa salvedad para que no sea aplicado el artículo octavo la competencia de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de guerra en Colombia y hasta la presente se ha mantenido esa postura. Aunque valga decir, no ha sido ni bien interpretada, ni ha sido bien entendida, ni creemos que este esfuerzo del Gobierno haya sido suficientemente valorado desde el mismo día de la posesión.

Vuelvo e insisto: el Presidente dejó abierta la posibilidad de la negociación; veinticuatro horas mas tarde el señor Secretario General de las Naciones Unidas, el 8 de agosto, se comunicó con el Presidente y dijo que estaba dispuesto para iniciar su labor de buenos oficios. Parecía entonces que era un asunto fácil. Sin embargo, no fue así; pasaron los días, se empantanó esa posibilidad; se dilató ese encuentro y de una vez el Presidente tomó la decisión de adelantar el Acuerdo Humanitario de manera independiente.

Por todos los medios nosotros hicimos conocer a la insurgencia nuestra decisión, aunque la voluntad política era clara y expresa, tampoco tuvimos una respuesta rápida. Era tan clara nuestra decisión de avanzar que, en el mes de noviembre, hicimos una propuesta concreta a las FARC, tal vez como se decía ahora: con lugar, fecha y procedimiento establecido. Propusimos una reunión en la frontera con Venezuela para los primeros días de diciembre y ofrecíamos a los guerrilleros, un mecanismo de seguridad prestado por el Gobierno de Francia para que ellos pudieran trasladarse a esta reunión. Tampoco hubo respuesta positiva.

No quiero entrar a calificar lo que en ese momento dijo la guerrilla sobre nuestra propuesta. Pero me da la impresión, ó que no se entendió; o que se ridiculizó; o que de pronto no hubo la confianza suficiente para avanzar. Como nos dimos cuenta que no avanzábamos por esa vía, entonces se decidió - en diciembre - conformar una Comisión Facilitadora encabezada por Monseñor Luis Augusto Castro, Vicepresidente de la Conferencia Episcopal, quizás la persona con mejores capacidades y posibilidades en Colombia para acercar a las partes. Comisión que ha estado acompañada por el ex ministro Angelino Garzón y el padre Darío Echeverri. Esta Comisión adelantó sus labores inicialmente de manera discreta y confidencial; pero a petición de ellos mismos, a comienzos de este año, se hizo pública con la convicción incluso de ellos, que esto facilitaría los acercamientos.

Lamentablemente tampoco dio el resultado esperado, creemos que no se entendió la propuesta. Es indudable que existe desconfianza entre las partes, pero también es indudable que por la vía de los comunicados públicos no podemos avanzar más. El Gobierno ha fijado sus criterios; la guerrilla tiene también unos criterios públicamente fijados y creemos que lo que se necesita es avanzar hacia un encuentro directo. Nosotros seguimos confiando en que ese encuentro puede darse; seguimos confiando en la labor que adelanta la Comisión Facilitadora; seguimos confiando en la labor que adelanta Naciones Unidas; seguimos confiando en las labores y los esfuerzos que adelanta el mismo Gobierno - que encabezo yo desde mi oficina - para poder lograr ese acercamiento entre las partes.

Si ustedes me preguntaran cuáles son las decisiones que debemos tomar, cuáles son los puntos que debemos resolver para avanzar hacia el Acuerdo Humanitario, yo les diría lo siguiente: El primero de ellos: lograr un encuentro inicial entre las partes. En nuestro concepto ese encuentro difícilmente se logra por comunicados públicos. Definir las condiciones de tiempo, modo, lugar, generar las confianzas; dar las seguridades mutuas para que las partes se puedan sentar, no es asunto que se pueda debatir a partir de comunicados a los medios de comunicación. Por eso confiamos en toda la labor de Facilitación que tanto las instituciones encargadas para tal fin, como personas que se le han encomendado específicamente esa tarea, puedan adelantar para lograr ese encuentro inicial.

Una vez se dé el encuentro tendremos que resolver un segundo asunto: concertar el Acuerdo. Es innegable que existen criterios distintos, por eso se trata de construir un Acuerdo; nosotros creemos que los planteamientos del Gobierno son razonables, que se ajustan perfectamente a las pretensiones de los colombianos. Todos por igual, tanto las personas secuestradas como todo el resto de la opinión que nos acompaña, confiamos que ese acuerdo se logre.
Existe la decisión política del Gobierno para lograrlo.

Tengo instrucciones precisas del Presidente de la República para avanzar en ese sentido. El presidente Uribe es un hombre de palabra, es un hombre de honor y él ha dicho con claridad, ante el país, que está dispuesto a realizar ese Acuerdo y ha fijado los criterios. Creo que aquí no debe haber sospechas de ningún tipo: el presidente Uribe es un gran interlocutor; valga decirlo, pero la guerrilla puede encontrar en el presidente Uribe a un hombre dispuesto con todo su corazón grande en avanzar hacia los caminos de la reconciliación.

Concertado ese Acuerdo tendremos un tercer asunto que resolver: cómo ejecutar, cómo ponerlo en marcha. En las últimas semanas importantes personalidades han emitido conceptos jurídicos en el sentido de que basta firmar un Acuerdo Especial, en términos del articulo 3 común, para que el Presidente inmediatamente tenga facultades para ordenar la excarcelación de guerrilleros.

Para justificar esta argumentación hay veces se hacen apreciaciones que no corresponden exactamente al Derecho Internacional Humanitario; pasando por encima del principio de extinción entre combatientes y no combatientes, se le da a los rehenes el carácter de personas privadas de la libertad con ocasión del conflicto o prisioneros de guerra; es decir, se les da el calificativo de combatientes y se considera que por esa vía podríamos avanzar. Y de pronto haciendo una pirueta con el DIH, tomándolo como una norma "supraconstitucional", firmar un Acuerdo que lo permitiera.

De manera que el asunto no es tan fácil. El DIH es un marco adecuado para firmar el Acuerdo, pero creemos que es necesaria, además, una medida dentro de la legislación interna; la que permita al Presidente, sin prevaricar, sin pasar por encima de la distinción de poderes: ordenar ó sugerir la excarcelación o la libertad condicional de personas que están pagando condenas en las cárceles por delitos que, dentro de nuestra constitución, no son imputables o excarcelables.

Esa es la razón por la cual creemos que, así firmemos el Acuerdo y recurramos a esa figura del artículo 3 común, necesitaríamos, dentro de la legislación interna, algún soporte adicional. Similar a lo que en el derecho anglosajón se conoce como el derecho de gracia. Una cierta facultad que, eventualmente, debería concederle el Congreso al Presidente para poder tomar la decisión sobre excarcelaciones de personas que están pagando condenas por delitos no indultables, en términos de la Constitución.

Vemos entonces positivo que se abra la posibilidad a ese debate. Permítanme decirles, a manera de resumen y de globalización: tal vez como nadie el presidente Uribe ha sentido el dolor de ustedes, los familiares de los secuestrados. Tal vez como nadie, el presidente Uribe está movido por sentimientos humanitarios.

Es tan cierto, que rectificó su posición inicial; que accedió a la posibilidad de explorar ese Acuerdo Humanitario, sin que simultáneamente se diera el cese de hostilidades y el reinicio de negociaciones. Los familiares de los secuestrados tienen en el Gobierno el más incondicional apoyo. Todos queremos que las personas secuestradas vuelvan a casa. Los criterios que hemos planteados no son caprichosos; son sopesados, son cuidadosos son responsables. Cuando hablamos de la liberación de todos los rehenes estamos actuando de manera acorde con las normas del DIH y con los conceptos del Comité Internacional de la Cruz Roja y del sistema de las Naciones Unidas.

Es decir, no es una postura caprichosa, cuando decimos que los guerrilleros que reciban algún tipo de beneficio no pueden volver a delinquir. Estamos expresando de manera plena un sentir del país; sería supremamente grave para el futuro de la paz de Colombia que firmáramos un Acuerdo Humanitario y que al otro día Colombia se sintiera burlada; y que al otro día 20, 30 ó 40, 50, 100 personas que recibieron el derecho de gracia por parte del Presidente, estén nuevamente delinquiendo y ofendiendo.

Creemos que lo más adecuado, incluso, para los mismos guerrilleros, es que no vuelvan a delinquir. Y por supuesto, creemos que eso se complementa de manera perfecta con toda la política de seguridad democrática, que implica hacer los máximos esfuerzos para que los derechos de los colombianos no sean vulnerados.

Y un punto final: cuando hemos insistido en la necesidad de una gestión de buenos oficios por parte de Naciones Unidas y hemos insistido en la necesidad de que la Comisión Facilitadora cumpla su labor es porque estamos pensando en el encuentro. Estamos tan comprometidos con la posibilidad de realizar el Acuerdo Humanitario que no nos desgastamos en un debate público, sino que el Presidente ha dicho con claridad: hay unos mecanismos señalados para que personas o instituciones de la mas alta confiabilidad acerquen a las partes.

Lo que necesitamos ahora es precisamente ganar esa confianza para que las partes puedan acercarse y puedan sentarse, en condiciones pactadas, con la mayor transparencia y con la mayor seguridad; por eso nuestros esfuerzos se dirigen en este momento en ese sentido. Y otro punto: cuando decimos que no tenemos todas las herramientas jurídicas en nuestras manos, para realizar el Acuerdo Humanitario es porque estamos pensando con responsabilidad; es porque queremos realizar un Acuerdo Humanitario que se pueda ejecutar, seria irresponsablemente de nuestra parte; hacer malabarismos jurídicos; hacer interpretaciones de academia y tratar de acomodar el Derecho Internacional Humanitario a nuestra manera, cuando sabemos que este es un estado de derecho, eso no es serio para sustentar la decisión del Presidente.

Entonces invitamos a que se reflexione con toda claridad y con toda seriedad sobre esos mecanismos jurídicos. Y por supuesto será en este recinto, doctor William; será en el Congreso de la República donde deberá decidirse si hay que entregarle al Presidente de la República nuevos instrumentos para la reconciliación. Y si es necesario, el Gobierno apoyará, motivará, presentará las iniciativas correspondientes para que eso pueda salir adelante. El camino que hemos señalado, creemos, es el camino justo para llevarnos a feliz término.

No hay capricho acá. Hay razón y detrás de esa razón, un profundo sentimiento de solidaridad de ustedes; y de todos los colombianos con esta decisión del Presidente Uribe, de sacar adelante un Acuerdo Humanitario que nos permita decir, después de firmarlo y ejecutarlo: ¡tenemos una Colombia mejor!.

Muchas gracias.