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CONFLICTO Y PAZ EN COLOMBIA: CONSECUENCIAS Y PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO
Presentado por LUIS CARLOS RESTREPO RAMÍREZ
Alto Comisionado para la Paz del Gobierno
de Colombia
Washington, septiembre 23 de 2003
Desde el inicio de su administración
el presidente Álvaro Uribe Vélez ha hecho
grandes esfuerzos por dejar abiertas las puertas a una negociación
con los grupos armados ilegales que decidan participar en
la vida democrática. Una salida negociada le permite
al país superar la crisis humanitaria, garantizar
el respeto a los derechos fundamentales de todos los colombianos,
incrementar el pluralismo y fortalecer todos los esfuerzos
que reivindican la vocación democrática y
afirman los valores ciudadanos en lo local y lo regional.
Para lograr que el Estado colombiano recupere
la autoridad, elimine el poder de los violentos, destruya
la corrupción y el clientelismo y sirva a la ciudadanía,
fue diseñada la Política de Seguridad Democrática
que busca reforzar y garantizar el Estado de Derecho en
todo el territorio nacional, mediante el fortalecimiento
de la autoridad democrática, el imperio de la ley
y la participación activa de los ciudadanos. Si el
Estado de Derecho rige plenamente, los derechos y libertades
del ciudadano estarán protegidos, y en la medida
en que el ciudadano se sienta protegido, se fortalecerá
la participación ciudadana y la seguridad.
La propuesta de Seguridad Democrática
que adelanta el Gobierno del Presidente Uribe, es ante todo
una propuesta de paz. El mandato que recibió de la
ciudadanía es un mandato para recuperar la plena
vigencia de los derechos humanos, para fortalecer las instituciones
democráticas y para fortalecer el pluralismo democrático,
que es la esencia misma de la convivencia. Este mandato
pasa por recuperar el uso legal y legítimo de la
fuerza, pero bajo ninguna circunstancia, excluye la posibilidad
de buscar alternativas negociadas a los graves problemas
de violencia que vive el país.
Esta política es integral y va más
allá del concepto de seguridad nacional, pues pretende
construir una democracia más fuerte, más equitativa
y más próspera en Colombia, para todos los
colombianos: campesinos desplazados, periodistas, sindicalistas,
empresarios, sacerdotes, educadores, secuestrados y políticos.
Busca defender al individuo y respetar sus derechos fundamentales,
mediante un modelo participativo que convoca a la ciudadanía
en la tarea de construcción de su seguridad y tranquilidad,
por medio de la cooperación activa y voluntaria con
las autoridades civiles y militares y con sus conciudadanos.
En lo que va de su Gobierno, el Presidente
ha mostrado y seguirá mostrando voluntad de buscar
la paz con todos los actores armados. No hay diferencia
en el tratamiento que se le debe dar a la guerrilla y a
las autodefensas, pero sí hay límites: La
ley, la Constitución Política Nacional y los
Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Colombia.
De esta manera, y con el fin de avanzar
en un proceso de negociación con las FARC, el Presidente
de la República solicitó al Secretario General
de Naciones Unidas, Kofi Annan, sus buenos oficios para
iniciar un proceso de paz serio que se cristalice en un
cese de hostilidades y concluya, en un plazo razonable,
en el desarme, la desmovilización y la reinserción
de los combatientes a la vida democrática. Sobre
este aspecto, el Presidente ha dicho: "urgencia para
el cese de hostilidades, paciencia para la desmovilización
y el desarme".
Sobre el tema del Acuerdo Humanitario, el
Presidente de la República ha sido claro en afirmar
que habrá todas las facilidades humanitarias para
que sean liberadas las personas secuestradas, en las siguientes
condiciones:
Participación de la organización
de Naciones Unidas en un acuerdo humanitario.
Liberación de todos los secuestrados.
Los guerrilleros que salgan de la cárcel no volverán
a delinquir y quedarán bajo la tutela de un país
amigo.
El Gobierno no autorizará ni el despeje ni la desmilitarización
de ninguna zona del país.
Adicionalmente, y teniendo en cuenta que
el Gobierno tiene conocimiento de que hay un alto número
de secuestrados que se encuentran en poder de las FARC en
grave estado de salud, está dispuesto a autorizar
el ingreso de una misión médica a los campamentos
de la guerrilla, para que evalúen y atiendan a estos
secuestrados enfermos. Esta iniciativa permitirá
buscar fórmulas para concretar la posibilidad de
su liberación. Lo que ratifica que el Presidente
está interesado en iniciar cuanto antes un proceso
gradual de acuerdo humanitario que comenzaría con
la liberación de los secuestrados que están
en graves condiciones de salud. De igual manera, con el ELN el Gobierno
ha tenido toda la voluntad para sacar adelante un proceso
de paz. Adelantó conversaciones con este grupo en
Cuba, durante los primeros meses del gobierno, pero dicho
grupo decidió suspenderlas unilateralmente. El Presidente
de la República ha propuesto sacar adelante la Convención
Nacional que durante tantos años ha agitado como
bandera el ELN, si esto se complementa con un cese de hostilidades.
Desafortunadamente, no ha habido hasta el momento contrapropuesta
del grupo guerrillero.
Igualmente, en lo que va corrido del presente
año el Gobierno de Colombia ha invitado al Grupo
de Países Amigos del que hacen parte Francia, España,
Noruega, Cuba y Suiza para que acompañen como facilitadores
los acercamientos con el ELN. Así mismo, se ha conformado
una Comisión Civil con representantes de todos los
partidos políticos para que facilite los contactos
con este grupo armado en el nivel nacional.
También con los grupos de autodefensa
el Gobierno se ha mostrado dispuesto a sacar adelante un
proceso de paz. En el mes de diciembre de 2002, tres grupos
de autodefensas diferentes, hicieron pública su intención
de adelantar conversaciones con el Gobierno, a partir de
la declaración de un cese unilateral de hostilidades.
El 23 de diciembre de 2002, el Presidente de la República
conformó una Comisión Exploratoria encargada
de iniciar contactos y analizar la posibilidad de avanzar
en un proceso formal con estos grupos.
La etapa de exploración culminó
los días 14 y 15 de julio del presente año,
cuando el Alto Comisionado para la Paz, los miembros de
la Comisión Exploratoria, delegados de la Iglesia
Católica y representantes de las Autodefensas Unidas
de Colombia, acordaron el inicio formal de la fase de negociación
y suscribieron el "Acuerdo de Santa Fe de Ralito para
contribuir a la paz de Colombia". Para el cumplimiento
de este objetivo las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC
- se comprometieron a desmovilizar gradualmente la totalidad
de sus miembros, estableciendo el 31 de diciembre de 2005
como fecha límite para cumplir con este propósito.
Por su parte, el Gobierno se comprometió a adelantar
las acciones necesarias para reincorporarlos a la vida civil.
Por otra parte, el Presidente Álvaro
Uribe Vélez ha pedido a las Naciones Unidas un compromiso
integral con todo el proceso de paz en Colombia, un compromiso
que cobije los avances y conversaciones con las FARC, el
ELN y las autodefensas. De manera especial, considera necesario
que la comunidad internacional acompañe al país
en tres tareas fundamentales: 1) Verificación del
cumplimiento de los acuerdos y del desmonte pleno de los
actores armados; 2) Acompañamiento a las comunidades
afectadas por la violencia para asegurar la consolidación
de la política de Seguridad Democrática y
reconstruir los lazos de confianza, solidaridad y coordinación
entre la ciudadanía y sus autoridades civiles y militares
y 3) Apoyo al proceso de integración y reinserción
a la vida civil de los excombatientes, para que de manera
digna participen en la democracia desde la legalidad y contribuyan
con la reconciliación nacional.
Lo anterior hace que el Gobierno Nacional
promueva unas iniciativas jurídicas que faciliten
la consolidación del proceso de paz con todos los
grupos armados al margen de la ley. En esta línea,
el Gobierno Nacional ha diseñado dos instrumentos
jurídicos:
1. La ley 782 de 2002,
que modificó la ley 418 de 1997.
La principal modificación fue la
supresión del requisito de reconocimiento del carácter
político a la organización armada al margen
de la ley con la que se pretendiera adelantar un proceso
de paz.
Para facilitar la reinserción de
miembros de grupos armados - tanto a nivel grupal, como
individual - tema que es prioritario para el Gobierno Nacional,
la ley 782 de 2002, prevé la posibilidad de indultar
y amnistiar a quienes hayan cometido delitos políticos
y conexos con éstos.
2. El proyecto de
ley 85 de 2003
El Gobierno Nacional presentó al
Congreso de la República un proyecto de ley partiendo
del concepto de que la realidad de los conflictos contemporáneos
exige también la búsqueda de soluciones jurídicas
frente a hechos que constituyen graves violaciones a los
derechos humanos y al derecho internacional humanitario,
los que por su naturaleza no pueden someterse a esquemas
de perdón y olvido (indultos y amnistías).
El proyecto favorece, bajo los estándares internacionales
de lucha contra los crímenes atroces, la aplicación
de los principios de verdad, justicia y reparación.
Verdad, porque hay plena investigación
y esclarecimiento de los hechos. Justicia porque hay un
fallo o una absolución y hay condena. Y reparación
porque se modifica la noción de castigo para dar
paso a una sanción social y a una pena alternativa
de prisión. No va a haber impunidad. Las personas
que están procesadas por delitos atroces, deben ser
condenadas y solamente se les va a ofrecer una alternativa
en cuanto a la pena.
En tales circunstancias, el fenómeno
delictivo en el marco del conflicto supone su comprensión
como fenómeno complejo y exige como tal multiplicidad
de respuestas. Se pretende diferenciar las respuestas frente
a quienes persisten en la vía de las armas, y quienes
ofrecen soluciones de reincorporación a la civilidad
y garantías de no repetición.
A través de este proyecto, el Presidente
de la República, como director de la política
de paz, puede solicitar al juez la suspensión de
la pena privativa de la libertad siempre que concurran los
siguientes requisitos: a) que se trate de persona investigada
y condenada; b) que la persona comparezca al proceso; c)
que se comprometa a no cometer en adelante delito doloso;
d.) que se comprometa a ejecutar los actos de reparación
a las víctimas impuestos por el juez; e) que el grupo
al que pertenezca haya declarado un cese de hostilidades,
o si la entrega es individual, que abandone la actividad
armada y f) que se comprometa al cumplimiento de la pena
alternativa a la prisión establecida por el juez.
Como se observa, el sentido del proyecto
es abrir una alternativa para que miembros de grupos armados
que contribuyan eficazmente con la consecución de
la paz nacional, se reintegren de manera plena a la vida
civil y contribuyan con sus acciones, no sólo a la
concesión de esa paz, sino a la reparación
efectiva de las víctimas.
De esta manera se promueve la aplicación
de una justicia restaurativa, dejando atrás el esquema
de justicia retributiva que se limita a imponer una pena
de cárcel al condenado sin que simultáneamente
se estén desarrollando acciones de reparación
individual y social.
Simultáneamente, con las acciones
de reparación hacia las víctimas estas personas
que puedan recibir el beneficio tendrán que cumplir
alguna pena alternativa, que se entenderá no tanto
como un castigo de cárcel, sino como una sanción
social que pesará sobre ellos, de tal manera que
quede muy clara la sanción de la sociedad, la molestia
de la sociedad frente a las conductas en las que ha incurrido,
pero que favorezca su plena reintegración a la vida
colectiva y democrática.
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