PONENCIA SOBRE EL "FUTURO DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON LAS AUTODEFENSAS", PRESENTADA POR EL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, EN FORO CONVOCADO POR LAS COMISIONES DE PAZ DEL SENADO Y LA CÁMARA
Enero 15 de 2004  

Señoras y señores:

Recibe el Gobierno nacional con beneplácito, esta iniciativa tomada por las Comisiones de Paz del Honorable Senado y de la Cámara de Representantes, para iniciar unas audiencias públicas que nos permitan escuchar las voces plurales y diferentes de los sectores del país que tengan algo que decir sobre el proceso de negociación que se adelanta con los grupos de autodefensas.

Esperamos que de este proceso resulten recomendaciones beneficiosas tanto para el Gobierno nacional como para el Congreso de la República.

Quiero por eso, como parte de esta concertación en torno al tema de negociación con las autodefensas, hacer algunas consideraciones generales sobre el problema de violencia del país y las labores que venimos adelantando para sacar adelante un proceso de desmovilización de los grupos de autodefensas.

Colombia ha venido sufriendo desde hace varios años el azote de la violencia. A pesar de contar con un Estado democrático registramos una singular paradoja: una de las condiciones básicas para la existencia de dicho Estado, cual es el monopolio de la fuerza en manos de las autoridades legítimas, no se cumple todavía. Diversas bandas armadas le disputan a las autoridades democráticas el uso de la fuerza, intimidando a los ciudadanos con sus sistemas de terror. No hemos salido todavía del estado de barbarie para ingresar al estado de civilización. Esa es la gran herida de la nación: debemos hacer esfuerzos por aclimatar un pacto de convivencia que permita proscribir el uso de las armas, como mecanismo para acceder al poder o defenderlo desde la ilegalidad.

Cuando comenzó el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, vivíamos en una situación muy semejante a la de México, anterior al PRI. Todo aquel que tenía unas armas en la mano e invocaba un interés libertario, justiciero o de legítima defensa, se consideraba autorizado para organizar su propio ejército irregular y disputarle al estado su autoridad legítima. Hoy la situación es diferente. Gracias a la política de Seguridad Democrática es mayor el control territorial por parte del Estado y se ha incrementado la capacidad de contención de las acciones desestabilizadoras de los grupos armados ilegales. Colombia respira un aire de esperanza.

Si en los meses que precedieron a la elección del presidente Uribe, nueve de cada diez colombianos miraba con pesimismo el futuro, considerando que la situación del país empeoraría. Hoy dos de cada tres colombianos miran con optimismo el futuro de la patria, considerando que podemos labrar el camino hacia una vida mejor. Hemos visto, en los últimos meses, cómo se potencia la confianza ciudadana en la capacidad del Estado de Derecho para enfrentar a quienes amenazan su existencia, sin caer por eso en los excesos del autoritarismo. Las vías legales y los controles propios de una sociedad abierta, se imponen como la vía más expedita y segura para avanzar en el propósito de defender el pluralismo y hacer de la nuestra una Nación con la plena vigencia de los derechos y libertades ciudadanas.

El Estado democrático ha demostrado que sí es posible contener la acción desestabilizadora de los violentos. El horizonte no es, sin embargo, la simple derrota militar de estos grupos. El Gobierno ha dejado abierta la puerta de la salida negociada, poniendo en marcha un ambicioso programa de reincorporación a la civilidad de miembros de grupos armados ilegales que decidan volver al seno de la democracia.

Para adelantar conversaciones el Gobierno ha puesto como condición para un diálogo útil, la declaratoria de un cese de hostilidades por parte de estos grupos, de tal manera que se puedan poner en marcha con ellos prácticas de autocontención de sus miembros, mientras se avanza en las negociaciones. El recuerdo de lo que sucedió en el pasado proceso de paz con las FARC, le dejó una clara enseñanza al país: los ciudadanos esperan que los diálogos con los grupos armados ilegales tengan como consecuencia una mejora significativa en la seguridad y tranquilidad de los Colombianos, conduciendo además a hechos efectivos de paz que permitan a los ciudadanos volver a confiar en la salida negociada.

En las conversaciones que adelantamos, desde hace un año, con los grupos de autodefensas, se ha logrado contener la acción desestabilizadora de estos grupos y ya empezamos a ver los primeros resultados en cuanto a desmovilización de combatientes. 1.029 miembros de las autodefensas dejaron sus armas en el 2003, como producto de las negociaciones colectivas, integrándose a los programas de reincorporación a la civilidad.

Desde el mes de enero del 2003, se dio inicio a una serie de reuniones exploratorias con los grupos de autodefensas, tendientes a allanar el camino hacia la desmovilización y desarme de estos grupos en Colombia.

En cumplimiento de este objetivo se realizaron durante el año pasado cerca de cincuenta reuniones a nivel nacional y local, las cuales condujeron, finalmente, el 25 de noviembre de 2003, a la desmovilización de 864 hombres y diez mujeres, pertenecientes el Bloque Cacique Nutibara que operaba en la ciudad de Medellín y sus alrededores, y a la entrega de armamento de guerra, compuesto por carabinas, escopetas, subametralladoras, pistolas, revólveres, lanzagranadas, cuantificados, según informe del ejército, en un total de 510 armas.

Igualmente, logramos la desmovilización de un grupo autónomo de autodefensas: las autodefensas que operaban en Ortega, departamento del Cauca. 168 campesinos que desde hace veinte años habían tomado las armas, invocando la legítima defensa y transitando por eso el camino de la ilegalidad, entregaron sus armas a las autoridades nacionales y se reincorporaron a la civilidad.

También al finalizar el año 2003, contamos con un Acuerdo suscrito por las Autodefensas Unidas de Colombia, el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, en el cual se establece con claridad el compromiso de este grupo de desmovilizar la totalidad de sus miembros, antes de finalizar el año 2005.

Contamos también con un acta suscrita con el Bloque Central Bolívar, por medio de la cual este grupo se compromete a desmovilizar la totalidad de sus miembros, antes de la finalización de este Gobierno.

E igualmente, con una declaración firmada por los dirigentes de las autodefensas del Magdalena medio y, recibida formalmente por el Gobierno nacional, donde estos grupos hacen un compromiso público orientado hacia la desmovilización de sus miembros, solicitando al Gobierno nacional, en contraprestación, seguridad para las zonas donde se va a producir esta desmovilización.

Es indudable que este proceso ha tenido dificultades. Sin embargo, no se puede opacar el logro más importante. El compromiso de los grupos de autodefensas de avanzar hacia su total desmovilización. Por primera vez en los años recientes, tenemos la posibilidad de desmontar por completo los grupos de autodefensas en Colombia; por primera vez en los años recientes, estos grupos han expresado su decisión de reincorporarse a la civilidad.

Hay que perfeccionar; hay que mejorar aquello que no ha funcionado bien. Es necesario, por ejemplo, perfeccionar el cese de hostilidades. Para eso los grupos de autodefensas han mostrado su disposición a una verificación nacional e internacional. Hasta el presente no ha sido posible avanzar con claridad en un mecanismo nacional e internacional que permita esta verificación. Por eso creemos que este es un tema importante a tratar, ya que si tenemos un mecanismo de verificación de este cese de hostilidades, podríamos entonces presentar, de manera mucho más contundente, hechos de paz al país.

Es necesario, por otro lado, lograr un mayor apoyo de la comunidad internacional. Creemos que la presencia de la comunidad internacional es importante al menos en tres puntos: Uno, ayudarnos en la verificación de la desmovilización; dos, ayudarnos en la reincorporación de los miembros de los grupos armados a la vida civil y en el montaje de proyectos productivos; y tres, acompañar a las comunidades donde han operando estos grupos para que no vuelvan a surgir allí nuevos grupos ilegales y estas comunidades puedan transitar por el sendero de la democracia plena, organizando modelos de seguridad participativa que les permitan responder a sus inquietudes en el campo de la seguridad, sin transitar el camino de la ilegalidad.

Es el deseo del Gobierno nacional, seguir avanzando en este proceso hasta alcanzar la meta de desmovilizar la totalidad de los miembros de los grupos de autodefensas en Colombia. Para consolidar este proceso de desmovilización de las autodefensas necesitamos, fortalecer la política de Seguridad Democrática, de tal manera que podamos brindar seguridad a las zonas donde se producirán estas desmovilizaciones.

Para lograr ese objetivo encontramos las mejores condiciones, pues este Gobierno ha recibido de los colombianos un claro mandato de recuperación de la autoridad, que se ha plasmado en la propuesta de Seguridad Democrática del Presidente Álvaro Uribe Vélez. Sin lugar a dudas los asuntos relacionados con la convivencia y la seguridad ciudadana se ubican en un lugar prioritario dentro de la agenda política de nuestra Nación.

Tenemos que reconocer como una realidad social que, en los últimos años, ciudadanos agobiados por no encontrar alternativas de seguridad básica, se han lanzado a apoyar grupos ilegales de autodefensas, creyendo encontrar por esta vía remedio a sus angustias. La oferta que hacen estos grupos armados en la mayoría de los poblados o barrios donde tienen presencia, es una oferta de recuperar la seguridad recurriendo a métodos ilegales, siendo en ocasiones apoyados por ciudadanos que por temor al desorden o a la acción de los grupos subversivos, terminan colocándose por fuera del Estado legítimo.

De allí que la discusión sobre el asunto de la seguridad es fundamental, para encontrar una alternativa al problema de las autodefensas. Si las autodefensas han nacido alegando la ausencia de seguridad, y si de alguna forma han respondido a angustias de seguridad y a necesidades de seguridad de las comunidades, no podremos superar de manera definitiva en Colombia el problema de las autodefensas, si el Estado y el Gobierno no asumen de manera plena su responsabilidad de brindar plena seguridad a los ciudadanos, para que haya también un pleno respeto de sus derechos y plenas garantías democráticas.

Por eso consideramos que este Gobierno comprometido con la seguridad, puede avanzar, significativamente, en este proceso. Es necesario recuperar para el Estado el monopolio de las armas y la confianza de los ciudadanos, para sacar adelante una política de Seguridad Democrática que es una política de seguridad para todos, para que no secuestren al empresario, para que no maten al sindicalista, para que no desplacen al campesino. Seguridad Democrática que se diferencia del viejo modelo de la seguridad nacional, cuando se perseguía al disidente político, por considerar sus ideas peligrosas para la supervivencia del Estado. La Seguridad Democrática que ofrece el Gobierno está orientada a fomentar el pluralismo político y alentar al disidente, que tiene las posibilidades de expresar sus opiniones, sin que por ello sean menoscabados sus derechos ciudadanos.

Eje central de esta propuesta de Seguridad Democrática que tiene que implementarse como alternativa legal al problema de las autodefensas, tiene que ver con la decisión del Gobierno de estimular la vertiente participativa dentro de un modelo que tiene su más clara expresión en la cooperación ciudadana con la Fuerza Pública, entendida no sólo como un deber, sino como la oportunidad de ejercer el sano derecho de la solidaridad, para acompañar a las autoridades legítimamente constituidas en la defensa de nuestros más preciados valores democráticos.

No es bueno que los ciudadanos dejen sola a su Fuerza Pública ni que ésta se encierre en sus cuarteles. Un ciudadano que acompaña a los funcionarios que han recibido la encomienda de la seguridad pública, no sólo asegura que este propósito social se cumpla a cabalidad, sino que actúa, desde adentro, como un veedor de los comportamientos de estos servidores públicos, que al portar las armas que el Estado les entrega, deben regir su conducta por los más altos valores y exigencias éticas.

Para poder avanzar en la política de desmovilización, es necesario plantearse, además, qué va a suceder con los miembros de grupos armados que contribuyan de manera eficaz a la pacificación del país, pero que a la vez tienen problemas graves con la justicia, producto de su accionar en la ilegalidad. En la actualidad la legislación Colombiana sólo concede indulto y amnistía para los llamados delitos políticos, que hoy podemos entender como aquellos cometidos al conformar grupos armados ilegales que disputan la autoridad del Estado, bien porque pretenden derrocarlo o porque pretenden suplantarlo de manera transitoria.

La misma legislación es, sin embargo, restrictiva frente a otros tipos de conductas criminales, negándose a incluir dentro de esta categoría delitos cometidos con ocasión del conflicto, que puedan calificarse como bárbaros o atroces. Lo complicado, en la actualidad, es que la casi totalidad de jefes guerrilleros y de las autodefensas, hace rato pasaron el umbral del simple delito político, de la simple conformación de grupos armados ilegales, para imponer sus propósitos, y se encuentran incursos en delitos que no son susceptibles de indulto o amnistía. Y es aquí donde nos vemos enfrentados a un gran dilema: o llevamos a todas estas personas a la cárcel, fortaleciendo en consecuencia el aparato militar para derrotarlos y someterlos a la justicia o pactamos con ellos un desarme voluntario. Les ofrecemos, a cambio, alternativas judiciales que les permitan reincorporarse a la civilidad, contribuyendo de manera eficaz a la consolidación de la paz nacional.

Estas alternativas judiciales se justifican en tanto está de por medio la consecución del bien supremo de la paz, que de por sí garantiza la no repetición de los delitos que se tornan consuetudinarios con la existencia del conflicto armado. Por otro lado, aunque se desiste de aplicar de manera estricta la ley penal -lo cual sólo es posible cuando se ha superado el estado de guerra y se ha consolidado la civilidad democrática-, por esta vía logramos acelerar el paso del estado de barbarie al estado de civilización, con lo cual terminamos, en el mediano y largo plazo, fortaleciendo el sistema de justicia. Además, con la consecución de la paz y la integración de miembros de grupos armados ilegales a la civilidad democrática, ganamos en control social pues desmantelamos aparatos que desde la ilegalidad interfieren con ese control, minando nuestra soberanía.

En la ecuación compleja entre justicia y paz, es indudable que la consecución de la paz justifica la puesta en marcha de un modelo de justicia transicional, que hace un mayor énfasis en la reparación de las víctimas y el control social de los victimarios, que en el ejercicio escueto de llevar a las cárceles a miembros de grupos armados, que para resistirse a este procedimiento organizan bandas de miles de hombres dispuestos a matar inocentes e imponer su propia ley del terror.

El proyecto de Alternatividad Penal presentado por el Gobierno al Congreso, actualmente en trámite por la Comisión Primera del Senado, ha sido redactado ateniéndonos a los más exigentes criterios contemporáneos, atinentes a los principios de verdad, justicia y reparación. Se trata de conceder el beneficio de la suspensión condicional de la pena a aquellos miembros de grupos armados que contribuyan de manera eficaz a la consecución de la paz nacional. Este beneficio, concedido por el juez pero solicitado de manera exclusiva por el Presidente de la República, sólo se podrá conceder cuando existe sentencia ejecutoriada, es decir, cuando después de una investigación exhaustiva, el Juez haya establecido con claridad las responsabilidades, dictaminando quién o quiénes son los culpables y profiriendo una condena. Por otro lado, el condenado deberá reparar activamente a las víctimas y comprometerse a cumplir con las penas alternativas impuestas por el Juez. El beneficio se perderá si el beneficiario incumple las condiciones impuestas por el Juez o comete delito doloso.

Consideramos importante alentar el debate sano en torno a la propuesta del Gobierno, debate que debe darse en el seno de una sociedad afligida por los excesos de la guerra, pero necesitada de explorar los caminos de la paz y la reconciliación. Esperamos que de este debate salga un gran consenso, como lo exige el adelantar una política pública para superar el fenómeno de las autodefensas e igualmente como lo exige el trámite mismo de la ley de Alternatividad Penal, pues por tratarse de una ley estatutaria, se necesita para su aprobación del concurso de los tres poderes: del Ejecutivo que la presenta y sanciona, del Congreso que la aprueba y de la Corte Constitucional que declara su exequibilidad. El Gobierno ha estado abierto al debate y lo seguirá estando.

Esperamos que este espacio de reflexión, abierto por las comisiones de paz del Honorable Congreso de la República, brinde los mejores frutos. El Gobierno estará atento a las sugerencias que planteen los ciudadanos, con el fin de encontrar un mejor camino para alcanzar lo que todos deseamos: el fin de la violencia en Colombia y el logro definitivo de un clima de paz y convivencia.

Muchas gracias