ENTREVISTA ALTO COMISIONADO
Proyecto de Alternatividad Penal
El Colombiano
Agosto 25 de 2003

EL COLOMBIANO Paz y D.H.
Desmovilizados de guerrilla y Auc responsables de crímenes atroces podrían beneficiarse con la suspensión de sus condenas. Uno de estos hechos sería la muerte de cerca de 15 indigentes en Bogotá el 7 de agosto de 2002. Archivo

"El Gobierno busca la reconciliación"

El Comisionado de Paz dice que es el fin de suspensión de las penas.
Piensa que el proyecto manda un mensaje a miembros de grupos ilegales.
Negó que se haya hecho pensando en el proceso con las Auc.
Colprensa, Bogotá

Pese a que el proyecto de ley con que el Gobierno busca la creación de penas alternativas para los desmovilizados responsables de delitos de lesa humanidad fue objeto de fuertes críticas, el alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, aseguró que el Gobierno está abierto a esos cuestionamientos y da la bienvenida a la discusión.

Sin embargo, confía en que el espíritu y los principios fundamentales de verdad, justicia y reparación no sean modificados en el Congreso con el afán de endurecer el proyecto pues se perderían las posibilidades de reconciliación en el país.

¿Es viable el proyecto sin un proceso de paz en curso?

"Creo que con esa postura se nos lleva a una especie de círculo vicioso fatal; es decir, sólo el día que usted pueda negociar, creamos el horizonte. Lo que nosotros estamos haciendo es adelantarnos a los hechos abriendo un camino jurídico y mandándole un mensaje a las personas que están con las armas en la mano. Les estamos diciendo que hay una alternativa y una posibilidad de que aquellos delitos por los que son perseguidos no los conduzcan directamente a la cárcel sino que puedan participar de manera activa en la reconstrucción del tejido social".

¿No significa también un ablandamiento de la justicia?

"Yo diría que se humaniza la justicia que es distinto. Hasta ahora el sistema penal se ha centrado en el castigo y éste ha sido entendido única y exclusivamente como pena de prisión, y aunque todos los códigos y todos los sistemas penales dicen que el horizonte es la resocialización, realmente con los métodos actuales es muy poco lo que se logra. Aún más grave, se castiga al victimario pero no se repara a la víctima, y se considera que ésta queda reparada. Es decir, se trata simplemente de un asunto de venganza. (...) Pasamos de la noción de castigo pensada en términos exclusivos de pena de cárcel, a la noción de reparación donde el eje ya no está centrado en el criminal sino en la víctima".

¿Las sanciones son acordes con la ferocidad de los crímenes?

"En el caso de la ley no solo hay reparaciones materiales y simbólicas a las víctimas consideradas tanto individual como colectivamente, sino que además se consideran como acciones efectivas de reparación y contribución a la pacificación del país".

Hay quienes dicen que el proyecto está hecho pensando en las autodefensas...
"En las conversaciones que hemos tenido con las autodefensas hemos sido muy claros en cuanto a que el tema de los beneficios judiciales no se negocia. El Estado puede hacer ofertas para aclimatar la paz nacional, y no sólo con uno sino con todos los grupos armados. (...) Así como nosotros les hemos dejado claro a las autodefensas que el tema de la extradición no es un asunto de la mesa de negociación, y que no vamos a negociar en la mesa si extraditamos o no a una persona, tampoco vamos a negociar en la mesa si se concede o no este beneficio, eso es discrecional del Presidente".

¿Se ha calculado el costo político de estas decisiones?

"Cualquier presidente que tome una decisión en el campo de la paz asume un enorme costo político. El Presidente cuando dice negocio a través de Naciones Unidas asume un costo político y todavía se sigue debatiendo si dio o no el paso correcto. El día que el Presidente dice hago un acuerdo humanitario, ahí está asumiendo un costo político, y si no hace ese acuerdo también.

Siempre creo que el asunto de la negociación y el de la paz implican un riesgo y costo político y los presidentes lo han asumido. Este proyecto como un instrumento para la paz debe ser utilizado discrecionalmente por el Presidente en las mismas condiciones en que toma decisiones en el campo de la paz y de abrir negociaciones con grupos armados".