ENTREVISTA ALTO COMISIONADO
El Espectador
Proyecto de Alternatividad Penal
Agosto 24 en 2003

Beneficios judiciales no son negociables"

María Alejandra Villamizar
Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la Paz, es el encargado de explicarle al país los alcances del proyecto de ley para la reincorporación de miembros de grupo al margen de la ley. Así habló con El Espectador

P. ¿Cuál es el origen del proyecto?

R. Hay una postura filosófica del Presidente y nace de su corazón grande, no de su mano firme. Responde a algo que ha venido pensando desde cuando vio la experiencia en Irlanda del Norte y se dio cuenta que se aplicaba la figura de la suspensión de la pena de prisión para personas que pertenecían a grupos que habían firmado un acuerdo de cese de hostilidades. Entonces empezó a considerar que esto era aplicable a Colombia. Lo considera como una especie de incentivo para que personas que en este momento estén al margen de la ley se integren a la sociedad y ayuden a la reconstrucción de la sociedad con acciones de reparación. Estamos enviándoles el mensaje a las personas armadas de que hay una alternativa de que los delitos por los que son perseguidos no los conduzcan directamente a la cárcel sino que puedan participar en la reconstrucción del tejido social. Lo que hacemos es ablandar la actitud de los guerreros y mostrarles que desde la sociedad democrática hay caminos abiertos.

P. ¿Pero no es ablandar mucho la justicia?

R. No creo que se ablande la justicia. Se humaniza la justicia, que es distinto. Hasta hoy el sistema penal ha estado centrado en el castigo, entendido únicamente como pena de prisión. Y aunque todos los códigos dicen que el horizonte es la resocialización, con los métodos actuales es poco lo que se logra. Se castiga al victimario pero no se repara a la víctima y se considera que la víctima queda reparada por el castigo al victimario. Es decir, que se trata de un asunto de venganza. Pero la venganza del Estado no ayuda a reconstruir el tejido social. Entonces estamos pasando de la noción de castigo con cárcel a la noción de reparación, donde se abre un espacio de encuentro entre el victimario y la víctima. Pero no sólo hay reparaciones materiales y simbólicas a las víctimas sino también acciones de reparación, la contribución a la pacificación del país. Porque aquel que contribuya a desarmar, que ayude a esclarecer hechos sucedidos en el conflicto, o contribuya a desarmar organizaciones criminales, también está desarrollando acciones de paz.

P. ¿Pero los delincuentes que han cometido delitos mayores? Es atractivo pero no necesariamente efectivo.

R. Creo que las personas que en Colombia conforman grupos armados ilegales tienen confusión sobre la dinámica de la democracia. Hace rato le declararon la guerra a la legalidad y no tienen otra alternativa que derrotar a la democracia para imponer su sistema. Y la democracia no tiene otra alternativa que derrotarlos. Esa es la vida de la guerra. Pero como estamos pensando en una salida negociada, hay que pensar en una transacción donde se fortalezcan los intereses de la justicia, pero también logremos los intereses de la paz. Es decir, que estas personas depongan las armas. Ahora no las van a deponer si no existe ningún atractivo para traerlos hacia la vida civil. Los cánones de la justicia moderna no dicen verdad, justicia y castigo, lo que dicen es verdad, justicia y reparación. Cumplimos con la justicia porque hay un fallo y enfocamos todo hacia la reparación de las víctimas, superando esa noción estrecha de castigo. A mí me han dicho a veces es que a los jefes guerrilleros no les interesan los beneficios judiciales, y creo que eso es falso. El interés del presidente es fortalecer la seguridad democrática para defender los derechos de los ciudadanos, y dejamos un camino abierto para aquellos que quieran reincorporarse.

P. ¿Y dónde se establece que la persona va a cumplir las condiciones que el juez dictamine?

R. El Presidente es quien decide si dialoga con un grupo. Si opta por una opción militar o una opción de paz. Si permite una zona de concentración de grupos armados. Este proyecto es un instrumento para sacar adelante esta política de paz que tiene una incidencia en la política criminal a cuya cabeza también esta el Presidente. Por supuesto que se juega políticamente el Presidente.

P. ¿Esto está acordado con los grupos armados?

R. Son decisiones discrecionales del Presidente. El asunto de los beneficios judiciales no se negocia. El Estado podrá hacer ofertas para aclimatar la concertación nacional. Y no sólo con un grupo, sino con varios grupos armados. Lo que hay es modificaciones para abrir espacio para la reconciliación de los grupos. Pero no nos imaginamos una mesa de negociación donde nosotros estemos transando los beneficios.

P. ¿El Presidente sabe el costo político de solicitar beneficios para Carlos Castaño?

R. Cualquier mandatario que tome una decisión en el campo de la paz asume un costo político. El asunto de la negociación y de la paz implica un costo político. Entonces este instrumento para la paz debe ser utilizado discrecionalmente por el Presidente en las mismas condiciones en que toma decisiones para la paz y para abrir un acuerdo negociado. Y eso es indelegable. No le pongamos nombres a la aplicación de esta ley, porque en su origen no los ha tenido. Es decir, en su origen parte de una convicción del Presidente y la ley es igualmente aplicable a todos los miembros de grupos armados al margen de la ley. Si en este momento Manuel Marulanda dice paro la máquina de guerra y ayudo a construir la democracia, yo creo que habría una sensación de júbilo nacional. Hay que valorar las acciones que determinadas personas que participan en el conflicto armado interno pueden desarrollar para aclimatar el conflicto interno.

P. ¿Cómo se entiende que un gobierno de mano dura presente un proyecto de tal naturaleza?

R. Yo tengo mi propia lectura sobre el fenómeno Uribe. Creo que el anhelo colectivo de Colombia es la paz. Yo tuve la experiencia de convocar y ser coordinador del Mandato nacional por la paz, donde 10 millones de colombianos votaron por la paz. Pero también votaron por un no tajante a la violencia. Creo que la gran equivocación del gobierno Pastrana, y la gran equivocación de quienes abrieron el proceso de paz anterior, fue que no entendieron el no tajante a la violencia. Creyeron que era simplemente buscar la paz a cualquier precio. Es importante para irle enseñando a Colombia cómo la fuerza puede combinarse con la delicadeza. Cómo la fuerza hay que combinarla con la prudencia. Esta es una excelente oportunidad para mostrar esa combinación de fuerza y delicadeza, de fuerza y prudencia, de fuerza y magnanimidad que hay en este gobierno.