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NACIONES UNIDAS
ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS
OFICINA EN COLOMBIA
INFORME DE PRENSA
Misión de observación al departamento de Arauca
Febrero 2 de 2003
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha realizado
varias misiones de observación al departamento de Arauca,
la última de ellas del 22 al 24 de enero de este año.
En las misiones, la Oficina se ha entrevistado con autoridades
civiles y militares de la región, con representantes
de la Iglesia, con representantes de organizaciones sociales
y con varios sectores de la población civil.
Durante estas misiones, la Oficina ha podido observar la disputa
territorial existente entre los paramilitares de las AUC -Bloque
Vencedores de Arauca y las FARC-EP -frentes 10 y 45- y el
ELN -Frente Domingo Laín-El ELN y las FARC-EP han tenido
presencia en Arauca desde hace varios años. La presencia
de las AUC comenzó en el sur del departamento aproximadamente
en agosto del año 2001. Ha llamado la atención
que a pesar del despliegue de la Fuerza Pública no
se haya podido contrarrestar la expansión de las AUC,
con lo cual se ha complicado la situación de Arauca.
Es de notar también que durante los últimos
años han crecido los cultivos ilícitos de coca
en el departamento, llegando a tener una extensión
de por los menos 8000 hectáreas.
Por la intensidad de la violencia en los últimos dos
años (2001-2002) se ha registrado un deterioro dramático
de la vida de los pobladores de Arauca, que se refleja en
el aumento de desapariciones forzadas y de homicidios selectivos,
especialmente en los municipios de Arauca y Tame.
En el municipio de Arauca durante el año 2001 hubo
101 homicidios y en el año 2002 alrededor de 146. En
Tame en el año 2001 murieron por arma de fuego 86 personas
y en el 2002 aproximadamente 144 personas. Los responsables
de estos crímenes han sido en su mayoría las
AUC, las FARC-EP y el ELN.
La Oficina también ha recibido denuncias que señalan
responsabilidad de la Fuerza Pública en desapariciones
forzadas y homicidios. Estos casos están siendo investigados
por la Fiscalía y la Procuraduría.
La preocupante situación en el departamento de Arauca
se ha visto agravada durante el mes de enero de este año.
En el municipio de Tame en los primeros 23 días se
presentaron 23 homicidios selectivos, en promedio uno por
día.
De continuar esta tendencia en el año 2003, las personas
muertas por causa de la violencia podrían duplicarse
con relación al año anterior, únicamente
en Tame.
Entre octubre del año 2002 y enero de 2003, las poblaciones
de Arauca, Arauquita, Fortul y Tame sufrieron cinco atentados
con carros bombas que cobraron la vida de 14 personas y dejaron
heridas a 18 más. Estos crímenes han sido atribuidos
a las FARC-EP.
Los homicidios selectivos, los atentados, los secuestros y
las múltiples amenazas por parte de las AUC, las FARC-EP
y el ELN contra alcaldes, diputados, concejales y personeros
han limitado significativamente la posibilidad de que cumplan
con su respectiva labor. Al mismo tiempo, el uso de esos métodos
contra defensores de derechos humanos y contra
periodistas ha restringido la libertad de expresión
y opinión, provocando autocensura, silenciamiento y
desplazamiento forzado de muchas de estas personas.
También hay informaciones creíbles que dan cuenta
de una presión indebida sobre los periodistas, y de
medidas de control sobre la información, que ha estado
ejerciendo la Fuerza Pública en Arauca.
El establecimiento de la Zona de Consolidación y Rehabilitación
en el mes de septiembre de 2002 ha llevado a que se dé una mayor presencia militar en los municipios de Arauca, Arauquita
y Saravena, hasta el momento con efectos variados.
En sus misiones al departamento de Arauca la Oficina ha observado
el importante trabajo que, bajo condiciones difíciles
y con recursos limitados, desempeñan los personeros
y la Defensoría del Pueblo.
Varias de las fuentes consultadas por la Oficina subrayaron
que la falta de un liderazgo estable en la Gobernación
del departamento, que cuente con la cooperación y apoyo
del Gobierno central, ha dificultado la adopción de
políticas, a mediano y largo plazo, para lograr que
los ciudadanos tengan más seguridad, y acceso a empleo,
educación, vivienda y otras exigencias sociales.
En sus entrevistas en el departamento, la Oficina ha escuchado
opiniones favorables para que el Gobierno explore caminos
que permitan un acercamiento y el diálogo entre el
Estado, la Iglesia, la sociedad civil y los grupos armados
ilegales, con el fin de lograr compromisos para disminuir
los niveles de la violencia.
Ante la grave situación
de Arauca, la Oficina:
Insta a las AUC, a las FARC-EP y el ELN a que cumplan las
normas del derecho internacional humanitario, y en particular
a que se abstengan de cometer homicidios y masacres contra
personas civiles, ataques contra la población civil,
secuestros, ataques indiscriminados, y actos de terrorismo.
Insta a los grupos armados ilegales a terminar con cualquier
acción que amenace la libertad de expresión
y opinión en Arauca.
Recuerda a los servidores públicos, tanto civiles
como militares, su obligación de abstenerse de cualquier
conducta violatoria de los derechos humanos, lo mismo que
de cualquier vínculo o connivencia con las AUC, las
FARC-EP y el ELN.
Recuerda al Estado su obligación de respetar y velar
por el cumplimiento de la libertad de expresión y
opinión en Arauca.
Alienta a las autoridades nacionales y locales a reforzar
con más recursos, cooperación y apoyo las
funciones de los personeros y de la Defensoría del
Pueblo en todo el departamento.
Por último,
la Oficina cree conveniente que se considere la posibilidad
de adoptar un plan integral para Arauca, entre el Gobierno
central y regional, junto con las autoridades civiles y
militares, del orden local y nacional, y en concertación
con la Iglesia y las organizaciones de la sociedad civil,
con el fin de que los derechos y libertades de los pobladores
puedan ser ejercidos sin amenazas o perturbaciones provenientes
de cualquier tipo de violencia.
Para disminuir los niveles de violencia en el departamento,
la Oficina también cree conveniente que se considere
la posibilidad de explorar caminos que permitan un acercamiento
y diálogo regional, entre el Gobierno, la Iglesia,
la sociedad civil y grupos armados ilegales en Arauca.
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