La
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos hace público su
rechazo a la situación de amenaza que hoy afrontan
los periodistas y otros formadores de opinión en
el departamento de Arauca, incluyendo en la zona de rehabilitación
y consolidación.
En los últimos meses estos profesionales
han sido víctimas de homicidios, amenazas de muerte,
acciones intimidatorias y otros graves hechos de violencia
que constituyen atentados contra su vida y contra la libertad
de expresión. La autoría de estas graves conductas
se atribuye, en su mayor parte, a integrantes de grupos
armados ilegales como las AUC, las FARC-EP y el ELN.
Esta situación fue puesta en conocimiento
público por esta Oficina mediante un Informe de Prensa,
presentado el 2 de febrero de 2003, en el que se dio cuenta
de la misión de observación a Arauca. En esa
oportunidad, la Oficina subrayó la difícil
situación del departamento, en particular hizo énfasis
en la problemática de los periodistas y los formadores
de opinión.
La Oficina insta a los miembros de los grupos
armados ilegales y a sus comandantes a cumplir, con respecto
a periodistas y comunicadores, los principios de distinción
y de inmunidad de la población civil, cuya observancia
les impone el derecho internacional humanitario. La comandancia
de estos grupos armados ilegales debe públicamente
rechazar estas acciones inaceptables y asegurar que ningún
miembro de estas organizaciones cometa en el futuro atropellos
contra estas personas ni contra el derecho a la información
que tiene la población.
La Oficina pone también de presente
que el Estado colombiano se ha comprometido internacionalmente
a respetar y garantizar el derecho de toda persona a dar
y recibir información veraz e imparcial. Este compromiso
implica la obligación de adoptar las medidas necesarias
para garantizar la libertad e independencia de las personas
que desarrollan actividades relacionadas con el periodismo
y la comunicación social.
Por último, la Oficina se
solidariza con los periodistas y formadores de opinión
víctimas de estos repudiables actos, así
como con sus familiares.