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BOGOTÁ, 29 DE MARZO, 2016
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​Urge aprobación de la JEP a propósito de la participación política de las Farc

Bogotá, noviembre 1 de 2017.

El inicio de las actividades de las FARC como movimiento político reitera la urgencia de la aprobación de la Jurisdicción Especial de Paz en el Congreso, considerando que a este estamento le corresponde establecer las sanciones para los excombatientes que quieran aspirar a cargos públicos.
 
Sobre este tema, Rodrigo Rivera, Alto Comisionado para la Paz, explicó que quienes se postulen como candidatos al Congreso o a la Presidencia, tienen que acogerse a todos los mecanismos que implica la aceptación de la JEP, conforme a lo establecido en los acuerdos. 
 
Rivera dijo que para desempeñar cargos públicos los candidatos de las FARC  deberán someterse al proceso de la justicia transicional. “Los acuerdos de paz establecen que no puede haber inhabilidad política pero sí puede haber incompatibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si la JEP establece unas sanciones restrictivas de la libertad, unas sanciones que los comprometa con obligaciones concretas en los espacios de capacitación y reincorporación, eso hará incompatible el cumplimiento de esas obligaciones frente a la JEP con el ejercicio de la política”, señaló.
 
El funcionario enfatizó que espera mayor compromiso de los congresistas para la aprobación de la JEP por considerar urgente que los integrantes de las FARC entren rápidamente en este proceso. “Reitero, sí hay participación política. Está garantizada en los acuerdos en el acto legislativo pero no es incondicional. Está condicionada al cumplimiento de las obligaciones frente a la JEP que van a ser verificadas por la magistratura de la Jurisdicción Especial para la Paz”, manifestó Rivera. 
 
“Lo dijimos ante la Corte Constitucional cuando defendimos la constitucionalidad de todo este marco jurídico: si la JEP impone unas sanciones que hagan que su cumplimiento sea incompatible, por ejemplo con el ejercicio de funciones políticas en el Congreso, priman las obligaciones con la JEP y eso hará incompatible el ejercicio de la política con el cumplimiento de obligaciones prioritarias en el sistema de verdad justicia, reparación y no repetición”, concluyó Rodrigo Rivera.

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